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La erosión de la palabra, por Rafael Uzcátegui



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TalCual | marzo 25, 2018

Autor: Rafael Uzcátegui | @fanzinero 


Durante un reciente viaje a Ginebra para participar en un evento sobre derechos humanos, tuvimos la oportunidad de seguir, a través de la televisión española, el caso de la desaparición del niño de 8 años Gabriel Cruz. Tras doce días de búsqueda, que generaron todo un movimiento ciudadano en su Almería natal, finalmente se descubrió que la pareja del padre, Ana Julia Quezada, había sido la responsable del asesinato del menor.

Lo llamativo es que la mujer, de origen dominicano, había participado como una más en las labores de búsqueda, exigiendo la aparición del chico y declarando ante las cámaras su consternación ante el hecho, dando ánimos al desconsolado padre. No deja de sorprender la cabeza fría que hay que tener para tal tipo de actuación, para mentirle a todos sobre una acción de la que eres precisamente responsable. Posiblemente Agata Christie comprenda estos vericuetos de la mente humana acerca de la conducta antisocial, pero al resto de los mortales este tipo de escenas nos ponen a dudar sobre lo que hace humano a la humanidad.

Venezuela no es ajena a este tipo de comportamientos. En un episodio ligeramente similar, recordamos el caso del asesinato de Juan Montoya, el 12 de febrero de 2014, durante las manifestaciones en Caracas por el día de la Juventud, que iniciaron el ciclo de protestas de ese año. Montoya era dirigente del llamado “Secretariado Revolucionario de Venezuela”, que agrupaba a más de 160 “colectivos” de todo el país. La tesis oficial era que había sido asesinado por una conspiración opositora para generar desestabilización en el país.

El segundo al mando de su organización era Hermeregildo Barrera, a quien se le vio desde el primer momento liderizando las protestas frente al Ministerio Público para exigir “castigo a la extrema derecha”, declarando a los medios de comunicación pidiendo cárcel para los culpables y finalmente en el sepelio, no separándose ningún momento de los restos de Montoya.

Durante el mes de abril la ciudad fue llenada de pintas que repetían la versión oficial, que además fue generosamente repetida por medios internacionales de izquierda. Finalmente en agosto de 2014 el Ministerio Público –en tiempos en que no se dudaba ni un ápice de las afinidades de la Fiscal General- acusó al propio Barrera de ser el autor material del crimen. Silencio en los medios oficialistas, salvo los artículos que sugerían que quien heredaba el máximo cargo del sindicato de colectivos, era parte de la propia conspiración intergaláctica contra el gobierno.

El señalado como responsable tuvo sin embargo un trato diferencial y nunca fue trasladado a un centro penitenciario.

Y desde el 2015 vive en el limbo que le permite el que nadie haya hablado más sobre el asunto, pues el proceso judicial hasta el día de hoy no se ha realizado. Incluso, en el país de la impunidad, es una buena pregunta si continúa privado de libertad o dentro de Venezuela.

El caso de Juan Montoya no es el único donde la palabra termina significando todo lo contrario. La crisis de representación actual tiene como una de sus dimensiones la erosión de la credibilidad de los discursos políticos. Nadie es responsable de nada, todos acusan a sus contrarios de lo que ellos mismos han cometido. La aparición de Hugo Chávez en la palestra pública tuvo como una de sus catapultas el haberse hecho cargo del fallido golpe de Estado, en un país donde se acostumbra a escurrir el bulto. Y esto ha continuado siendo así, y no exclusivamente del lado gubernamental.

Una de las tácticas eficaces del autoritarismo ha sido socializar la sospecha de que nadie es como dice ser, que lo que abunda son las llamadas “agendas ocultas”. Tocará al movimiento ciudadano generar un nuevo tipo de liderazgo que paulatinamente recupere la confianza en las palabras, mediante acciones que de manera transparente reflejen que se hace lo que se dice. La clase política tendrá que reconocer, algún día, los errores propios antes de señalar los ajenos, como primer paso del proceso de recomposición y reinstitucionalización democrática.

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