Magistrada del TSJ minimiza impacto de la violencia de género en Venezuela
A juicio de la magistrada Elsa Gómez, «no somos un país con un alto índice de violencia de género». Casas de abrigo, organismos para recibir denuncias inmediatas y accionar judicial expedito fueron algunas de las herramientas contra la violencia de género que recordó la magistrada, aunque solo se cumplen en el papel
Los representantes de las instituciones que ejercen el poder en Venezuela, todas asociadas al chavismo, insisten en conmemorar el Día Internacional de la Mujer con datos imprecisos, declaraciones contradictorias y comentarios populistas.
En esta oportunidad fue la magistrada Elsa Gómez, vicepresidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien se atrevió a contradecir las cifras de feminicidios en el país, al asegurar que Venezuela «no es un país con alto índice de violencia de género».
Las declaraciones de la magistrada son cuando menos inoportunas al considerar que diversos movimientos feministas en todo el país se movilizaron durante toda la jornada para exigir, justamente, una respuesta más activa del Estado contra el abultado registro de femicidios, pues en tan solo dos meses de 2021 han fallecido más de 40 personas de forma violenta a manos de hombres.
Los números empeoran al considerar los últimos 12 meses, desde el inicio de la pandemia, pues se registraron 210 femicidios, lo que es igual a la muerte de una mujer cada día y medio. Por si fuera poco, las mismas cifras del chavismo apuntan unos 610 casos en los últimos cuatro años, de los cuales solo han judicializado la mitad.
Al ser cuestionada sobre el incremento de femicidios durante la cuarentena, Gómez admitió que «ha incrementado un poquito eso de los delitos, específicamente el de femicidio», para luego defender las instituciones estatales al afirmar que se han conocido y judicializado con la activación de todos los mecanismos correspondientes por ley, contradiciéndose luego al advertir que «han ido en disminución, ya que hay consecuencias a los actos contrarios a la ley».
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A pesar de la declaración, que contraviene cifras críticas que dejan en evidencia la violencia de género que ocurre bajo la supervición del Estado, la magistrada afirma que pese al índice «no tan alto» de casos, el Gobierno de igual manera se preocupa por la situación y la atiende.
«El gobierno se ha preocupado de la mujer. Por eso se crearon los tribunales a través de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la participación de órganos policiales y órganos receptores de denuncias», aseveró en una entrevista para Primera Página, programa de Globovision.
Solo en los papeles de la magistrada
Estos instrumentos que menciona Gómez parecen existir solo en el papel, pues durante la pandemia ha quedado en evidencia que estos presuntos órganos que ofrecen protección a las mujeres víctimas de violencia de género, realmente no funcionan como está establecido.
Este es el caso de las casas de abrigo, una propuesta incluida en esta ley para ofrecer cobijo y protección temporal a las mujeres, mientras sus agresores enfrentan la justicia, hasta que ellas puedan sostenerse por sus propios medios sin riesgo a sufrir represalias por parte de su victimario. La realidad es completamente distinta.
Hace aproximadamente un año, Karla Maileny Ríos González denunciaba a su expareja ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). No recibió medida de protección alguna y seis meses después, murió a manos de su agresor. Este tan solo uno de los casos de las tantas mujeres que han encontrado su muerte después de que el Estado las dejara desamparadas.
A ojos de la funcionaria, quien además es coordinadora nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, las casas de abrigo son eficientes y solucionan los problemas de las víctimas de agresión con un accionar inexpugnable.
«Hay casas de abrigo donde pueden poner sus denuncias. Son tan efectivas que estos órganos, según la ley, pueden dictar medidas de protección para esa mujer de manera inmediata, con tan solo indicar el nombre y la identificación de la persona. Es importante que tengamos conciencia y fe sobre nuestra justicia. No queda allí el crimen, hay órganos encargados de actuar de forma expedita», sostuvo.
Magistradas no tan feministas
Gómez no es la primera magistrada del TSJ en emitir declaraciones desafortunadas para los movimientos feministas o para las mujeres en general. Uno de los precedentes se remonta a julio de 2019, cuando nada más y nada menos que la Coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, Carmen Zuleta de Merchán insinuara que las mujeres que se han visto forzadas a adentrarse en la industria del trabajo sexual por necesidad, son «putas» porque quieren.
La declaración surgió después de que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizara una visita en Venezuela para evaluar la situación de los derechos humanos en el país y concluyera en su informe que algunas mujeres debían pagar con sexo para satisfacer algunas de sus necesidades básicas, como la alimentación.
«El Informe Bachelet hace énfasis en las mujeres para sentimentalmente victimizarlas, como aconseja el discurso patriarcal ilustrado. Las mujeres en Venezuela son dueñas de su propio destino y, cuando optan por prostituirse (como en todas partes del mundo), es porque son putas», publicó Zuleta de Merchán en un tuit.
El Informe Bachelet hace énfasis en las mujeres para sentimentalmente victimizarlas como aconseja el discurso patriarcal ilustrado …las mujeres en Venezuela son dueñas de su propio destino y cuando optan por prostituirse ( como en todas partes del mundo) es pq son putas
— C Zuleta de Merchan (@zuletamerchan) July 6, 2019
