No hay «way»: Tienen que extraditarlo, por Teodoro Petkoff
El caso de Posada Carriles no admite ningún tipo de leguleyismos. Despojándolo de toda otra connotación que no sea la que deriva de los hechos, Estados Unidos no debería tener ninguna otra opción que extraditarlo a Venezuela. Este señor es un criminal y es uno de los autores confesos ( “Pusimos la bomba, ¿y qué?” ) de un delito monstruoso, como fue el de volar un avión cubano, causando 73 víctimas. Esto es un hecho, no un argumento ideológico. La voladura del avión está tipificada, inobjetablemente, como un acto terrorista. Este es otro hecho. Que tenga motivaciones políticas -como en efecto las tiene- no disminuye un ápice la calificación de terrorismo, que más contemporáneamente es condenado como un delito de lesa humanidad, sin atenuantes y sin prescripción. Posada Carriles, pues, es un terrorista.
El acto terrorista fue planificado por Posada y sus cómplices en Venezuela, donde residían y trabajaban para la policía política. Además, Posada se nacionalizó venezolano. Los autores materiales, venezolanos, revelaron todos los detalles de la colocación de la bomba en el avión cubano. Posada Carriles fue detenido y estuvo nueve años en prisión en la penitenciaría venezolana de San Juan de los Morros, de donde se evadió en muy extrañas circunstancias. Este es otro hecho, no un argumento retórico.
En conclusión, Venezuela no sólo tiene el derecho sino la obligación de solicitar a Estados Unidos la extradición de un criminal terrorista, venezolano, convicto y confeso, juzgado en nuestro país después de una controversia diplomática para establecer donde debía ser radicado el juicio, y que posteriormente escapó de una cárcel venezolana. Es, pues, un prófugo de la justicia venezolana y entre Venezuela y Estados Unidos existe un tratado de extradición que data de 1922 –con base en el cual, por ejemplo, Estados Unidos concedió la extradición de Pérez Jiménez a comienzos de los años sesenta.
No existe ninguna razón para que los tribunales norteamericanos no procedan en este caso del mismo modo. No pueden retorcerle el pescuezo a la ley, alegando la posibilidad de que Venezuela entregue el terrorista a Cuba. Primero porque se trataría de un prejuicio y una decisión de esa monta no se puede tomar sobre la base de prejuicios. Segundo, porque argüir tal cosa conduciría, obviamente, a una decisión política y los tribunales norteamericanos no pueden proceder sino con base en los hechos mondos y lirondos y no en consideraciones políticas. Con base en esos hechos un tribunal norteamericano no puede sino concederla. Cualquier decisión diferente tendría carácter político y dejaría en harapos toda la doctrina anti-terrorista gringa.
Quedaría consagrada, oficialmente, una nueva y monstruosa “doctrina” : para Estados Unidos existen terroristas “malos” y “buenos”. Por lo demás, el gobierno venezolano no debe politizar el caso sino ceñirse estrictamente a los hechos, no vaya a ser que a alguien se le ocurra recordar las extrañas consideraciones que el propio presidente tuvo hace algunos años con otro terrorista, venezolano, Carlos, por mal nombre “El Chacal”, condenado a cadena perpetua en Francia –irónico anticipo de la doctrina de los terroristas “buenos” y de los terroristas “malos”.
