Las sanciones ponen en jaque al Gobierno venezolano
En una jugada internacional que busca presionar la restitución de la democracia en Venezuela, funcionarios del alto gobierno, militares y empresarios integran las listas de sancionados por varias naciones, la mayoría acusados de violación de derechos humanos o por sus vínculos con el narcotráfico
Luego de la represión que vivieron los venezolanos durante las protestas antigubernamentales de 2017, nacieron una serie de sanciones en contra de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por presuntamente incurrir en violación a derecho humanos, promover e incentivar la permanencia del mandatario en el poder de manera arbitraria y poco democrática, además de otras ligadas a delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Suiza, Canadá, la Unión Europea, Estados Unidos y Panamá han sido hasta el momento los países que han tomado la decisión de sancionar a funcionarios venezolanos, tomando medidas como la prohibición de ingresar a su territorio, la congelación de bienes y cuentas bancarias que pudiesen tener en estas naciones, o el desconocimiento de su cargo a nivel internacional.
Organismos internacionales como el Grupo de Lima o la Organización de Estados Americanos (OEA), han promovido o incentivado la aplicación de sanciones a funcionarios venezolanos, hasta que decidan actuar de manera democrática y transparente.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Tibisay Lucena; el fiscal designado por la Asamblea Constituyente Tarek William Saab; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno; el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; y el comandante general de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, son los funcionarios que han sido sancionados por todos los países.
Para el internacionalista Félix Arrellano, este tipo de sanciones nace de la de la necesidad de responder a las reiteradas violaciones a los derechos humanos, la presunta vinculación en delitos castigados a nivel internacional o el posible quiebre de la democracia.
Detalla que la aplicación de estas medidas se rige por las legislaciones de cada país y nacen luego de investigaciones profundas. Afirma que no necesariamente responden a la posesión por parte de los sancionados de bienes, propiedades o capitales dentro de su territorio.
Sin embargo, esto no descarta que los funcionarios venezolanos posean algún tipo de activos en los territorios antes mencionados. Asegura que queda de parte de cada gobierno la posibilidad de rastrear sus bienes para conocer si poseen testaferros que transparenten el ingreso de dinero ilícito.
Afecta o no a los venezolanos
Arrellano explica que pese a la insistencia de los países en no querer perjudicar al pueblo venezolanos, a la larga estás sanciones afectarán directamente a los ciudadanos, y no duda en señalar que el gobierno de Nicolás Maduro incentiva la aplicación de más medidas sancionatorias para así justificar la crisis política, económica y social que vive el país.
“El Estado juega a que salgan más sanciones para justificar su incapacidad. El objetivo del Gobierno es agravar la situación y decir que Venezuela no tiene medicinas y alimentos por culpa de estas sanciones”, señala el internacionalista.
El especialista detalla que por los momentos, cuando se desconoce cuáles serían los bienes, propiedades o dinero que pudiesen tener los efectivos sancionados, se ven afectados más públicamente en la prohibición de viajar a esas naciones, por cualquier motivo y en cualquier condición.
A su juicio las sanciones que más han perjudicado a los funcionarios del gabinete de Maduro, son las implementadas por Panamá y la Unión Europea.
El experto enfatiza que estas medidas pudiesen ser revocadas si el Consejo de Naciones Unidas determina que perdieron vigencia o que el país ha dejado de incurrir en las acciones que llevaron a tomar estas decisiones.
Explica que el Gobierno venezolano tiene dos escenarios posibles ante estas circunstancias: negociar con estas naciones a través de un diálogo garante y transparente, con vista en resultados favorables; o seguir adelante con sus políticas y generar la aplicación de nuevas y más agudas medidas.
Indica que Venezuela debe estar a la espera de más sanciones que se radicalizarán luego de las elecciones presidenciales convocadas por la ANC y realizadas el 20 de mayo.
