Maisanta violador, por Teodoro Petkoff
La magnitud del abuso ventajista de la campaña oficial es tal que el CNE se sintió obligado a emitir un llamado de atención al Presidente, «exhortándolo» a no hacer proselitismo a través de las cadenas cuyo propósito no sea directamente electoral. Vamos a ver si Chávez atiende este exhorto y vamos a ver qué hace el CNE en caso de que Chávez se mantenga en sus trece. Pero, hay otros aspectos de la campaña gobiernera que deberían merecer también la atención del CNE, dado su carácter escandalosamente violatorio de la ley. Ayer domingo aparecieron en la prensa escrita estos dos avisos que aquí reproducimos. Uno de Fogade, firmado, además, por el Ministerio de Finanzas y por el gobierno bolivariano; el otro, de un grupo de instituciones públicas que, so capa de referirse a la contaminación del Lago de Maracaibo, presentan una obvia apelación electoral. Hoy lunes otras instituciones oficiales, como el Seniat, por ejemplo, incurren en el mismo ultraje a la ley y a la opinión pública.
El punto no es, desde luego, que esto pueda influir en el ánimo de los electores (como no sea arrechar a algunos indecisos ante el inocultable abuso que se está cometiendo) sino que estamos ante una cruda y arrogante violación de la ley. La Ley del Sufragio y Participación Política, en su artículo 210, es tan clara y precisa que no se necesita ser un jurista tan eminente y faculto como el doctor Francisco Carrasquero para entender lo que ella establece. Veamos. «En el lapso de cualquiera de las campañas electorales previstas en esta ley, el gobierno nacional, estadal o municipal no podrá hacer publicidad a favor o en contra de ninguna individualidad u organización que conlleve fines electorales y se limitará a los programas estrictamente informativos (…) El CNE tomará las previsiones para impedir o hacer cesar interpretaciones desviadas o interesadas de esta disposición (…) los ministerios, institutos autónomos, las empresas del Estado o aquellas en cuyo capital la participación gubernamental sea determinante y los demás órganos de gobierno nacional, de los gobiernos estadales o municipales, no podrán hacer propaganda que influya en la decisión de los electores».
Estos dos avisos violentan tan crasamente la Ley del Sufragio que debemos esperar del CNE algo más que un saludo a la bandera. Es su propia autoridad y, por ende, su credibilidad las que están en juego. De hecho, el CNE sólo podrá reclamar e incluso sancionar violaciones de la ley y de sus propios reglamentos que pudieran cometer otros sectores, si cierra el paso categóricamente a esta cínica utilización de las instituciones y de los dineros del Estado para los fines electorales del gobierno. La publicación en la prensa de hoy de avisos similares revela que estamos ante una línea de conducta que o se corta de cuajo o hará de los organismos oficiales los verdaderos protagonistas del torneo electoral.
Aun a riesgo de ser tomados por ingenuos pedimos a la Fiscalía General de la República que también tome cartas en este asunto porque su deber es velar por la legalidad de los actos del gobierno. A la Contraloría no nos dirigimos porque eso nos obligaría a un ejercicio de espiritismo.
