Maduro contra la constitución, por Simón Boccanegra
Nicolás Maduro no deja de sorprendernos. Acaba de establecer una nueva doctrina administrativa. El situado constitucional, que es la parte del presupuesto nacional que se destina a gobernaciones y alcaldías, dice Maduro que lo manejará discrecionalmente y que no habrá plata para gobernadores y alcaldes que hayan expresado opiniones críticas sobre la situación económica y social.
El situado tiene rango constitucional (artículo 167 de la CN) y es una partida equivalente a un máximo del veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios del Fisco Nacional, que se distribuirá entre los estados y el Distrito Capital en la forma establecida en la Carta Magna. Se trata, pues, de un mandato constitucional y no de una norma que puede ser manejada a capricho.
De modo que lo dicho por Maduro sobre cómo se propone administrar el situado es un exabrupto, atribuible más que a mala fe a una ignorancia muy grande, inexcusable en quien ejerce la Presidencia de la República. Se ve que no conoce bien el documento fundamental que rige a un país. Pero, además, Maduro pretende erigirse en censor de opinión. Amenazar a gobernadores y alcaldes con no enviarles el dinero que les corresponde si sus criterios políticos no le complacen es una barbaridad en la cual no ha incurrido ningún otro presidente y vaya que hemos tenido algunos no poco autoritarios. Pero no hay de qué extrañarse.
Lo del situado se añade a una larga lista de atropellos y desafueros contra las instituciones del Estado, de modo que lo del situado se añade a esa lista, si el señor Maduro concreta su amenaza. Es de suponer que, en tal caso, los gobernadores y alcaldes afectados recurrirán ante el TSJ y si todavía queda algo de pudor tendría el máximo tribunal que echar atrás esa medida, declarando su inconstitucionalidad. Amanecerá y veremos.
