El Poder Electoral abrirá un lapso de impugnaciones de la validación partidista, a pesar de que ellos han controlado todo el proceso
Santiago Boccanegra
Quienes validan por un partido político durante el proceso convocado por el Consejo Nacional Electoral deben presentar su cédula de identidad laminada, confirmar que su rostro y el del documento coincide, y registrar cuatro huellas -dos dedos de cada mano- para ser contado. Todo ello ocurre frente a un funcionario designado, pagado y uniformado del CNE.
Es decir, el Poder Electoral activó su sistema biométrico de identidad, con los datos del registro electoral, para garantizar que cada persona es quien dice ser.
Entonces, ¿por qué la rectora Socorro Hernández anunció que al terminar el proceso de validación en mayo se abrirá un lapso para impugnaciones? ¿Es lógico que al cumplir todas esas condiciones que puso el organismo quede duda de que la persona acudió al proceso? ¿El CNE desconfía de su propia plataforma, parte del «mejor sistema electoral del mundo», y por eso permite que se cuestione su propia recogida de datos? ¿El CNE se basa en que alguien va a validar bajo efectos de burundanga? ¿Alguien habrá descubierto cómo implantarse las huellas de un tercero y burlar a un sistema briométrico? Eso último es imposible, por cierto.
Entonces solo queda una hipótesis: las rectoras están dispuestas a justificar con lo que sea más y más retrasos en la convocatoria a unas elecciones regionales y, también, las municipales que tocan este año.
Por ejemplo, el 10 de febrero, la rectora Tania D’Amelio aseguraba en Unión Radio que la convocatoria para los comicios para gobernaciones y consejos legislativos “está interrumpida” hasta culminar la renovación partidista, que no podían adelantarse los procesos en paralelo. El CNE no camina y come chicle al mismo tiempo.
Si ese proceso termina a mediados de año, y luego habría que activar los procesos habituales para convocar elecciones -organización, registro de candidaturas, impugnaciones, campaña electoral, impresión de material y áctivación del Plan República, entre otros-, hablamos de unas regionales para finales de 2017. Así lo han asumido incluso algunos sectores de la MUD. Pero ello traería otro problema: coincidirían con el tiempo en que deberían realizarse los comicios municipales.
La ley de regularización de períodos constitucionales vigente desde 2010 prohibe que procesos regionales y locales coincidan en una sola elección. Por ello, las elecciones tendrían que ser en fines de semana sucesivos (y aprovechar el despliegue técnico) o retrasar las municipales para 2018.
Ese último escenario luce más probable pues la rectora D’Amelio informó que la de renovación de partidos regionales se hará después de las votaciones de gobernadores, y pudiera repetirse el esquema: primero reinscripción de toldas y luego convocatoria a municipales. Es decir, que la validación de partidos de alcance regional prelaría una vez más la convocatoria a una elección.
Está claro que para el CNE, cuya misión fundamental es permitir el voto de los ciudadanos, lo menos importante es justamente la expresión electoral del pueblo.
