La segunda muerte de Saez Mérida, por Teodoro Petkoff
Ayer, al caer la tarde, se presentó una comisión de la policía judicial para llevarse, de la funeraria donde se le velaba, el cadáver de Simón Sáez Mérida. Argumentaron que existía un hecho punible y que no se había realizado la experticia forense para determinar las causas del fallecimiento. Sólo la enérgica actitud de familiares y amigos impidió el insólito abuso, aunque no es descartable que hoy en la mañana, pasen de nuevo, antes de la inhumación, para “arrestar” a Simón Sáez. Al menos con eso amenazaron.
Todo esto tiene un origen que echa luz sobre el modo como se administra la justicia y la investigación policial en este país. Hace, TREINTA Y SIETE DÍAS, cuando Sáez Mérida fue golpeado por un pesado objeto contundente lanzado desde uno de los puentes de la autopista Valle-Coche -un modus operandi ya conocido por las policías, destinado a lograr que el auto golpeado se detenga para luego asaltar a sus pasajeros-, sus familiares fueron a la Fiscalía para hacer la denuncia. Supuestamente el ministerio público designó a uno de sus funcionarios para que adelantara las averiguaciones.
Durante TREINTA Y SIETE DÍAS ni la fiscalía ni la policía judicial dieron la más mínima señal de vida. Ni fueron a la clínica donde estaba internado Sáez Mérida ni citaron a su esposa; Inés Castillo, quien manejaba el auto en el momento de la brutal agresión y es un testigo fundamental. Nueve días antes del fallecimiento, la familia se hizo presente en la Fiscalía para nuevamente pedir atención; llevaron el objeto de hierro que mató a Simón. Nadie los atendió. Pero ayer, súbitamente, la “autoridad” salió de su letargo; descubrió, después de TREINTA Y SIETE DÍAS, que se había cometido un hecho punible y que era necesario un examen forense.
La comisión policial, desbordante de pasión por el servicio público, fue a cumplir con la heroica misión de “detener” el cadáver de Simón Sáez Mérida. Sin embargo, nos negamos a pensar que esto sea algo más que pura negligencia e insensibilidad.
No obstante, el episodio es emblemático de un cierto modo de administrar justicia. Simón fue una personalidad pública, un político muy conocido; la agresión que sufrió fue monstruosa y ocurrió en un sitio donde, al parecer, se han producido hechos semejantes en ocasiones anteriores. Interesaba, pues, una investigación no sólo para detener a los asesinos de Sáez Mérida sino para acabar con la banda que impunemente opera en ese lugar de la autopista. Sin embargo, nada se hizo. Ahora, quieren fingir diligencia, “deteniendo” a un muerto, en su velorio, en un acto de incalificable inhumanidad. Y todo para nada, puro burocratismo insensible, porque aun en el supuesto de que pudieran practicar el examen forense a Simón, tampoco van a averiguar nada.
Imaginemos ahora la situación de las familias humildes. ¡Cuántos de esos casos de homicidios en las barriadas populares no son cerrados sin la más mínima averiguación! ¡Cuántos casos no quedan impunes porque ni la Fiscalía ni la policía judicial se ocupan de ellos, sencillamente porque forman parte de la anónima masa de pobres sin dolientes! Si esto hicieron con Simón Sáez Mérida, ¿qué justicia pueden esperar las madres dolorosas de los barrios humildes?
