Lobby internacional pesa sobre la renovación del mandato de la Misión ONU en Venezuela
Se espera que este nuevo documento realizado por la delegación de la ONU pueda ser usado por la Corte Penal Internacional (CPI) para sus decisiones sobre el expediente de Venezuela que reposan en su oficina por graves vulneraciones a los derechos humanos
Este mes de septiembre se vence el período de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2019, para evaluar la presunta violación de DDHH en el país desde al menos 2014 y garantizar la rendición de cuenta de los posibles autores de los crímenes, así como reparación a las víctimas.
La renovación de su mandato, en parte, dependerá entonces de la presión que pueda ejercer la comunidad internacional para que se apruebe su extensión y, por tanto, pueda seguir investigando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitraria, entre otros delitos, que fueron los que llevaron al grupo a aseverar en su primer informe — publicado en 2020— que existen «motivos razonables para creer» que en la nación se cometieron crímenes de lesa humanidad y que las autoridades judiciales, por ser cómplice de esos abusos, perpetúan la impunidad.
Así lo afirmó la periodista Luisa Quintero, quien cubre derechos humanos y política en TalCual, durante el CocuyoClaroyRaspao de este 22 septiembre. Explicó que actualmente hay ocho países (Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y Ecuador) que lideran una resolución a favor de la extensión de la Misión y que «ya lo que queda hacer es lobby para que se apruebe».
Justo esta semana esa instancia de la ONU divulgó un tercer informe sobre DDHH en Venezuela que, a diferencia del segundo —en el que se concluyó que existe falta de independencia dentro del sistema judicial venezolano— se señalaron los nombres de las personas involucradas en los crímenes cometidos en la nación y se aseveró que organismos de inteligencia del Estado venezolano, civiles y militares ejecutan un plan «orquestado desde los niveles más altos del gobierno» de Nicolás Maduro para reprimir «la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad».
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Al respecto, la reportera comentó que» la expectativa es que este documento pueda ser usado por la Corte Penal Internacional (CPI)», pues, en parte, según comentó Quintero, la constatación de las graves violaciones a los derechos humanos reseñada en el primer boletín de ese mandato ONU fue lo que llevó a abrir una investigación al país ante la CPI.
Sin embargo, los mismos integrantes de dicha Misión, entre ellos la abogada que la preside, Martha Valiñas, han apuntado que ellos no son un tribunal y que será trabajo de la Fiscalía de ese organismo judicial basado en La Haya decidir qué toma o no de ese informe para alimentar los dos expedientes de Venezuela (casos I y II) que reponsan en su oficina.
En ese sentido, señaló también que en esta nuevo documento se especifican las casas clandestinas de comisión de torturas, al menos 14 y que no están dentro de la estructura oficial de las instituciones de seguridad estatal. Además, en él se lista una serie de torturas: descargas eléctricas, violencia sexual, simulación de ahogamiento e incluso ahogamiento.
«Hay bastantes testimonios, esto no es nuevo. Muchas víctimas lo han denunciado», recordó.
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