Oficialismo paga la «deuda» a Chávez al aprobar ley contra las ONG en momentos de tensión
De acuerdo con Acceso a la Justicia desde sus inicios, el chavismo ha mirado con recelo a la sociedad civil y a sus agrupaciones. La ONG argumenta que el oficialismo se ha pasado por medidas para controlarla y someterla, como ocurrió con el proyecto de Ley de Cooperación Internacional que se presentó en 2006 con el que buscaba que los fondos que recibieran las organizaciones del extranjero fuesen distribuidos por el Estado
Ha tenido que pasar un año y siete meses para que el Parlamento de mayoría chavista aprobara la Ley Orgánica para Regular y Fiscalizar las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). La primera vez que se habló de la norma en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional de 2020 fue el 24 de enero de 2023, momento en el que el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que tenía en su poder una lista de más de 60 ONG a las que señaló de operar con fines políticos para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.
Desde la tribuna de oradores, Cabello dijo que detrás de las ONG hay caras y partidos políticos y que si se revisan los nombres de las personas que las dirigen «veremos que son gente que están a cuerpo de reyes, que se la pasan viajando». Tildó a estas organizaciones como «apéndices de organismos que operan para garantizar al imperialismo su operación en el mundo entero».
Añadió que, aunque las ONG comenzaron a operar en el país con fines humanitarios, en la actualidad «casi todas» tienen que ver con el ámbito político y buscan generar desestabilización.
Ese mismo discurso fue repetido en enero de este año y luego con más ahínco en mayo, cuando la ruta hacia las elecciones ya tenía fecha.
Cabello, quien presentó la norma ante la AN, urgió la necesidad de generar mecanismos legales para que las organizaciones rindan cuentas porque «no es una opción quedarse de brazos cruzados ante el intento de entregar las riquezas del país al imperialismo». Y enfatizó que el instrumento se trataba de una deuda con el expresidente Hugo Chávez.
*Lea también: AN 2020 sanciona ley para fiscalizar y regular actuación y financiamiento de las ONG
El día llegó
La arremetida contra ONG no es cosa nueva. Es 2020 Diosdado Cabello aseguró que la Asamblea Nacional revisaría las leyes que abordaban el tema del financiamiento de otros países para las ONG o personas particulares pues, afirmaba que eso era para «atacar a la patria».
Particularmente en este 2024 el tema ha estado vinculado a las elecciones y las manifestaciones sociales en exigencias a mejoras en las condiciones de vida. En enero, luego de un año de haber sido discutida por primera vez, la AN realiza la primera consulta pública sobre el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines en Venezuela.
En el encuentro, que se llevó a cabo en la sede del Palacio Federal Legislativo, representantes de ONG, fundaciones y asociaciones civiles instaron a las autoridades del Parlamento a hacer una convocatoria masiva para que el debate pudiera ser verdaderamente amplio y rico. «En esta sala las fundaciones y asociaciones somos minoría», dijo en ese momento Suzany González, directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex).
González calificó como necesario avanzar en una legislación que cumpla con el deber del Estado de proteger y regular el derecho de asociación pero, agregó, también es importante que la norma cumpla con estándares internacionales y proteja a la pequeñas organizaciones.
En febrero de este año, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron a TalCual que de aprobarse este proyecto de ley, las ONG tendrían que enfrentar medidas abusivas o procesos penales, poniendo en riesgo de criminalización y represalias a los integrantes de estas y sus beneficiarios.
En mayo, el primer vicepresidente del PSUV aseveró que faltaba poco para aprobar la ley. Para ser más exactos, dijo que se haría el 21 de ese mes (aunque no ocurrió). Un mes antes, el oficialismo cuestionó la postura de asociaciones como Voto Joven y otras asociaciones con respecto a las críticas al proceso de inscripción y actualización de datos del Registro Electoral (RE).
De nuevo la advertencia de Cabello fue que «quienes reciben dinero del extranjero saldrán chillando, pero que quien no la debe, no la teme». Igualmente afirmó que las organizaciones no gubernamentales reciben dinero con «el cuento de que van a tumbar el Gobierno y no lo han podido tumbar». Indicó que ellos (oficialismo) ayudarán al gobierno de EEUU para que usen bien la plata y no sean estafados por estas organizaciones.
La ley finalmente fue aprobada este 15 de agosto por unanimidad. La aprobación de la norma se da dos días después de que el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, prometiera al mandatario Nicolás Maduro que se aceleraría la aprobación del articulado, debido a los supuestos intentos de la oposición de instalar la violencia en el país, incluso, usándose como «fachada» para el presunto plan a las organizaciones no gubernamentales.
La luz verde al articulado se consuma luego de dos semanas de tensión política debido a las protestas ciudadanas de los días 29 y 30 de julio, en rechazo a los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los que se nombró al mandatario Nicolás Maduro como el ganador de las presidenciales. Por estos hechos, el gobierno ha registrado unas 2.229 detenciones, entre ellas de civiles y defensores de derechos humanos, por supuestamente incurrir en actos de desestabilización.
Ley contra ONG fue una deuda con Chávez
De acuerdo con Acceso a la Justicia, desde sus inicios el chavismo ha mirado con recelo a la sociedad civil y a sus agrupaciones. Argumentó que el oficialismo ha buscado medidas para controlarla y someterla, como ocurrió con el proyecto de Ley de Cooperación Internacional que se presentó en 2006 y se desempolvó en 2010, con el que buscaba que los fondos que recibieran las organizaciones no gubernamentales venezolanas del extranjero serían distribuidos por el Estado. Ese año se realizaron elecciones presidenciales.
Volviendo a 2020, cuando Juan Guaidó era considerado como presidente interino por parte de la comunidad internacional, y aseveraba que su administración ayudaba a los necesitados gracias a ONG, es preciso recordar que en octubre de ese año se publicó en la Gaceta Oficial n.° 41.994, una resolución sobre el funcionamiento de las ONG constituidas o registradas fuera del país, que pretendan realizar actividades no lucrativas a través de una representación en el territorio nacional.
El texto estableció que las ONG no domiciliadas en territorio nacional que deseen laborar en el país deben obtener «la correspondiente certificación de inscripción en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas» la cual tendrá una vigencia de un año, por lo que debía ser renovada anualmente.
Asimismo, la resolución ordena a las agrupaciones indicar una dirección fija o un representante identificado en el país que pueda ser consultado por los organismos gubernamentales (artículo 3 y 12) y limita su actividad, al restringirla a «la asistencia y cooperación internacional en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria con Panorama de Necesidades de las Naciones Unidas».
En enero de 2023 se sacó de nuevo el tema del congelador. La llegada de esa norma a la plenaria surgió en medio de manifestaciones de docentes y jubilados, apoyados por organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles para exigir mejoras laborales. A inicios de ese mes también entró en vigencia la Reforma del estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución que estableció la eliminación del gobierno interino.
El 5 de enero de ese 2023 la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional elige como presidenta a Dinorah Figuera (PJ), con Marianela Fernández (UNT) y Auristela Vásquez (AD) en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Las tres se encontraban en el exilio. Para el chavismo, este ente actúa junto organizaciones no gubernamentales que son «fachada» para desestabilizar el país.
Ese mismo año se realizaron las elecciones primarias, en las que resultó ganadora María Corina Machado, a quien el Estado no la dejó competir en las elecciones presidenciales del 28 de julio de este año. Cabello lanzó señalamientos a la asociación civil Súmate, supuestamente por tener intereses en favor de Machado. Incluso, su director Roberto Abdul fue apresado tras la elección.
El 13 de diciembre de 2023, Cabello insistió en que se aprobaría la ley. «Ya sabemos el libreto. Muchas ONG prestándose para lavar el dinero (…) Se la debemos a Chávez y la vamos a aprobar», dijo en ese momento.
