ONG Espacio Público denuncia 38 agresiones a la libertad de expresión en febrero
Espacio Público detalló que las víctimas más frecuentes de violaciones a la libertad de expresión fueron trabajadores públicos (28%), periodistas (24%) y los medios de comunicación (20%). Mientras que los victimarios fueron, en su mayoría, instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y funcionarios
Trabajadores públicos, periodistas y medios de comunicación fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro en el mes de febrero. Así lo denunció en su reporte mensual Espacio Público, organización no gubernamental encargada de impulsar y defender el derecho a la información y la responsabilidad social en medios.
De acuerdo al informe de la ONG al cierre del segundo mes del año documentaron 19 casos, que corresponden a 38 violaciones a la libertad de expresión. Destacó que las agresiones más frecuentes fueron: la censura, la intimidación y las restricciones administrativas.
Espacio Público detalló que las víctimas más frecuentes de violaciones a la libertad de expresión fueron trabajadores públicos (28%), periodistas (24%) y los medios de comunicación (20%). Mientras que los victimarios fueron, en su mayoría, instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y funcionarios.
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Espacio Público sobre las arremetidas a la prensa
De acuerdo al reporte de Espacio Público una vez más la prensa sufrió las arremetidas del gobierno. Sobre esto recordó que el Ministerio Público del estado Carabobo, citó en calidad de «investigado» al reportero de El Carabobeño, Kevin Arteaga, a propósito de la cobertura que hizo a una protesta por servicios.
Dos semanas antes de ser citado el comunicador, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), solicitó al medio consignar los datos filiatorios del periodista, sin explicar el motivo de ese requerimiento.
Arteaga acudió a la Fiscalía de Valencia, y fue recibido por María Alejandra Macualo Cermeño, fiscal auxiliar interina de la Fiscalía Primera de Carabobo, quien le informó que el procedimiento que se le adelantaba tenía que ver con la cobertura de una protesta y dar a conocer las denuncias de los habitantes de esa comunidad, detalló Espacio Público.
La ONG que promueve la defensa de la libertad de expresión en Venezuela también se refirió a la visita de una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a la residencia de la periodista de Class 98.7FM, Luisana Suárez, el 25 de febrero, tras una denuncia que hizo la periodista sobre la falta de anticonceptivos en el ambulatorio de la localidad.
«Tuve una conversación por nota de voz con el coordinador del Programa de Planificación Familiar del Ambulatorio, a quien no le pareció lo que yo escribí y me pidió investigar, me dijo que no fuera a colocar en las redes que él me está amenazando, sin embargo me llegó el Sebin a la casa», detalló la comunicadora.
Otro de los hechos que evidencian las arremetidas a la prensa fue el amedrentamiento de la directora de prensa de la gobernación del estado Vargas, Yhojana D’ Auria, al reportero gráfico de Últimas Noticias, Jesús Gazzaneo, cuando cubría una pauta en la avenida José María España.
Las autoridades regionales habían preparado un desfile cívico-militar para celebrar el “Día de la Guaira” y mientras Gazzaneo tomaba unas fotografías, fue abordado por un colega de la gobernación, quien le ordenó retirarse del lugar por donde pasaban las personas que estaban desfilando.
Apagar medios
En el reporte correspondiente al mes de febrero de Espacio Público, se denunció que el diputado de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, electa en los cuestionados comicios del 6 de diciembre, Diosdado Cabello, sugirió en transmisión de su programa en vivo Con el Mazo Dando al Ministerio Público abrir una investigación contra el portal Efecto Cocuyo.
La amenaza surgió luego de que el medio hiciera referencia en su página a un reportaje publicado por la revista Semana de Colombia acerca de la supuesta presencia de líderes guerrilleros de las FARC en territorio venezolano.
“Esto debería ser motivo de una averiguación por parte del Ministerio Público y que ellos demuestren que eso fue aquí en Venezuela. Ni siquiera tienen el detalle de decir ‘supuestamente en Venezuela’. No. Ellos aseguran que es en Venezuela. Si ellos aseguran eso, deberían tener pruebas”, aseguró Cabello.
Otro de los hechos que vapulearon la libertad de expresión en Venezuela en febrero fue la orden de funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de apagar la señal de transmisión de la emisora de radio VEA 100.7 FM en el estado Falcón.
Régulo López, propietario de la emisora, atribuyó la salida del aire a «retaliación política de algún personero de Caracas, porque la notificación se fundamentó en el tipo de lenguaje y en algunas opiniones ofrecidas en un programa de opinión que mantiene la radio en horario del mediodía».
«La remoción de contenidos digitales bajo presuntas vulneraciones del derecho de autor es un patrón de censura indirecta registrado en América Latina, un mecanismo utilizado en contra de activistas y organizaciones que defienden derechos humanos para dejarles fuera de línea. Algunos proveedores de servicios no ofrecen garantías a los afectados para rebatir las medidas ni defenderse, lo que resulta arbitrario», afirmó Espacio Público.
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