Operación Gedeón acumula más de 50 detenidos bajo secretismo y vicios legales
De la Operación Gedeón abundan las dudas, el secretismo y los vicios legales alrededor de los más de 50 detenidos que acumula el fallido plan. Dentro de las irregularidades figuran los nombres de detenidos que ya habían sido aprehendidos, la doble victimización, violación del debido proceso y desapariciones forzadas, mientras las aprehensiones son exhibidas como arroz por los funcionarios militares
Con la Operación Gedeón abundan las versiones del gobierno de Nicolás Maduro, a la par de un mar de dudas, secretismo y vicios legales. De acuerdo con el reporte de funcionarios de Maduro, hasta el 13 de mayo, más de 50 personas han sido detenidas por su supuesta vinculación con el plan develado el 3 de mayo, cuyo objetivo final era la captura del gobernante.
Según Luke Denman, uno de los norteamericanos capturados, pretendían atrapar a Maduro para llevarlo a Estados Unidos.
A la par de sucederse una tras otra la captura de personas supuestamente ligadas a la fallida incursión, familiares y defensores de los derechos humanos hacen oír sus voces para denunciar las múltiples violaciones cometidas en los procesos de aprehensión que, en algunos casos, ha rayado en la desaparición forzosa de los acusados y hasta la negación del reconocimiento y del cristiano sepelio de las víctimas.
La seguidilla de detenciones no ha parado. El ministro Jorge Rodríguez informó, el 7 de mayo, de 23 detenidos. Al día siguiente, el fiscal Saab dio cuenta de 31 detenidos “entre mercenarios y equipos de apoyo”. Luego, el viernes 8 de mayo, fueron presentados 33 de los supuestos involucrados en dos juzgados: el Tribunal 4° Nacional en materia de Terrorismo y Delitos Conexos, y el Tribunal 2° Nacional en materia de Terrorismo y Delitos Conexos. La lista de detenidos se ha engrosado con los reportes graneados de los mandos de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Dentro de los acusados el 8 de mayo hay dos ciudadanos estadounidenses, Luke Alexander Denman y Airam Berry, además de civiles y militares venezolanos. Dentro de los militares identificados, según la información dada por el fiscal constituyente, Tarek William Saab, se encuentran, entre otros, el capitán Antonio Sequea Torres, el capitán Dimas Murillo, y los capitanes Franklin Leal y Ronnyadelso Olivares. Asimismo, el primer teniente Richard Alemán Castellanos; y los sargentos primeros Víctor Perozo y Junior Ojeda.
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La presunta comisión de delitos imputados, según los casos, son terrorismo, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo; y conspiración, previsto y sancionado en el Código Penal. Asimismo, la Fiscalía acusó a algunos de los aprehendidos por traición a la patria y rebelión, previstos y sancionados en el Código Penal; y asociación, tipificado y sancionado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Gedeón suma
Dentro de las irregularidades y dudas que surgen con las detenciones, que se exhiben como trofeos de la fallida Operación Gedeón, figuran los nombres de detenidos que ya habían sido aprehendidos antes de la fallida incursión. Muestra de ello es que las madres de Gerardo Coticchia y Víctor Perozo denunciaron públicamente sus desapariciones el 29 de abril. Sin embargo, el fiscal constituyente incluyó a ambos ciudadanos en la lista de detenidos del 6 de mayo.
Perozo es sargento de la GN, y de acuerdo con la información dada por las madres de los detenidos, también se señala que se habían llevado al capitán Richard Alemán, otro de los que el fiscal Saab reporta como aprehendido dentro del plan Gedeón.
La casa de la familia de Alemán, en Puerto Cabello (Carabobo), según el testimonio de las madres de Coticchia y Perozo, fue allanada y la información que tenían en abril era que Alemán había sido trasladado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas.
#29Abr Betty Guerra, madre de Gerardo Coticchia; y Luz María Durán, madre del sargento de la Guardia Nacional, Víctor Perozo, denuncian la detención y desaparición de civiles y militares por parte del régimen de Nicolás Maduro. #Código58 con @marianitareyes por #TVV pic.twitter.com/PS0tk6ql0F
— TVV Noticias (@TVVnoticias) April 30, 2020
«El 6 de mayo de 2020, por funcionarios adscritos a la Dgcim fueron aprehendidos Dimas Murillo, Franklin Leal, Ronny Olivares, Richard Alemán, Víctor Perozo, Júnior Ojeda, Ángelo Rosales y Gerardo Coticcha», anunció el Ministerio Público.
Tarek William Saab: Por su parte, los aprehendidos el #6May de 2020 por funcionarios adscritos a la DGCIM fueron Dimas Murillo, Franklin Leal, Ronny Olivares, Richard Alemán, Víctor Perozo, Júnior Ojeda, Ángelo Rosales y Gerardo Coticcha
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) May 8, 2020
Detenidos a granel
Los anuncios militares posteriores y graneados permiten contabilizar medio centenar de detenidos, hasta el 13 de mayo. Los reportes sobre las aprehensiones, en algunos casos, son en varios momentos de una jornada. Muestra de ello es que el domingo 10 de mayo, el jefe del Ceofan, almirante Remigio Ceballos Ichaso, informó de la detención de personas, entre ellas, un sobrino del mayor general Clíver Alcalá Cordones. Ese mismo día, el ministro del Interior, Néstor Reverol, anunció que hubo tres detenidos más.
Asimismo, el 13 de mayo, la Armada reportó un detenido por la ZODI de La Guaira en la zona montañosa de Vargas, cerca de la población de Petaquirito. La acción fue difundida por el Ceofan y el resto de los organismos castrenses. En su mensaje, el Ceofan felicita a la Fuerza Armada días después de que el Ministro de la Defensa condecoró a los oficiales de la Armada que impidieron el avance de los supuestos incursores.
El #CEOFANB en @ZodiLaGuaira, a través de la 8va Brigada de Comandos de Mar de la gloriosa @ArmadaFANB, capturan a un mercenario en zona montañosa de Petaquirito ¡Seguiremos capturando más mercenarios y colocándolos a orden de la justicia venezolana! FELICITACIONES a la #FANB pic.twitter.com/QK9H4ExXlT
— @ceofanb (@Libertad020) May 13, 2020
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Asimismo, en la comunicación enviada por el gobierno de Maduro al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) se informa que la Fiscalía General de la República ha confirmado la detención de 47 personas. Esta cifra es hasta el 13 de mayo, pero ese mismo se dieron otros reportes. «Otras tantas personas tienen orden de captura por su participación en la operación dirigida a inundar con violencia y dolor nuestro país. Se trata de un crimen de lesa humanidad, ejecutado con circunstancias agravantes», asevera la carta presentada por el embajador Samuel Moncada.
“Por aire, mar y tierra, la FAN mantiene labores de patrullaje y escudriñamiento para dar con la captura de los mercenarios terroristas y apátridas, quienes financiados por el imperio, intentaron desestabilizar la paz y sosiego de Venezuela”, dijo el almirante Remigio Ceballos Ichaso.
La Guardia Nacional (GN), uno de los componentes desplegados en la búsqueda de los presuntos incursores de la Operación Gedeón, ha insistido en que «no cesan las operaciones de búsqueda y escudriñamiento. Estos mercenarios que pretendieron desestabilizar la Paz de la Patria serán capturados. ¡No escaparán de la Justicia Bolivariana».
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, analiza los reportes de los detenidos.
“Llama la atención que las detenciones por la Operación Gedeón se hacen casi a diario y los presuntos involucrados son detenidos con más facilidad que Wilexis en Petare, a quien no han podido agarrar. Pero además muchos de ellos, por su indumentaria, se ve que son gente del pueblo, parecieran pescadores. El asunto de fondo es que, durante el estado de alarma, no pueden suspenderse derechos como el debido proceso y la presunción de inocencia”, asevera el abogado Alí Daniels.
Agrega que en este caso, el gobierno de Maduro sigue incumpliendo el lapso de presentación de los detenidos ante los tribunales, el cual es de 48 horas. Recuerda que esta fue una de las observaciones expuestas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, en su informe sobre Venezuela. Daniels enfatiza que ese patrón ha adquirido fuerza y se ha vuelto un hábito desde las protestas de 2017.
Doble victimización
La abogada Yasnaía Villalobos, defensora de Josnar Adolfo Baduel, puntualiza que en el caso del joven, detenido el 4 de mayo en Chuao (Aragua), el Estado ha hecho una doble victimización. Agrega que el detenido, al igual que el resto de los acusados, fue presentado ante el tribunal el viernes 8 de mayo en la noche, con lo cual se violaron todos los lapsos legales.
“La última vez que supimos del joven Baduel fue el video presentado por el gobierno el 4 de mayo, en el cual lo pusieron a declarar en una situación absolutamente írrita. Nadie puede declarar ni hacer confesiones sin un abogado de confianza y bajo un proceso penal. Y conociendo al muchacho, sabemos que nunca haría esa confesión”, argumenta la abogada Yasnaía Villalobos.
La defensora de Baduel denunció ante la Fiscalía General de la República, después de varias dilaciones impuestas por el organismo, la desaparición forzosa y la presunción de tortura. En ese sentido, subraya que la doble victimización es evidente y no basta con los videos presentados a través del canal del Estado.
«Estuvimos dos días de trámites para anteponer la denuncia en la Fiscalía desde el 4 de mayo, cuando se supo de la detención, hasta el 6 de mayo. Pero además ningún organismo nos ha dado razón sobre Josnar Adolfo Baduel, solo se obtienen respuestas negativas», subraya.
La situación de Baduel, hijo del exministro Raúl Isaías Baduel, fue denunciada también a la ONU. La abogada Yasnaía Villalobos señala que dentro de los vicios del proceso penal en la Operación Gedeón, se ubica el hecho de que las comunicaciones en las que solicitó formalizar su defensa fueron desviadas a dos tribunales sin competencia para conocer del caso. Se trata de los tribunales 22 y 23 de control del área metropolitana de Caracas.
«El tribunal 22 de control declinó la competencia y el 23 devolvió la solicitud. Se han violado todos los dispositivos y los tribunales del caso no aceptan la autorización que me da la familia para defender a Josnar Adolfo Baduel, lo que está previsto en la ley. Pero además me piden una autorización firmada, sellada y con las huellas dactilares del detenido cuando no permiten el contacto con él», subraya.
Villalobos refiere luego de consecutivas gestiones y de montar guardia en todas las instalaciones militares para conocer el paradero de Baduel, finalmente, el 12 de mayo se supo que estaba en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Esta información no fue dada directamente, pero fue uno de los datos que le dieron después de varios días, para que incluyera el sitio de reclusión en la formalización de la defensa.
Defensores públicos
La abogada de Josnar Adolfo Baduel no ha podido ejercer formalmente la defensa del detenido en Chuao junto a otros presuntos incursores. Eso implica que tampoco pudo acceder a la audiencia de presentación del 8 de mayo en la noche. Recuerda que ya han transcurrido varios días de los 45 que tiene la Fiscalía para presentar los actos conclusivos.
Además, la abogada Yasnaía Villalobos señala que cuando, finalmente, logró ser atendida en el Sebin, los funcionarios la incluyeron en una lista en la que figuraban 15 defensores públicos.
Marino Alvarado, director de investigación del Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea), señala que la imposición de los defensores públicos es un patrón que ha ejecutado el gobierno de Maduro como parte de la represión política en los últimos dos años. Este patrón se da a la par de la desaparición forzosa que se repite en el caso de la Operación, pero que también ha sido evidente las tres veces que ha sido detenido el diputado Gilber Caro (Voluntad Popular).
«El patrón de los defensores públicos suele aplicarse bajo la amenaza a los familiares que si se designa a defensores de derechos humanos, los detenidos quedarán presos», añade Alvarado.
El activista sostuvo que es poco lo que sabe de la audiencia de presentación de los primeros 33 detenidos dentro de lo que el gobierno presenta como la Operación Gedeón. La audiencia no fue pública como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), salvo en los casos de niños y adolescentes.
«En el caso de los detenidos por la Operación Gedeón, como en la masacre de la cárcel de Guanare (Portuguesa) es llamativo el silencio del defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz. En el caso de la cárcel, Ruíz se pronunció tardíamente. Pero además en los hechos del 3 de mayo hubo muertos y los familiares reclaman los cuerpos como sucedió en el caso del capitán Colina», puntualizó el coordinador de investigación de Provea.
