Los no olvidados en el discurso del Alto Comisionado en Venezuela
Los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los últimos tres años han estado centrado en derechos civiles y sociales, señala la abogada Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia. La visita de Volker Türk puso en la palestra a la comunidad Lgbti, derechos de las mujeres y protección a pueblos indígenas, migrantes y refugiados
La visita del austriaco Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dejó varias certezas, entre ellas, que durante su mandato no solo abogará por liberación de presos políticos, fin de las torturas o la protección del espacio cívico, mermado por la persecución y hostigamiento de la administración de Nicolás Maduro a los actores de la sociedad civil.
En su discurso desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, tras una visita de dos días al país, también mencionó a varias poblaciones clave: las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (Lgbti), las mujeres, los migrantes y refugiados, así como los pueblos indígenas; todos ellos desplazados en las prioridades de una crisis humanitaria que arropa a más de un cuarto de los venezolanos.
La abogada Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, pone como ejemplo que internamente no hay un discurso de protección (a los derechos para personas Lgbti). Pero el abordaje de estos temas no implica que el Alto Comisionado dejará de referirse a temas puntuales como servicios públicos, salarios, garantías de libertad.
Destaca que el nuevo comisionado es, a diferencia de su antecesora Michelle Bachelet, una persona técnica en el ámbito de los derechos humanos y especialista en temas de poblaciones vulnerables como refugiados y migrantes. «Está (Volker Türk está) muy preocupado por temas que son importantes en el mundo, como temas ambientales, de género y pueblos indígenas».
Y es que en Venezuela —recuerda la abogada— los problemas son tan básicos como la petición de garantías para el derecho a la vida, libertad de expresión, derecho al trabajo o una vida digna. «Son temas transversales sobre los que debe referirse de forma clara, sin dejar atrás a las poblaciones vulnerables».
Para Louza, el Alto Comisionado fue mucho más amplio en su rueda de prensa e incluyó con vehemencia el tema de la tortura al señalar el relato de una mujer «superada por las emociones al relatar cómo dos años atrás su hermana había sido detenida, violada y torturada».
Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia
Si bien en los informes escritos de la era Bachelet hay descripciones de torturas, en sus ampliaciones orales trató de suavizar el tono en este u otros temas, considera la especialista.
La directora de Acceso a la Justicia también señala que es pronto para dar una opinión concreta sobre el funcionario de la ONU, pues falta ver si sube el tono en los informes, ya sean orales o escritos, y si mantiene esa amplia gama de temas dentro de las denuncias y exigencias de la Oficina.
También espera que haga mayor hincapié sobre el Proyecto de Ley contra las ONG. «Es importante que sea más contundente porque en su discurso no lo ha sido (…) Esperamos que tenga más contundencia en cuanto al espacio cívico porque esta ley contra las ONG, pero que en realidad va contra toda la población, así como esta ley de cooperación internacional que está resurgiendo, son peligrosas. Van a otro nivel de autoritarismo al estilo de Nicaragua. Termina siendo un sálvese quién pueda».
Garantías para abortar
«También insté a las autoridades a revisar las muy restrictivas disposiciones legales que penalizan el aborto, que provocan la muerte de mujeres que se ven obligadas a recurrir a arriesgados procedimientos clandestinos», mencionó el Alto Comisionado el pasado 28 de enero.
Venezuela es uno de los países de la región con la legislación más restrictiva respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Cinco artículos del Código Penal tipifican el aborto como un delito en todas sus causales e incluso establecen penas que van desde los seis meses hasta dos años de prisión.
*Lea también: Feministas buscan acabar con clandestinidad del aborto a través de la despenalización
Pero que el aborto esté penado no implica que no ocurra. En el país, según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas, fallecen 100 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos.
«Si calculamos que en Venezuela todos los años se embarazan 600 mil mujeres, de acuerdo a los datos del Fondo y, recordando que existe un subregistro, se estima que por lo menos el 10% de las muertes está asociado a abortos inseguros. Algunos dicen que llega al 20%”, comentó a TalCual Suzany González, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex) en octubre del año pasado.
Movimientos feministas han insistido a la Asamblea Nacional 2020 para que legisle en favor de despenalizar el aborto. En el parlamento reposa un proyecto de ley que consta de 18 artículos que priorizan a la mujer en la toma de decisión de interrumpir el embarazo.
Pero en las discusiones se ha propuesto que se legalice la interrupción por indicaciones: en los casos de violación sexual, incesto, riesgo de la vida o salud de la gestante, en caso de malformación congénita incompatible con la vida, embarazo de adolescentes o niñas y personas en casos de extrema pobreza.
Otra propuesta es que se despenalice hasta la semana 14 de gestación. Es decir, que en esos casos no se solicite un permiso o una causal, sino que durante ese «período prevalezca el derecho de la gestante a decidir sobre la continuación o no de ese embarazo».
Alto Comisionado y los pueblos indígenas
«Los pueblos indígenas también expresaron sus legítimas reclamos y temores por sus comunidades, que ven amenazados sus medios de vida, su cultura e incluso su propia existencia debido a las operaciones mineras, las organizaciones dedicadas al narcotráfico y los grupos armados ilegales. Es vital que cualquier decisión que les afecte se base en su consentimiento previo e informado», expresó Volker Türk.
Laura Louza asegura que el Estado puede hablar de indígenas «pero ni siquiera los reconoce como tal, no los respeta. Hay un exterminio doloso de esa población porque no es que está dirigido, sino que están en zonas donde hay un alto extractivismo minero. Son afectados por eso, al igual que por la acción de grupos irregulares y delincuencia organizada. Eso los pone en una situación de vulnerabilidad mayor».
A diferencia de otros países donde los reclamos de organismos internacionales van dirigidos al respeto de culturas ancestrales —dice la abogada—, en Venezuela es la situación de crisis humanitaria y ambiental lo que afecta especialmente a los pueblos indígenas.
Olnar Ortiz, abogado indígena baré y coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, comenta que la respuesta del Alto Comisionado fue receptiva, aunque no dio mayores detalles en la reunión con las ONG y víctimas.
«Se dirigió a las personas dentro de la reunión de manera asertiva; sin embargo, esperábamos que dentro de sus declaraciones, más allá de que estuviese hablando de manera general de pueblos indígenas, hubiese sido más contundente», destaca el abogado.
Esa contundencia esperada por Ortiz, según comenta, viene de la explicación sobre cómo el Estado venezolano ha incumplido las dos recomendaciones hechas por el sistema universal de Naciones Unidas en julio de 2019 y las hechas por la Misión de Determinación de Hechos que no solo abarca a las situaciones dentro del Arco Minero, sino también en los estados Amazonas y Delta Amacuro.
Un joven indígena trabajando en el negocio de la minería. Cortesía: Juan Barreto (AFP)
En particular, como uno de los representantes de pueblos indígenas planteó los siguientes puntos:
- Irrespeto del Estado venezolano a los derechos de los pueblos indígenas y su libre autodeterminación.
- Criminalización, hostigamientos, asesinatos y secuestros por parte de grupos armados irregulares (FARC, ELN) e incluso cuerpos de seguridad del Estado,
- Impunidad en casos de asesinatos cometidos por funcionarios del Estado. En particular se planteó el caso de Charles Peñaloza (Canaima 2018), asalto al fuerte Kumaracapay en 2019, la situación de Belkis Mendoza, que falleció en Mariosa (Delta Amacuro), la muerte del pemón Salvador Franco en la cárcel de El Rodeo II en enero 2020, las lesiones contra una mujer wayúu durante una protesta en Zulia en 2020, el caso Parima B en marzo de 2021 y el asesinato de Virgilio Trujillo
- Se planteó el desarrollo sostenible de comunidades indígenas, con proyectos no solo dirigidos a sostenibilidad sino que deben ser consultadas con las propias comunidades.
- Acoso del Estado venezolano contra defensores de derechos humanos indígenas, líderes y guardias territoriales.
Como abogado indígena sí esperaba algo más contundente, admite Ortiz. «Lastimosamente fue algo general. No planteó temas específicos y documentados ante su oficina. Particularmente esperaba que el Alto Comisionado se dirigiera al Estado venezolano con mayor preocupación sobre la situación de los pueblos indígenas, sobre todo al irrespeto de derechos específicos a los pueblos originarios y también sobre la impunidad en temas donde el mismo Estado ha violado derechos humanos que pueden ser calificados como crímenes de lesa humanidad».
Comunidad Lgbti
«Me ha complacido escuchar que las autoridades se han comprometido a derogar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y que las autoridades la han calificado como obsoleta. Tal medida estaría en consonancia con una de las principales demandas que escuché, de una representante de la comunidad Lgbtiq+», dijo a mitad de discurso Volker Türk en Maiquetía.
Yendri Velásquez, activista y miembro del Observatorio de Violencia Lgbtiq+, recuerda que ya la Oficina del Alto Comisionado y la Misión de Determinación de Hechos han mencionado temas de diversidad sexual o de género en sus informes, pero sí es la primera vez que un Alto Comisionado informa sobre una intención alrededor de una reforma específica que involucra a personas Lgbti.
Durante la reunión con Volker Türk, una coalición de organizaciones que defienden derechos de las personas Lgbti leyó un documento donde se resaltó la inexistencia de información y data oficial en temas asociados a la comunidad, es decir, censos, data e información sobre nacimiento de personas intersex o procedimientos abiertos en registros referente a identidad.
«El Estado nunca ha dado cifras oficiales o elaborado instrumentos específicos para levantar información sobre la situación de las personas Lgbtiq en el país. Eso sirve para generar políticas públicas para esta población», comenta Velásquez.
|
El activista comenta que el Alto Comisionado se mostró receptivo y preocupado por la situación de las personas Lgbti y de las mujeres. «Recibió con atención las recomendaciones y nos reiteró el compromiso de conversar con las autoridades. Luego nos enteramos, en su declaración pública, de la voluntad de derogar este artículo (del Código de Justicia Militar)».
Al igual que otras organizaciones, desde el Observatorio de Violencia Lgbtiq solicitan que el memorando de entendimiento —que se renovó hasta 2025— entre la administración Maduro y la Oficina del Alto Comisionado sea público.
Velásquez indica que así podrán conocer en qué áreas está trabajando la misión con las autoridades venezolanas. «Sin embargo, sabemos que algunas áreas que aborda ese trabajo es el tema de género y diversidad sexual. Esto es un hito importante. También sabemos que las agencias de Naciones Unidas abordan cada vez más el tema LGBTIQ+, eso es un paso importante en un contexto tan complejo como el que vivimos».
