La Malaseña, por Teodoro Petkoff
Ayer Chávez, desde las inmediaciones de La Marqueseña, blandiendo el librito azul, pedía a los terratenientes que se ajustaran a la ley y a la Constitución, pero hay que decirle al Presidente que es a él y a su gobierno a quienes toca, antes que a nadie, respetar escrupulosamente los textos legales, la Constitución y las decisiones judiciales. Es cierto que todos estamos obligados a atenernos a las reglas de juego establecidas en la República pero si el gobierno las violenta cuando pretende aplicarlas no sólo genera confusión sino que pierde toda autoridad moral y política para exigir su cumplimiento al resto de los ciudadanos.
Tanto la Constitución como la Ley de Tierras y la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, a pesar de algunas imprecisiones y ambigüedades, establecen los procedimientos para erradicar el latifundio —el cual, por cierto, no de ahora sino desde la Constitución de 1961 ha sido declarado como contrario al interés social.
Sin embargo, en ninguna parte se dice que el primer paso de esos procedimientos es el de enviar a la Fuerza Armada a ocupar los predios en cuestión. La presencia de los militares, amenazante de suyo, configura una arbitrariedad y una intolerable situación de atropello pero, lo que es peor, genera zozobra e incertidumbre en sectores que nada tienen que ver con el latifundio pero que sienten en peligro su propiedad, por pequeña que sea. Más gravísimo aún es el hecho de que decisiones judiciales que restituyen la titularidad a los propietarios de 6 de las 18 fincas intervenidas por el INTI, han sido desconocidas por la Fuerza Armada, que se niega a acatarlas. ¿Está la FAN por encima de la Constitución? Una actuación de esta naturaleza coloca sobre el gobierno la carga de la ilegalidad y transforma en un atropello lo que debería ser un procedimiento que tiene canales jurídicos para ser adelantado. Cuando Chávez llama telefónicamente al señor Azpúrua para una suerte de negociación, pasa por alto el pequeño detalle de que su interlocutor tiene una pistola en la cabeza y que su posibilidad de hacer valer en los tribunales los que considera sus derechos se realiza en condiciones en que la finca está ya ocupada militarmente e incluso repartida. Si los tribunales le dieran la razón a Azpúrua, ¿cómo queda el acto de ayer? No se puede disparar primero y averiguar después.
Cuando Chávez pide a los terratenientes que no se dejen arrastrar a actitudes de violencia y desconocimiento de las leyes, no percibe que el primer acto de violencia es meter los soldados en las fincas. Es el gobierno el que no debe deslizarse por la pendiente de la violencia y del tono amenazante. ¿Estamos acaso en una situación de guerra? ¿Está alzado en armas el señor Azpúrua? ¿Tiene o no tiene derecho a recurrir a los tribunales y a esperar una sentencia de estos? ¿Está o no obligado el gobierno a actuar en los tribunales y a esperar su sentencia?
De lo contrario, bien habrían podido hacer una Ley de Tierras con un solo artículo: “El gobierno, sin aviso ni protesto, ocupará militarmente las tierras que califique como latifundios, hará con ellas lo que le parezca e indemnizará a sus supuestos propietarios cuando pueda y como pueda”.
