La impunidad se consolida a 31 años de la Masacre de El Amparo
La impunidad se consolida en las zonas populares donde el Faes y el Cicpc realizan masacres sin que se produzca el castigo a los responsables
A 31 años de la Masacre del Amparo en Venezuela la impunidad se consolida, advierten desde el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
A través de su cuenta Twitter añaden que pasadas tres décadas del asesinato de 14 humildes pescadores en el estado Apure por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap), en Venezuela la violencia institucional sigue provocando masacres.
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“El Faes y el Cicpc siembran terror en las zonas populares de Venezuela perpetrando con frecuencia masacres sin que sus responsables sean castigados. Al contrario Maduro y su cúpula alientan esas violaciones”, denuncia Provea.
31 años después la violencia institucional sigue produciendo masacres. El FAES y el CICPC siembran terror en las zonas populares de Venezuela perpetrado con frecuencia masacres sin que sus responsables sean castigados. Al contrario Maduro y su cúpula alientan esas violaciones pic.twitter.com/getS9Ukq9X
— PROVEA (@_Provea) October 29, 2019
Añaden que los policías y militares responsables del asesinato de 14 pescadores el 29 de octubre de 1988 siguen sin recibir castigo. «Algunos presuntos responsables intelectuales como Ramón Rodríguez Chacín han ocupado altos cargos públicos».
La impunidad se consolida
Un trabajo especial elaborado por Provea recuerda que el 29 de octubre de 1988 14 pescadores fueron masacrados por efectivos del Cejap en el sector conocido como Caño La Colorada en el estado Apure. Las investigaciones de los hechos fueron dirigidas arbitrariamente por tribunales militares.
Aquella mañana fueron asesinados José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado. Todos ellos humildes venezolanos residentes casi en su totalidad en la población de El Amparo.
Luego de 31 años la Masacre de El Amparo continúa impune. Este hecho constituyó uno de los casos de violación a los derechos humanos más emblemáticos de la historia contemporánea venezolana. Los dos sobrevivientes del hecho y los familiares de las víctimas han sido actores clave en la lucha por la verdad y contra la impunidad. Tres décadas después continúan luchando para que los responsables sean castigados.
En el caso la actuación de los Tribunales Militares, Consejos de Guerra y Cortes Marciales estuvo orientada al claro propósito de generar impunidad.
Así, el 29 de abril de 1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal, estado Táchira, dictó una sentencia declarando que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano; que se produjo un enfrentamiento y que los militares y policías actuaron defendiendo la soberanía del país.
Dicha sentencia fue confirmada el 12 de junio de 1994 por una Corte Marcial integrada por el coronel Marcos Porras Andrade, el Coronel Ramón Francisco Guzmán Díaz y el abogado Servio Tulio Bastidas Balza. Contra dicha sentencia los abogados de las víctimas interpusieron un recurso de casación y en 1998 una nueva Corte Marcial dictó la sentencia definitiva de impunidad.
Ante la evidente actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar, el caso fue presentado en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. El 10 de agosto de 1990, la Comisión Interamericana abrió el caso asignándole el número 10.602.
Durante tres años y dos meses el caso fue procesado en esta instancia, destacándose en todo ese lapso una conducta por parte del Estado venezolano orientada a obstaculizar la posibilidad de obtener justicia. El 12 de octubre de 1993, es decir, casi al cumplirse cinco años de la masacre, la CIDH de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos, publicó un Informe en el cual recomendaba al gobierno de Venezuela -presidido por Ramón J. Velásquez- que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores, y a su vez que se indemnizara a las víctimas.
Ante la negativa del gobierno de Ramón J. Velásquez, la Comisión, a solicitud de los representantes de las víctimas, presentó el caso el 14 de enero de 1994 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). El 1° de agosto de 1994, el Estado de Venezuela procedió a contestar la demanda. Sin embargo, el 11 de enero de 1995, un mes antes de que el gobierno de Caldera cumpliera un año de gestión y a través del para entonces agente del Estado ante la Corte Interamericana, Asdrúbal Aguiar, el gobierno venezolano reconoció la responsabilidad internacional por los hechos y asumió el compromiso de indemnizar a las víctimas. Es decir, admitió que había ocurrido una masacre, que dicha masacre fue cometida por funcionarios del Estado venezolano y que como consecuencia se había causado un daño a los familiares y sobrevivientes, que debía reparar.
Con fundamento en dicho reconocimiento, la Corte Interamericana dictó sentencia el 18 de enero de 1995, la primera dictada por esta instancia contra Venezuela. Una nueva sentencia sobre el mismo caso fue dictada por la Corte el 19 de septiembre de 1996, pero esta vez sobre las reparaciones que debería cumplir el Estado venezolano.
Del contenido de las dos sentencias, este quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables de la masacre e indemnizar a las víctimas. Durante la gestión del gobierno del Presidente Caldera se pagó la casi totalidad de la indemnización, pero el Estado, por un mal cálculo de los pagos, quedó debiendo aproximadamente el 5% de esa indemnización, que fue finalmente cancelada en diciembre de 2005 bajo la gestión del Presidente Hugo Chávez.
Durante la gestión del Presidente Caldera se consumó la impunidad al declarar no culpables a los autores materiales en la jurisdicción militar y nunca investigar a los autores intelectuales. En la gestión del gobierno del presidente Chávez nada se realizó para lograr justicia. En reiteradas oportunidades la Corte Interamericana ha exigido castigar a los culpables, pero la impunidad continúa a pesar de las reiteradas declaraciones de diversos voceros del gobierno repudiando la masacre.
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