No caer en esa trampa, por Teodoro Petkoff
El talibanismo está haciendo esfuerzos desesperados por trasladar el debate sobre la Ley de Educación Superior (LES) y el decreto 3.444, así como el del reglamento del Ministerio de Educación y Deportes, al terreno de los extremos en la confrontación política. Las provocaciones casi diarias de Samuel Moncada, ministro de Educación Superior, tratando de descalificar a quienes han asumido posturas críticas frente a ambos proyectos, atacándolos como “golpistas” y otros calificativos propios de la demonología chavista son muy elocuentes a este respecto.
También en algunos sectores que adversan al gobierno ha sido dable observar la tendencia a llevar el debate a los extremos del fundamentalismo y de las posiciones maniqueístas.
No hay que caer en esta trampa. No se debe contaminar el debate sobre las universidades y sobre la educación en general con la habitual diatriba política. Es obvio que el de la educación es un tema esencialmente político pero arrastrarlo al estercolero donde las ideas son sustituidas por las descalificaciones personales y donde los clichés, las frases hechas y los conceptos estereotipados anulan el razonamiento, es terminar no sólo en la banalización de la discusión sino en un diálogo de sordos.
Este debate es necesario y en el caso de la Educación Superior la posibilidad de una muy rica discusión conceptual está abierta. Este ámbito está lleno de gente que ha estudiado y escrito con gran propiedad sobre la materia. El capital teórico acumulado en este campo da pie para enfoques potencialmente muy fecundos. Probablemente una gran mayoría de universitarios y educadores en general están contestes en que la universidad y la educación están urgidas de cambios para potenciar su desarrollo y su rol en la sociedad. Que en las universidades públicas existen vicios de toda índole no es un secreto para nadie. En cualquier campaña para elecciones rectorales se los expone abiertamente. Muchos han podido ser superados, otros están tan arraigados que parecen imbatibles. Cambiar, pues, es un imperativo de los tiempos.
Al mismo tiempo, la universidad pública constituye el principal centro de saber e investigación científica y humanística del país y su democracia interna, a pesar de las falencias observables, es envidiable. Es innegable que todo esto está asociado al concepto de autonomía y libertad de cátedra. Cambiar significa, entonces, fortalecer y desarrollar esa gran contribución latinoamericana a la educación superior que es la autonomía universitaria.
Liberarla de las excrecencias y adherencias que hoy la fatigan y la hacen vulnerable al ataque reaccionario. La autonomía favorece un altísimo grado de participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones. La autonomía es democracia participativa, con fuertes rasgos autogestionarios. En esto coinciden sectores académicos de distintas y hasta opuestas posiciones políticas y eso explica la amplitud de los factores que se involucran en la polémica. La propensión a limitar la autonomía, que puede percibirse en el proyecto de Ley y en el 3.444, contradice, no sólo la Constitución sino inclusive la propia filosofía oficialista. Al menos la que hasta ahora ha predominado en su discurso, en el cual, en tiempos recientes, ciertamente, se están haciendo visibles rasgos que corresponden a una concepción centralizadora, paternalista y autoritaria del poder, algunas de cuyas expresiones pueden percibirse en el proyecto de LES y en el 3.444.
