Nuevas leyes laborales propuestas por la AN ignoran al trabajador y a la OIT
Los 10 instrumentos legales propuestos por el Parlamento administrado por el chavismo no toman en cuenta las exigencias de los trabajadores, que durante años han protestado bajo las consignas de una mayor libertad sindical y mejoras salariales, para recibir como respuesta silencio y cárcel por parte del Gobierno
En disonancia con el populismo usualmente manifestado durante la fecha en la que se celebra el Día del Trabajador, esta vez el chavismo desvió la mirada y no aprobó su tradicional aumento salarial, pero mantuvo su acostumbrada promesa de que las condiciones de los trabajadores mejorarían.
Apoyado por la narrativa de un supuesto «milagro económico» —cuyo único atributo milagroso es más bien su caída en los últimos ocho años—, Maduro asegura que triunfó ante la «guerra económica», el factor bajo el cual escuda todas las deficiencias que padece la población venezolana en materia de economía.
En el marco de un nuevo plan para «mejorar la situación de los trabajadores», la Asamblea Nacional (AN) empezó a trabajar en un paquete de leyes especiales en materia laboral, que buscan cubrir vacíos que deja la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt) o incluso actualizarla a un contexto más moderno.
El presidente de la AN administrada por el chavismo, Jorge Rodríguez, solicitó a la Comisión de Desarrollo Social Integral presentar antes de julio un total de 10 leyes laborales con este propósito. La orden se efectuó apenas días después de que se marchara la comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que visitó el país para dar inicio al foro de diálogo social que supervisará el organismo en los próximos meses.
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La necesidad del chavismo de elaborar y aprobar estas leyes, además, surge de una instrucción dada por Maduro al Parlamento el año pasado. El mandatario pedía, por aquel entonces, instrumentos legales para reforzar la Lottt.
Para trabajar en estos proyectos, el Parlamento instaló una comisión de trabajo. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Pedro Infante, asomó los títulos de los 10 instrumentos que presentarían:
- Ley de trabajadores que realizan labores para el hogar.
- Ley de trabajadores a domicilio.
- Ley de trabajadores motorizados.
- Ley de trabajadores del deporte profesional.
- Ley de trabajadores agrícolas.
- Ley del trabajo del transporte.
- Ley del trabajo de la navegación marítima, fluvial y lacustre.
- Ley del trabajo del transporte aéreo.
- Ley de trabajadores culturales.
- Ley del trabajo de personas con discapacidad.
#4May 🇻🇪 Hemos designado un equipo que se encargará de elaborar los proyectos de ley respectivos para que sean debatidos en parlamentarismo social de calle junto al pueblo obrero, junto a cada subsector laboral y posteriormente sean elevados ante la @Asamblea_Ven. pic.twitter.com/Y60OvHfEad
— Pedro Infante A. (@pinfantea) May 4, 2022
Debido al momento en el que se hizo este anuncio, el mensaje mediático del chavismo apuntaba a una mejora en el marco jurídico de los trabajadores después de aceptar las recomendaciones que la Comisión de Encuesta que la OIT hizo hace tres años.
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No obstante, estos proyectos no obedecen a ningún tipo de acuerdo con los otros sectores involucrados en la discusión laboral (empleadores y sindicatos), y tampoco responden a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Entonces, ¿De dónde surgen estos proyectos de ley?.
Leyes laborales en deuda
El director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, explicó que estos 10 proyectos se derivan de un apartado de la Lottt en la que se contemplaban los modalidades especiales de trabajo para todas aquellas condiciones laborales alternas a las relaciones habituales de trabajador y patrono.
En el Título IV, referente a las ‘Modalidades Especiales de Condiciones de Trabajo’, se contempla la posibilidad de crear leyes especiales que regulen con mayor precisión los casos puntuales para el trabajo residencial, los trabajadores del sector transporte en sus distintas modalidades, el trabajo agrícola y cultural, para los deportistas profesionales y también para las personas con discapacidad.
Es decir, el anuncio de estos nuevos instrumentos legales responde a una promesa incluida en la ley promulgada bajo la administración de Hugo Chávez en 2012. Una década más tarde, la AN del chavismo propone estas modificaciones que, al menos a juicio de Arismendi, podrían no ser prioritarias.
La Lottt y otras leyes que repercuten en materia laboral incluyen todas estas condiciones especiales. Es decir, los trabajadores no están desamparados por sus situaciones especiales. La precariedad, tanto de ellos como de todo el sector laboral del país, se debe más bien a incumplimientos de la Lottt y convenciones internacionales firmadas por Venezuela.
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Además, la misma ley indica que para elaborar leyes especiales es necesario un amplio proceso de consulta que incluya a los sectores relacionados con los instrumentos a aprobar. Así lo apunta el artículo 204 de la Ley Orgánica del Trabajo:
«Las modalidades especiales de condiciones de trabajo se establecerán en leyes especiales, elaboradas en corresponsabilidad y amplia participación de los sujetos de la relación laboral, particularmente los trabajadores, trabajadoras de cada modalidad y sus organizaciones sindicales».
Dicha consulta ha sido inexistente en esta iniciativa impulsada desde el Parlamento, pues los sindicatos representativos del país no son tomados en cuenta. Esto lleva a preguntarse las motivaciones reales tras esta propuesta y si es pertinente su aplicación.
«Esperemos que haya amplias consultas con los trabajadores. En las normas de la Constitución se explica que antes de que una ley entre en el Parlamento, se debe evaluar su impacto. ¿Cuántos trabajadores quedan en la industria, por ejemplo, de las aeronaves? ¿De verdad necesitamos más normas? Eso tiene que ser objeto de estudio», argumenta Arismendi.
León Arismendi considera fundamental el diálogo como instrumento para conquistar derechos laborales, para lo cual es imprescindible la libertad sindical
El abogado experto en materia de derecho laboral sostiene que, durante los últimos 10 años, estos sectores han operado con normalidad, por lo que duda de la base mediante la cual se plantean estos cambios.
«Vamos a ver si con esas normas básicas mejoran sus condiciones. Si eso venía funcionando así, con unas reglas ya establecidas ¿Para qué necesitamos más? No lo tengo claro. No veo cuál es la base sobre la cual plantean estos proyectos», acotó.
Vista gorda al problema de fondo
Desde el sector sindical no se ve con malos ojos la aprobación de nuevos instrumentos legales, siempre y cuando planteen beneficios para el trabajador. El inconveniente con las leyes en las que trabaja el Parlamento es que no abordan el problema de fondo.
El informe publicado por la Comisión de Encuesta de la OIT, tras visitar Venezuela en 2018 para evaluar la situación laboral del país, hizo énfasis en el incumplimiento de tres convenios internacionales como principal problema a abordar.
Las recomendaciones de la comisión están enfocadas en la solución de problemas jurídicos que obstaculizan el cumplimiento de los convenios, así como el abandono de ciertas prácticas gubernamentales que violentan la Constitución y los derechos consagrados por los trabajadores. Todas giran en torno a estos tres convenios:
- Convenio 26: Relativo a los métodos para la fijación de salarios mínimos. Ordena establecer mecanismos para la fijación de tasas mínimas de los salarios de los trabajadores en donde no exista un mecanismo eficaz para hacerlo o donde los salarios sean «excepcionalmente bajos».
- Convenio 87: Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Indica que las organizaciones sindicales pueden elegir libremente a sus representantes y que «las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal».
- Convenio 144: Relacionado con la consulta tripartita. Dicta que deben implementarse procedimientos que aseguren consultas efectivas entre representantes del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores para discutir temas como el incumplimiento de los convenios y recomendaciones de la OIT.
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La ampliación del marco legal que explora la Asamblea Nacional refleja un desinterés por abordar, al menos en el corto plazo, soluciones para retomar el cumplimiento de estos tres convenios.
De acuerdo con Arismendi, la prioridad debería ser enfocarse en los convenios. Su cumplimiento permitiría rescatar la libertad sindical y retomar los diálogos y las discusiones que permitirían a los trabajadores hacer exigencias decididas por ellos, en función de sus necesidades y problemas, en lugar de contar con leyes unilaterales aprobadas por el oficialismo.
El chavismo se ha encargado de disminuir la influencia de los sindicatos. En algunos casos, retirándoles las facultades legales que poseen para representar a los trabajadores en discusiones con los empleadores y el Estado. En otros, ha instalado sindicatos paralelos en la Administración Pública, que no defienden los intereses de los trabajadores, pero sí del patrono, es decir, del oficialismo.
Para otras empresas, la realidad ha sido ver desaparecer la representación sindical mediante la mora electoral, buscando mecanismos para no celebrar elecciones que permitan renovar a las autoridades de los sindicatos y, de esa manera, suspender sus funciones entre tanto no se efectúe la elección, una situación amparada por el marco jurídico venezolano.
«Las recomendaciones de la OIT dicen que la mora electoral debe desaparecer. Es contraria a la libertad sindical que se venza el período de vigencia para una organización sindical y la ley establezca un castigo para todos los trabajadores», explicó Arismendi.
Estos problemas hicieron aparición con la Lottt promulgada en 2012. El vocero de Inaesin recuerda que se aprobó en medio de una campaña electoral, por lo que posee una carga ideológica perjudicial para el ejercicio sindical y los derechos laborales.
«Es una ley con un piso jurídico raquítico. El decreto que se invoca en esas normas no soporta el menor análisis constitucional. Son normas ideologizadas e ideologizantes en categorías que no han sido discutidas por nadie. Hay normas en esa ley que marcaron un retroceso en materia sindical», destacó.
La discusión y el consenso son términos claves al evaluar cualquier cambio jurídico en materia laboral. Toda modificación debería ser acordada por amplios sectores y responder a las necesidades de los trabajadores y empleadores. En Venezuela, esto no ocurre.
Los datos del Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical que lleva el propio Inaesin denotan una desconexión entre los planes del Gobierno y las exigencias de los trabajadores, especialmente los empleados públicos, protagonistas del 92% de los conflictos laborales desde 2018.
Las estadísticas desde 2018 —fecha en la que inició el registro— indican que el 68% de las protestas han tenido como motivo exigencias salariales, un 17% las condiciones de trabajo y un 4% la violación de las convenciones colectivas. Ninguno de estos motivos tiene algún tipo de abordaje mediante las leyes planteadas.
El coordinador del observatorio, José Calma, subraya que el trabajador no es escuchado y el diálogo social, mediante el cual deberían solucionarse las diferencias, no existe en Venezuela.
«No hay una escucha hacia el trabajador. Pareciera ser que muchas veces la aprobación de leyes es un tema político y no jurídico, que el Gobierno busca cumplir ante la opinión pública, pero no a nivel jurídico. No se está escuchando al trabajador, ni al patrono. Se toman decisiones unilaterales», razonó.
El matiz político domina el entramado jurídico expuesto en los 10 proyectos de ley. A juicio de Calma, no hay un abordaje real de los problemas. Siempre tienen mayor peso las decisiones políticas.
Por eso los incrementos salariales son definidos unilateralmente por el Ejecutivo, en lugar de ser determinados tras negociación entre las partes implicadas. «No se discute. Lo aplica el Gobierno de turno en un intento por callar a los trabajadores», insistió el abogado.
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Propaganda laboral desgastada
El discurso cansino del chavismo cuenta siempre con los mismos elementos propagandísticos. Consiste en apoderarse de cualquier iniciativa, sin importar que sea una continuación de Gobiernos anteriores, como si fuese propia.
En el caso del aspecto laboral, el chavismo celebra con orgullo haber restituido los derechos laborales de los trabajadores, inexistentes durante la denominada IV República. Resulta irónico que lo aseguren mientras encarcelan a líderes sindicales, empujan a sus trabajadores a la hambruna y eliminan convenciones colectivas.
«El Estado es el principal empleador de Venezuela y es incapaz de asumir tantos trabajadores y brindarles un trabajo digno. Es el mismo Estado el que incumple con las normas constitucionales», denunció Calma.
La historia del derecho laboral en Venezuela no nació con el chavismo. Al contrario, el país vive su peor etapa en esa materia desde 1936, cuando se promulgó la primera ley del trabajo, con colaboración de la OIT.
Este instrumento, de hace casi un siglo de antigüedad, contemplaba aspectos como la contratación individual del trabajo, la previsión de sanciones y tipificación acerca de los posibles daños que pudiera sufrir un trabajador por accidentes; además de normas sobre derecho colectivo, los sindicatos, la huelga, el salario, la jornada y las condiciones de trabajo en general.
La conquista de los derechos laborales por parte de los trabajadores y sindicatos cobró más fuerza con la reforma de 1947, respaldada en la nueva Constitución aprobada ese año. Se incluyeron elementos como la antigüedad, las cesantías, las utilidades, la acción de intermediarios y contratistas, así como diversos elementos económicos.
Durante todo el siglo se aprobaron nuevas reformas que consagraron conquistas laborales. Para 1973, Venezuela tenía un marco jurídico ejemplar en la región y se mantuvo hasta 1997, cuando una reforma aprobada en el segundo gobierno de Rafael Caldera estableció normas que hicieron retroceder los derechos laborales.
Solo dos años después, Hugo Chávez asumió el poder, impulsó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y posteriormente una nueva ley del trabajo que recuperaba algunos derechos y ponía sobre la palestra otros. Esta fue la base para que el chavismo se adueñara de 70 años de historia de luchas sindicales y conquistas laborales.
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Una década después demostró que, con o sin leyes, los Gobiernos pueden vulnerar los derechos de los trabajadores y politizar todo el sistema laboral del país, incluso desde una perspectiva jurídica. No en vano, la política chavista se centró en cercenar libertades.
«La tendencia universal es favorecer la libertad, no poner más reglas. En materia de derechos humanos, el Estado debe promover el ejercicio de los derechos humanos. En su lugar, la legislación los obstruye, los limita y condiciona», concluyó Arismendi.
