Ministro Ceballos propone convertir calabozos policiales en «casas de justicia»
La «agilización judicial» que se busca mediante propuesta de las «casas de justicia» parece estar lejos de las directrices del Ministerio Público, puesto que en los últimos años se han denunciado múltiples irregularidades en procesos judiciales que se relacionan con el retardo procesal
El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz presentó una propuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público (MP) y la Defensoría del Pueblo para convertir los centros de detención preventiva de las estaciones policiales en «casas de justicia» en los cuales inicie el proceso judicial.
Según detalló el fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, la idea consiste en convertir los centros de detención, donde se encuentran personas privadas de libertad, en casas de paz donde se habiliten espacios para realizar «audiencias en tiempo real».
«Hay que convertir todos los centros de detención en casas de justicia y paz para que, con la presencia de un fiscal del Ministerio Público y del juez competente, se avance en lo que implica la agilización de los procesos penales», acotó.
La propuesta fue presentada durante el Consejo General de Policía, en el marco del Plan Visión Emergente para el Desarrollo Policial 2030 que se ejecutaría dentro de los lineamientos de la Gran Misión Cuadrantes de Paz para «fortalecer el accionar de los Cuerpos Policiales y la articulación junto al Poder Popular organizado por la Seguridad».
Durante el Consejo General de Policía presentamos el Plan Visión Emergente para el Desarrollo Policial 2030, en el marco de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, para fortalecer el accionar de los Cuerpos Policiales y la articulación junto al Poder Popular organizado por la Seguridad pic.twitter.com/3rZiVgzSac
— @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) July 21, 2023
El ministro de Relaciones Interiores, Remigio Ceballos, agregó que el plan busca el trabajo conjunto con el Ministerio Público, el TSJ y la Defensoría del Pueblo para garantizar una «tutela judicial efectiva».
Ceballos aseguró que, con este planteamiento, se respetaría el debido proceso y la defensa de los derechos constitucionales y humanos de los detenidos, puesto que es una «línea fundamental del Estado y del gobierno bolivariano».
La «agilización judicial» que se busca mediante esta propuesta parece estar lejos de las directrices del Ministerio Público, puesto que en los últimos años se han denunciado múltiples irregularidades en procesos judiciales que se relacionan con el retardo procesal, que implican desde audiencias de presentación diferidas hasta boletas de excarcelación que no se ejecutan en meses.
Estos cambios se presentan en un contexto de una investigación iniciada por la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad cometidos sistemáticamente en el país con el amparo de instituciones como el Ministerio Público. El pasado 9 de junio, el fiscal de la CPI, Karim Khan, y el mandatario Nicolás Maduro firmaron un memorando de entendimiento mediante el cual se establecía la instalación de una oficina del tribunal en el país.
