Mi Convive: contra el hampa no hace falta una mano dura sino inteligente

Frima Udelman y Santiago García participaron en una investigación sobre la violencia en Caracas en la que concluyen, entre otras cosas, que la mano dura contra el hampa esconde graves violaciones a los derechos humanos y no reduce el delito

“Plomo al hampa”, esa fue la principal consigna de Alfredo Peña cuando fue candidato del Movimiento V República para la alcaldía metropolitana de Caracas. Ganó, no pudo poner en práctica su propuesta, pero la misma recogió una creencia que existe en muchos venezolanos: lo que hace falta para controlar la delincuencia es mano dura.

Esa percepción, convencimiento, es difícil de rebatir, a pesar de que los datos estadísticos demuestran que no ha sido para nada efectiva en la lucha contra la delincuencia. Desde Caracas Mi Convive, proponen cambiar esa mano dura por una mano inteligente. Están convencidos de que ese es el camino para poder contar con un país más seguro.

Frima Udelman y Santiago García son dos psicólogos que participaron en una investigación sobre la violencia en Caracas. Los datos fueron recogidos junto a Monitor de Víctimas y la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), y fue volcada en dos informes: Bajo tierra y Cuando suben los de negro, este título es una referencia directa a los integrantes de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, cuerpo al que se le atribuyen innumerables violaciones a los derechos humanos.

Bajo tierra

El título del informe está tomado de una declaración del general Antonio Benavides para el momento Comandante del Core 5 de la Guardia Nacional, quien el 6 de septiembre de 2010 declaró que: “El destino final de todo delincuente es la cárcel o bajo tierra”.

Sus palabras se han ido cumpliendo. El informe señala que entre mayo de 2017 y mayo de 2018 registraron 1.739 casos de muertes violentas. Lo que resaltan los participantes en el investigación es que 37,4% de esas muertes -651 casos- fueron responsabilidad de funcionarios de fuerzas policiales y militares.

Tanto Udelman como García, señalaron que tales actuaciones son una violación de los derechos humanos, tanto de las víctimas directas como de los familiares que viven momentos de auténtico terror al verse sometidos a los operativos de los militares y policías.

Ambos reiteran que, además de las ya referidas violaciones a los derechos humanos, tales operativos no son efectivos para reducir la inseguridad ciudadana, rechazando la creencia generalizada de la necesidad de mano dura frente a los delincuentes. Lo que hace falta, apuntan, es una mano inteligente que apele a la prevención y a reitegrar a la vida normal a quienes hayan delinquido.

Consideran necesario establecer “un sistema nacional de información y estadísticas sobre la violencia padecida por la población”, así como realizar transformaciones urbanas que  “incorporan a los sectores populares a la ciudad, garantizando el acceso y disfrute de las oportunidades sociales, económicas, laborales y culturales de la vida urbana”.

A lo anterior agregan, “políticas centradas en la prevención y en las personas que comprende la creación de oportunidades de inclusión juvenil en la que los jóvenes vulnerables puedan desarrollar sus potencialidades. Así como políticas de atención a las familias vulnerables para garantizar una infancia en la que se satisfagan derechos sociales básicos como el acceso a la salud; a la educación”. Otro elemento que consideran vital es el control del armamento y las municiones.