Miguel Pizarro: Sistema ONU está dejando de ser complaciente con el régimen
El comisionado para DDHH designado por la Asamblea Nacional destacó que «la decisión política del régimen es no tomar las recomendaciones de la Alta Comisionada» sobre derechos humanos
El diputado y comisionado del gobierno interino para la Organización de Naciones Unidas, Miguel Pizarro, aseveró que el sistema de la ONU «está dejando de ser complaciente con el régimen» de Nicolás Maduro, luego de la actualización de la Alta Comisionada Michelle Bachelet sobre la situación de Venezuela.
Durante una rueda de prensa, el diputado destacó varios puntos resaltantes del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, como el incremento de las muertes en el marco de las operaciones de seguridad, la disminución del poder adquisitivo del venezolano afectando a los sectores más vulnerables, al igual que las condiciones de detención en centro de reclusión que pertenecen a organismos de seguridad.
Todos estos hechos ya habían sido denunciados por Michelle Bachelet en su primer informe escrito, así como la actualización oral, que se hicieron entre julio y septiembre de 2019.
El comisionado para Naciones Unidas destacó que «la decisión política del régimen es no tomar las recomendaciones de la Alta Comisionada», y mencionó también que Maduro «ocupando una silla dentro del Consejo de Derechos Humanos creía que iba a evitar este tipo de interpelaciones, creían que iban a escapar del escrutinio».
«Venezuela no será una crisis olvidada, no será una crisis más del panorama internacional», afirmó Pizarro.
Al mismo tiempo, resaltó las aseveraciones dentro del informe sobre Venezuela sobre la existencia de un patrón creado desde las más altas estructuras del Estado donde se configuran detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, al igual que violaciones a los procesos legales contra la disidencia política, institucional, civil o sindical.
El parlamentario también reiteró que con este informe se demuestra que la «tortura es una política de Estado, que se ampara bajo operaciones de inteligencia y contrainteligencia pero no lo van a poder tener escondido».
Además, resaltó que en este informe se haya incluido el término de «asedio al espacio democrático», para tipificar la persecución contra la institucionalidad de la Asamblea Nacional, incluyendo sus diputados, así como el nombramiento de autoridades del Consejo Nacional Electoral utilizando al Tribunal Supremo de Justicia, «usurpando funciones» del parlamento.
Y es que en opinión de la Alta Comisionada, este hecho disminuye la posibilidad de construir elecciones creíbles y democráticas. «Esta forma por la que el régimen está intentando consolidar su dictadura, no será reconocida por la comunidad internacional», advirtió Pizarro.
Denuncias pendientes
El comisionado del gobierno interino para Naciones Unidas destacó que, además de este informe escrito y la actualización oral de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, en el caso venezolano quedan pendientes una serie de informes individuales referentes a la situación del Arco Minero del Orinoco, así como libertad de expresión y libertades económicas.
Para el 15 de julio, también se tiene previsto una nueva reunión del Consejo de Derechos Humanos donde Bachelet deberá presentar un segundo informe y actualización oral sobre Venezuela
En septiembre la misión de verificación de hechos, que fue un mandato del propio Consejo de DDHH de la ONU, debe entregar un informe sobre sus actuaciones e investigaciones, que permiten establecer responsabilidades individuales sobre diversas violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela.
También espera que en los próximos informes se mencione la trata de personas y la desaparición de migrantes por medio de embarcaciones tanto en Sucre como en Falcón, como denunció TalCual en alianza con Connectas por medio de la investigación «Desaparecer en el mar: Una búsqueda sin brújula».
«Esperamos que se mencione todo lo que está ocurriendo con esta presunta red de trata de personas hacia Trinidad y Tobago para poder iniciar el expediente de investigación, ya que en la instancia interna las autoridades no han colaborado con los familiares y han sido absolutamente ópacos con las investigaciones de estos acontecimientos», resaltó.
Pizarro destacó que el régimen venezolano no acató el mandato del Consejo «pese a que el régimen ocupa una silla dentro» de él, por lo que «han tenido que trabajar desde diferentes lugares y documentando las denuncias».
«Que sea la ONU quien ha venido dibujando la realidad venezolana, el Consejo de Derechos Humanos hablando de desaparaciones forzadas, detenciones arbitrarias, es importante (…) El sistema de Naciones Unidas está dejando de ser un sistema complaciente con el régimen y se les está cerrando el último reducto de diplomacia», señaló el diputado.
Temas atrasados
Durante la rueda de prensa, Miguel Pizarro también destacó que hay mandatos y temas atrasados, a pesar de que en septiembre de 2019 la Oficina de la Alta Comisionada firmó un acuerdo de entendimiento con Nicolás Maduro para permitir el trabajo de sus funcionarios dentro del territorio.
Entre esos acuerdos pendientes está el permitir el ingreso de distintos relatores de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, derechos económicos y sociales, libertad de expresión y tortura. La Alta Comisionada informó hoy que Maduro se comprometió a permitir el ingreso del relator sobre medidas coercitivas para este año.
Pizarro reiteró que todavía no ha ocurrido ni la primera visita de relatores al país, «vamos a presionar. No tiene sentido que se hable de cooperación y acceso, cuando lo medular del acuerdo de entendimiento no se atiende».
Nos toca seguir exigiendo y que Naciones Unidas no se preste a ninguna maniobra, advirtió. «Si el relator contra medidas coercitivas quiere entrar, lo puede hacer, pero que se permita la entrada del resto de los relatores que tiene mandatos».
Con respecto a las sanciones sobre Venezuela, de las cuales Michelle Bachelet sugirió a los Estados su revisión o levantamiento, el comisionado Pizarro reiteró que el país no tiene un embargo total, como el caso de Corea del Norte o Cuba, sino sanciones individuales y sectoriales.
Señaló que tienen diferencias en cuanto a la visión de la Alta Comisionada, «y estamos de acuerdo en que se siga sancionando a los corruptos y violadores de derechos humanos».
«La crisis que hoy atravesamos no es producto de las sanciones o las medidas de presión internacional (..) Las sanciones siempre están ligadas a un intento de profundización del régimen», refirió el diputado, al hacer referencia a las últimas sanciones de la Unión Europea, que se dieron luego del nombramiento de autoridades del CNE por parte del TSJ.
«Lo que pasa en el Consejo de DDHH no es un esfuerzo aislado de lo que pasa con los refugiados, la OCHA o el Consejo de Seguridad, es un esfuerzo para cerrar los últimos reductos diplomáticos que tiene el régimen», aseguró el parlamentario.
Indicó que deben prepararse para que «a cada radicalización del régimen haya una respuesta rápida y acorde la comunidad internacional. Ellos, en su cadena de errores, han permitido que estos sistemas vayan denunciando cosas que antes era difícil de controlar».
