Sala Constitucional dicta medidas cautelares contra nueva junta directiva de Citgo

Las medidas incluyen prohibición de salir del país, de enajenar o gravar bienes, además del bloqueo de cuentas bancarias y una solicitud a la Sala de Casación para emitir boletas de extradición

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia este jueves 14 de febrero en la que declara nula la designación de la nueva junta directiva de la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Citgo, efectuada por la Asamblea Nacional, e impusieron medidas cautelares a estos ejecutivos.

Estas medidas incluyen las prohibiciones de salir del país y de enajenar o gravar bienes, además del bloqueo de movilización de cuentas bancarias y otros instrumentos financieros en territorio venezolano y solicitaron a la Sala de Casación iniciar los trámites para gestionar un proceso de extradición para las personas mencionadas.

La sentencia, junto a todas sus medidas, incluyen a las juntas directivas de las distintas filiales de PDVSA. Figuran entonces los cinco directivos de la junta directiva ad hoc de la estatal PDVSA, Simón Antúnez, David Smolansky, Carlos Balza, Gustavo Velásquez y Ricardo Prada; los integrantes de la directiva de PDVSA Holding Inc, Luisa Palacios, Edgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolero y Andrés Padilla; la junta administradora de Citgo Holding Inc, Luisa Palacios, Edgar Rincón, Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez, Javier Troconis y Rick Esser.

Cabe destacar que las medidas cautelares se aplican a personas que no residen en Venezuela, por eso la solicitud a la Sala de Casación del TSJ de gestionar órdenes de extradición, que involucran incluso a un ciudadano estadounidense, Rick Esser.

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La Sala Constitucional argumenta que la decisión de la Asamblea Nacional es írrita bajo su estatus de supuesto desacato. En este sentido, asegura que el Poder Legislativo «evidencia intenciones golpistas».

«Es otro asalto al Estado de Derecho por parte de la AN en desacato, cuyos actos son nulos. Consiste en el asalto a PDVSA, empresa de rango constitucional por razones económicas, políticas y estratégicas de la soberanía nacional», indicó Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional.

Añaden que los designados para conformar esta nueva junta directiva incurren en distintos delitos al aceptar dichos cargos, motivo por el cual decidieron dictar estas medidas cautelares.

«Quienes aparecen allí mencionados incurren en delitos de usurpación de funciones y otros relativos a la corrupción, delincuencia organizada y terrorismo», aseveró.

La Sala Constitucional también instó al Poder Ejecutivo y a PDVSA a tomar las «medidas necesarias» para garantizar el correcto funcionamiento de la industria petrolera.