Las presidenciales de Honduras y la sombra del narcotráfico desde Venezuela
Durante más de una década, al menos desde 2011, se conocen mapas de supuestas rutas de narcotráfico entre Venezuela y Honduras, que en algún momento se afirmó era un país con unos cielos «abiertos» a vuelos con drogas. En 2025, la fiscal general de EEUU aún denuncia la existencia de un «puente aéreo» entre ambos países, mientras el candidato opositor en las presidenciales hondureñas de noviembre señala al Cartel de los Soles. En los comicios de Honduras no solo se juega la presidencia ese país, sino también las llaves del archivo y sus presuntos secretos
El rumor de los aviones empezó como una sombra sobre La Mosquitia y terminó convertido en un eje de poder. En Honduras, la política se discute desde hace años con el ruido de pistas clandestinas, rutas de «puente aéreo» y capitales en efectivo que cambian de manos. A menos de un mes de las presidenciales del 30 de noviembre, esa conversación vuelve al centro: el oficialismo, dominado por el entramado familiar de los Zelaya-Castro, defiende su alianza con Nicolás Maduro mientras niega las acusaciones de que Honduras haya servido de bisagra para el tráfico de cocaína proveniente de Venezuela. La oposición, por su parte, promete un giro de timón. Y en el fondo late una pregunta incómoda: ¿qué quedaría expuesto si ese andamiaje político pierde el poder?
El punto de quiebre reciente tiene nombre y fechas. Carlos Zelaya Rosales, diputado, secretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, admitió haberse reunido en 2013 con cabecillas del narcotráfico para «recibir un aporte económico» a la campaña de Libertad y Refundación, el partido que encabeza el expresidente Manuel Zelaya, su hermano. Tras la difusión de un video y de señalamientos en una corte de Nueva York, el 26 de junio de 2024 la Fiscalía abrió una investigación y lo citó a declarar, junto a otras 30 personas. El 31 de agosto de 2024, después de su comparecencia, Carlos Zelaya anunció su renuncia a la secretaría y a la curul «para que se investigue con toda libertad».
No era el único que daba un paso al costado: al menos cuatro funcionarios del gobierno se apartaron en cadena, entre ellos su hijo José Manuel Zelaya, que dejó el Ministerio de Defensa. El propio Carlos insistió en desvincular de aquella reunión a Manuel «Mel» Zelaya y a Xiomara Castro: «Esa reunión nunca tuvo el aval del presidente Zelaya, ni la presidenta Castro, fue una reunión unilateral de mi parte».
Las afirmaciones no llegan a un vacío. Devis Leonel Rivera Maradiaga, «el Cachiro», había dicho en 2017 que el hermano del expresidente utilizaba la pista de El Aguacate, en Olancho, «para mover drogas». Más tarde, durante el juicio al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en Nueva York, el 21 de febrero de 2024, afirmó que sobornó a Carlos Zelaya con «aproximadamente entre 100 mil y 200 mil dólares». En su propia versión, el exsecretario del Congreso ubicó en la mesa de 2013 a Adán Fúnez, hoy alcalde de Tocoa; a Carlos Muñoz, entonces diputado suplente, y a Rafael Sarmiento, jefe de bancada de Libre hasta su renuncia del 1 de septiembre de 2024. También mencionó a Devis Rivera, a Ramón Matta y a otras tres personas.
En Honduras, los señalamientos y sospechas por narcotráfico han bañado las presidencias de Zelaya primero, de Porfirio Lobo y Juan Orlando Fernández después –luego enjuiciado an EEUU– y de la propia Xiomara Castro, que gobierna desde 2022.
El país centroamericano está regido por una familia: Xiomara Castro gobierna desde Casa Presidencial, Manuel Zelaya mueve los hilos del poder, su hijo Héctor controla áreas clave del Ejecutivo, su hija Xiomara es diputada; y el hermano del expresidente, Carlos Zelaya, era secretario del Congreso. Además, la candidata oficialista Rixi Moncada es tía del fiscal general, Johel Zelaya.
Venezuela en el eje
Mientras tanto, el expediente venezolano gravita. Una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que, cuando Nicolás Maduro fue canciller (2006-2013), «coordinó relaciones exteriores con Honduras» para facilitar el tráfico de cocaína a gran escala y lideró —junto a otros altos funcionarios— la organización conocida como Cartel de los Soles. El señalamiento describe un sistema de transporte que supuestamente movía la cocaína de las FARC desde Venezuela hacia Honduras y México —para su ingreso a Estados Unidos— y hacia República Dominicana o Surinam, con destino Europa y África.
Ya en 2014 los «narcovuelos» desde Venezuela eran un asunto de la discusión pública en Honduras. En aquel año, las autoridades afirmaban que habían disminuido hasta en 80% e instalaban radares para detectarlos. Un contraste con lo que reportaba el Departamento de Estado de EEUU en 2012 cuando estimó que el 75% de todos los vuelos de contrabando de cocaína con destino al norte que salían de Sudamérica aterrizaban primero en Honduras.
Washington ofreció en 2020 una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de Maduro; en agosto de 2025, la fiscal general Pam Bondi dijo que se elevó hasta 50 millones y denunció que «hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener acceso al espacio aéreo libre y sin ser detectado en Honduras, Guatemala y México».
Tegucigalpa replicó con dureza. La Cancillería calificó de «falsa» la declaración de Bondi, reivindicó «decomisos históricos» y detalló la cooperación operativa con Estados Unidos, Colombia y agencias como la DEA, la CIA y el FBI. La presidenta Xiomara Castro expresó «plena solidaridad» con Maduro y ordenó a la Cancillería poner fin al tratado de extradición con EEUU, una decisión que, según juristas, requiere un plazo de seis meses para su formalización (y que el candidato presidencial opositor Salvador Nasralla se ha comprometido a desactivar). En esa misma línea, el ministro de Planificación, Ricardo Salgado, tachó de «injerencistas» las acusaciones, negó la existencia del Cartel de los Soles y reivindicó la «autodeterminación».
El choque de narrativas se alimenta de episodios concretos. El 2 de julio de 2025, un jet procedente de Venezuela apareció semidestruido en Honduras, No hubo rastro de tripulantes ni droga, pero el hallazgo reavivó la sospecha de rutas aéreas. No es un fenómeno nuevo. Tras el golpe que depuso a Manuel Zelaya en 2009, fue mucha la información que se hizo pública, y luego el repliegue de la cooperación antidrogas de Washington y el foco de las fuerzas hondureñas en Tegucigalpa abrieron un corredor de oportunidades para los carteles.
Mapa de 2018 sobre rutas de vuelos del narcotráfico desde Venezuela hacia Honduras tras la caída de Manuel Zelaya
Un expediente de la DEA citado en una investigación de Insight Crime reconstruye cómo redes colombo-venezolanas operaban vuelos desde Apure hacia la frontera hondureña. «El Joint Interagency Task Force South registró 75 vuelos sospechosos en 2010, frente a 54 en 2009 y 31 en 2008». La mayoría, apuntan esos documentos, venían de Venezuela.
A ese engranaje se conectaron grupos locales de transporte, como los Cachiros, capaces de iluminar pistas clandestinas, levantar redes de protección política y vender servicios logísticos a 2.000 dólares por kilo hasta completar fortunas estimadas en cientos de millones.
Ese «puente» también ha sido materia de propaganda y de guerra política. Además de Bondi, un excomandante de Inteligencia Naval de EEUU, Jesús Daniel Romero, aseguró en televisión hondureña que «desde 2007» opera un flujo estable de cocaína entre Venezuela y Centroamérica, con episodios tan recientes como «una avioneta bimotor» con droga que habría aterrizado «el día de la investidura» de Xiomara Castro. Del otro lado, gobiernos aliados de Caracas, y la propia presidenta hondureña, hablan de «ataques infundados» y de una «cortina de humo» para justificar sanciones y despliegues militares.
Mapa de 2018 de Insight Crime sobre la conexión del narcotráfico entre Venezuela y Honduras
En 2012 Cosecha Roja publicaba que «los cielos de Honduras están abiertos para los cárteles de la droga» pues había dejado de estar operativo un radar clave para detectar las operaciones del narcotráfico. Decían, en aquel momento, que «según la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, el 79% de los vuelos que salen de Colombia y Venezuela con cocaína aterrizan en Honduras».
Una cosa es cierta, en los últimos años las interceptaciones de narcovuelos de cocaína en Centroamérica han caído drásticamente. En los primeros cuatro meses de 2024, solo dos pistas de aterrizaje clandestinas fueron descubiertas en Honduras, por ejemplo. A finales de la década de 2010 y principios de la siguiente, las fuerzas armadas hondureñas destruían regularmente más de 30 pistas de aterrizaje clandestinas al año. Pero esas cifras ya venían bajando a 25 en 2021, nueve en 2022 y ocho en 2023.
Actividad aérea de sospechosos de narcotráfico principalmente desde Venezuela rastreados por el Comando Sur de Estados Unidos, según mapa presentado en 2011
Honduras a las urnas en noviembre
El tablero electoral agrega presión. La renuncia de José Manuel Zelaya Rosales en Defensa forzó un enroque: Rixi Moncada, entonces ministra de Finanzas y ya proclamada candidata presidencial de Libre, asumió el despacho hasta que lo dejó para encabezar la campaña electoral de los comicios que serán al cierre del próximo noviembre.
Las encuestas más recientes dibujan un oficialismo cuesta arriba: según Demoscopia (octubre de 2025), Salvador Nasralla, del Partido Liberal, lidera con 31,6%; Nasry Asfura, del Partido Nacional, suma 28,6%, y Moncada aparece tercera con 18,9%, con 11% de indecisos.
El más reciente Termómetro Electoral del Instituto de la Justicia, elaborado por la firma Le Vote, sitúa a Nasralla primero en preferencia general (26%), por delante de Asfura (20%) y Rixi Moncada (16%). Un 24% se muestra todavía indeciso. Pero al filtrar solo a los convencidos de sufragar, la ventaja de Nasralla se amplía: 40% frente a 31% y 25%, respectivamente.
Para Maduro, la derrota del oficialismo hondureño significaría la pérdida de un aliado explícito en la región y, posiblemente, un reacomodo en los canales de cooperación política y de seguridad. «Terminaría quitando un aliado importante para el orteguismo y para Venezuela en este momento crucial», resume el analista Oscar Moncada.
El de Xiomara Castro fue el primer gobierno del mundo en respaldar que Maduro había sido reelecto en las elecciones del 28 de julio de 2024, marcadas por denuncias de fraude masivo y con el Centro Carter certificando las actas electorales que mostrarían un desenlace distinto.
Por otra parte, ya en las elecciones que dieron el triunfo a Xiomara Castro, Venezuela tuvo mucho que ver. Una de las empresas que desarrolló la aplicación VenAPP también ha sido la encargada del sitio web del Partido Libre de Honduras y de la candidatura de Castro; además de la página en Internet que usó Jorge Arreaza en su fracasada campaña electoral en Barinas en 2021.
En el país centroamericano Salvador Nasralla, favorito en los sondeos, promete un «Plan Bukele»: cárceles especiales, control territorial, continuidad de la extradición y mano dura. Se presenta como «antisistema», más técnico que político, orando en tarimas y buscando el voto joven. También ha acusado al «narcofamilión» de los Zelaya-Castro y ha sugerido que el Cartel de los Soles estaría «pagando millones» para liberar el espacio aéreo hondureño en favor de operaciones ilícitas.
Hay dos relatos en pugna y una contienda a la vuelta de la esquina. Si el poder cambia de manos, no solo se moverán embajadas y afinidades: podrían cambiarse las llaves del archivo. Y allí, entre memorandos, testimonios y viejos planes de vuelo, quizá reposen las respuestas sobre cuánto de la política hondureña se sostuvo, durante años, sobre el ala invisible de ciertos aviones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
