ONG alertan a oficina ONU sobre eventual escalada de violaciones a DDHH por elecciones
Unas 62 organizaciones suscribieron una carta en la que advirtieron sobre un patrón sistemático, «generalizado y ejecutado por la institucionalidad estatal, para violentar derechos consagrados en la Constitución y en los tratados y pactos internacionales de derechos humanos». Advirtieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH que estas actuaciones lesionan el derecho de la población a elegir y ser elegidos y profundizan las restricciones en el espacio cívico
62 asociaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) enviaron una carta a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que manifestaron su preocupación por la posibilidad de una eventual escalada en las violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía, a medida que se aproximan las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio.
«Desde el inicio del año 2024, diferentes liderazgos y candidatos han venido realizando actividades de promoción de sus opciones para ocupar la presidencia del país para el período 2025-2031. En ese contexto, y durante los primeros seis meses del año, hemos podido documentar diferentes vulneraciones a las libertades fundamentales y los derechos de libertad de asociación y reunión, manifestación pacífica, así como de expresión e información», escribieron en el documento.
En la misiva, citaron datos de la ONG Laboratorio de Paz y Acceso a la Justicia para indicar que hasta el 28 de junio se contabilizaban 46 detenciones arbitrarias contra líderes políticos y sociales del país, siete mujeres y 39 hombres. Añadieron que del total de las aprehensiones 82% de las personas sufrieron desapariciones forzadas de corto plazo.
Agregaron que en las 46 detenciones arbitrarias se han violado las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa. Por otra parte, añadieron que hasta el momento han contabilizado 32 actos de hostigamiento y 12 casos de persecución contra activistas políticos.
«Esto, incluyendo a seis personas refugiadas en la embajada de Argentina en Caracas sin que les hayan aprobado un salvoconducto para salir del país, en violación de la Convención sobre Asilo Diplomático», agregaron.
Asimismo, recordaron que en medio de la campaña, en favor de Edmundo González Urrutia, candidato por la Plataforma Unitaria, durante el recorrido hecho por la dirigente política María Corina Machado a 17 estados, se documentaron actos de represalias en 16 de ellos.
Las organizaciones y asociaciones civiles registraron «al menos 22 acciones por haber suministrado bienes y servicios a la campaña. Entre ellos, el cese y clausuras por más de 30 días contra 17 establecimientos por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). Afectando a pequeños comerciantes, emprendimientos familiares de hospedaje y venta de comidas, decomisando vehículos, curiaras, sonidos».
Destacaron que en los últimos meses se han consumado 19 inhabilitaciones políticas contra funcionarios vinculados a la oposición, de ellos 12 alcaldes en ejercicio electos por votación popular. Advirtieron, además, sobre violaciones al derecho a la libertad de opinión y expresión, con 14 emisoras de radio que fueron cerradas, seis casos de censura contra periodistas y la permanencia de bloqueos contra 47 medios de comunicación digitales.
En el documento, hicieron referencia a los actos de intimidación ejercidos por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien el pasado 26 de junio en su programa Con el mazo dando declaró que tenía en su poder la data de las personas que de forma voluntaria se inscribieron para la promoción del voto a favor de la plataforma unitaria.
Argumentaron que una clara amenaza al civismo es la implementación de las llamadas Furia Bolivariana, «una forma de represión focalizada, pero con un alto grado de intimidación y amedrentamiento contra la población crítica. Con acciones de desaparición forzada temporal, detenciones arbitrarias, persecución, intentos de secuestro, amenazas, marcajes de fachadas».
Por otra parte, sostuvo que en la revocación de la invitación de la misión de observación electoral europea; la aprobación fuera del lapso de la resolución N° 240620-054, por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que modifica la normativa para acreditación de testigos y se cambia la posibilidad de ser testigo en cualquier centro y mesa limitándolo a quienes votan en las mesas; la imposición de requisitos «limitativos» para la mayoría de los migrantes venezolanos para inscribirse o actualizar los datos en el Registro Electoral; y el hecho de que en 54,71% de los centros de votación solo habrá una mesa disponible «constituyen una clara vulneración de las obligaciones adquiridas de forma voluntaria por el Estado venezolano en el Acuerdo de Barbados, para unas elecciones transparentes, libres, competitivas, y justas».
Las organizaciones firmantes alertaron sobre un patrón sistemático, «generalizado y ejecutado por la institucionalidad estatal, para violentar derechos consagrados en la Constitución y en los tratados y pactos internacionales de DDHH».
Advirtieron que estas actuaciones lesionan el derecho de la población a elegir y ser elegidos y profundizan las restricciones en el espacio cívico.
«Pedimos a usted, como máximo representante del sistema de protección de DDHH de las Naciones Unidas, el monitoreo, la voz alta y clara, así como agotar todas las acciones dentro de su mandato para acompañar a la población venezolana en su derecho a dirimir de manera pacífica y participativa sus conflictos».
