ONG: Nueva ley busca el control de todos los aspectos de la sociedad venezolana

Más de 120 ONG aseguran que la administración Maduro está en búsqueda de mantenerse en el poder «y quiere reprimir la acción política de los venezolanos, en definitiva, silenciar a un país (…) La demanda de derechos es una acción política que quiere ser perseguida, destruida y criminalizada»
Más de 120 organizaciones no gubernamentales presentaron un documento, la mañana de este viernes 27, donde alertan sobre los nuevos pasos de la administración de Nicolás Maduro para cerrar el espacio cívico, así como criminalizar y perseguir a ONG y defensores de derechos humanos, a través de un proyecto de ley aprobado -en primera discusión- por la Asamblea Nacional 2020 esta semana.
En una rueda de prensa, la coordinadora de Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, aseveró que la criminalización de las ONG «es solo la punta del iceberg» del contenido del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines; «esta busca el control de todos los aspectos de la sociedad venezolana».
A juicio de las ONG, esta norma busca en definitiva la eliminación del derecho asociativo. «Puede inhibirse la cooperación internacional porque esto lo regula la ley. Aquí no sólo están en riesgo las ONG, sino las personas defensoras en sistemas como Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional», explicó Rendón.
*Lea también: En Claves | ¿Qué establece el Proyecto de Ley para Fiscalizar a las ONG y Afines?
El comunicado fue entregado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que se encuentra de visita en el país, durante una reunión que sostuvieron con el funcionario de la ONU la tarde del jueves 26 de enero.
En el escrito se reitera que continúa un patrón de estigmatización, persecución y ataques contra sociedad civil y defensores de derechos humanos, por parte de un Gobierno «que sabe que tiene la posibilidad de no ganar elecciones y ser minoría».
Las ONG señalaron que la administración Maduro está en búsqueda de mantenerse en el poder «y quiere reprimir la acción política de los venezolanos, en definitiva, silenciar a un país (…) La demanda de derechos es una acción política que quiere ser perseguida, destruida y criminalizada».
Para las ONG, también se pretende instaurar una «ley del miedo, del silencio» para que la población no denuncie las violaciones a sus derechos humanos. Dentro de esa «ley del silencio» entra el Proyecto de Ley para Fiscalizar a las ONG, que «controla la acción social».
ONG contra la pared
La norma que impulsa el diputado Diosdado Cabello (PSUV) «es ontológicamente represiva, niega la existencia misma de las ONG, lo que hace de esta norma un texto retroactivo, pues agrega requisitos que no existían al momento de la constitución de las organizaciones», aseveró el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
Afirmó además que el proyecto de ley que pretende fiscalizar a las ONG las estatiza de facto y busca su anulación a través de una serie de requisitos que, de no ser cumplidos, acarrerían multas «impagables» e incluso su disolución de forma definitiva. Entre las falencias de esta norma, explicó el abogado, se encuentran la redacción del articulado y las motivaciones legales esgrimidas para sustentarla.
#SociedadAmenazada @alijdaniels: Con el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines se estatizaría a las organizaciones y favorecería que estás se vieran infiltradas por el Gobierno, ello viola el derecho de asociación pic.twitter.com/ILsNmgQ9NV
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) January 27, 2023
Daniels señaló que el articulado es «difuso» por su misma redacción, lo que genera amplitud y extralimitaciones que chocan con otras normas. Además, las motivaciones de la ley fueron justificadas con citas de autores de forma parcializada o se definen cuestiones como los derechos humanos desde una visión política particular. «Los derechos humanos son derechos humanos, no tienen ideología».
#Ahora Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, señala que el proyecto de ley contra ls ONG pretende desnaturalizar el derecho de asociación #27Ene #27EneTC pic.twitter.com/kh0pNTa8NC
— TalCual (@DiarioTalCual) January 27, 2023
También destacó que no es cierto que las ONG no estén actualmente fiscalizadas o sean revisadas por las autoridades venezolanas. Otro de los puntos donde se mostraron preocupados es la pretensión del chavismo de obligar a las ONG a recibir y trabajar con personas por orden del Estado, pues consideran puede llevar a infiltrar las asociaciones con cuerpos de seguridad u otros elementos represivos.
Daniels indicó que, de ser llamados a participar en la consulta pública por parte de la Asamblea Nacional 2020, «vamos a asistir y vamos a explicar esto». Además de la denuncia pública sobre la ley, la situación se notificó a las relatorías y mecanismos especiales de Naciones Unidas.
También se elevará a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) debido a la persecución y criminalización de las organizaciones que han denunciado junto a las víctimas los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país.
Peticiones al Alto Comisionado
Andrea Santacruz, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, señaló en la rueda de prensa que las organizaciones sociales están dirigidas y todos sus esfuerzos orientados en ayudar a la población.
Explicó que durante la reunión con el Alto Comisionado Volker Türk, en nombre de 90 organizaciones, se hicieron varias exigencias como que el mandato integral de su oficina se cumpla de forma integral, es decir, que la asistencia técnica tenga el mismo peso del componente de protección de derechos humanos. Además pidieron que el memorando de entendimiento -firmado en 2019- sea público.
Otra demanda de las ONG al Alto Comisionado es que las fuentes de información oficial sean contrastadas, «que no se den como un hecho», y su apoyo a otros mecanismos independientes como la Misión de Determinación de las Hechos, relatorías independientes e incluso la CPI.
Por último solicitaron a Türk que, ante la inminencia de próximos procesos electorales en Venezuela, «se pronuncie sobre las condiciones en las cuales se realizarán las venideras elecciones».
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