La sentencia a muerte del país y la condena contra Maduro, por Marta de la Vega

@martadelavegav

Pareciera improcedente en medio de la crisis atroz que sufre Venezuela ocuparse de la condena por corrupción contra Maduro que tuvo lugar el 15 de agosto de 2018 en el Salón Constitución del Congreso de la República en Bogotá.

Tampoco parece haber tenido relevancia en los medios de comunicación informativos, ni en los portales electrónicos en Venezuela, tal vez por el bloqueo comunicacional y la hegemonía que ejerce el oficialismo en cuanto a circulación de noticias.

Ni les conviene ni les interesa a los funcionarios del Estado ni a los políticos que dominan el desgobierno actual abrir espacio a este hecho, sin duda muy importante a largo plazo en la historia contemporánea venezolana. A escala internacional el juicio contra Nicolás parece haber sido periférico.

Al preguntar en Caracas a distintas personas de ocupación y estrato social diferentes acerca de la repercusión de este asunto, para ninguno es significativo. La preocupación principal en ellos es cómo sobrevivir en medio de las calamidades diarias sin demasiado daño emocional.

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Las restricciones materiales y la escasez se han acrecentado de manera inversamente proporcional al dinero disponible para satisfacer las necesidades básicas de ellos y de sus familias. Peor aún: el desastroso o inexistente servicio público, aunque siguen llegando las facturas y se pagan mensualmente los bienes básicos que el Estado tiene obligación de proveer a la ciudadanía como agua, energía, telefonía, infraestructura vial, parece irreversible.

Se vuelven normales los racionamientos severos cotidianos o persisten las averías masivas que dejan incomunicados sectores residenciales o de oficinas de la capital como ocurre con las líneas telefónicas fijas de Cantv desde principios de julio de 2018 en Santa Eduvigis, Santa María o Sebucán, pese a los múltiples reclamos. A la vez, hay que luchar contra los conatos de extorsión o chantaje para resolver el problema, supuestamente irresoluble por falta de repuestos pero que algunos pícaros de la propia empresa ofrecen arreglar por debajo de cuerda o se sucumbe a ofertas privadas de servicios paralelos a los institucionales y precios astronómicos.

Pareciera que la gente asume de manera casi fatalista las carencias, la disminución o involución significativas de su calidad de vida. La alienación de muchos sumidos en la desesperanza y resignados al letargo por la necesidad extrema de conseguir alimentos a precios regulados o de encontrar medicinas agota toda energía disponible que no sea para resolver aunque sea precariamente su existencia

El país está cortado como en una especie de esquizofrenia social. Unos pocos en la opulencia con frecuencia mal habida no resienten ni escasez ni urgencias alimentarias o médicas; han privatizado sus exigencias de energía mediante plantas eléctricas domésticas o de agua mediante tanques internos o de salud mediante seguros pagados en dólares con cobertura completa en clínicas que funcionan como en el primer mundo, inaccesibles para las mayorías.

Mientras algunos gozan dispendiosamente de productos abundantes y variados de calidad finísima y consumidos con derroche en fiestas o suntuosas recepciones, el raso pueblo o sectores empobrecidos de profesionales de alto nivel y clases medias han sido despojados de su dignidad para vivir. Se alimentan de la basura, de limosnas, de ayuda solidaria. Algunos privilegiados, de los dólares que del exterior envían sus familiares.

¿Hasta cuándo nos vamos a calar este horror cotidiano? ¿Hasta cuándo el refinamiento en el modelo cubano de opresión convertido en hambre, ausencia de tratamientos médicos adecuados, largas colas para conseguir lo básico, escasez de personal para atender a clientes en bancos públicos, servicios que no funcionan y total desamparo ciudadano de un Estado forajido y despiadado con todos, sean disidentes o presos políticos, sean incautos seguidores de la demagogia populista y militarista, sean hijos comunes de una patria que no es tal?