Óscar Pérez: a un año de una «ejecución extrajudicial” transmitida por la redes
Un año después del asesinato de Pérez y seis compañeros, sus familiares viven un verdadero calvario para lograr subsistir en medio de la crisis económica que vive el país
La madrugada del lunes 15 de enero de 2017, los venezolanos despertaron con la transmisión en vivo a través de sus redes sociales de lo que terminó siendo la ejecución extrajudicial del exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez y varios de sus compañeros.
Desde la 4:00 de la mañana comenzaron a circular en Instagram los vídeos del expiloto en los que aseguraba estar “rodeado” por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
Pérez indicó que se encontraba en la carretera nueva de El Junquito (municipio Libertador, Distrito Capital) negociando con los funcionarios y fiscales que se encontraban en el sitio, para entregarse junto a otras seis personas.
En los audiovisuales se podía observar al hombre asegurando que la orden era asesinarlos, o por lo menos eso era lo que manifestaban escuchar de los funcionarios. “Literalmente nos quieren asesinar, no los acaban de decir… estamos negociando para entregarnos y lo que hacen es dispararnos”, expresó.
Funcionarios de la Guardia Nacional, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, fueron los encargados del operativo
Hasta la madre de Pérez, Aminta Péréz, publicó un vídeo para asegurar que su hijo deseaba entregarse a las autoridades y responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de “cualquier cosa que le llegase a suceder”.
Sin embargo, esto no fue suficiente. Pasado el mediodía de aquel lunes el Gobierno hizo público el “desmantelamientos de una célula terrorista”, alegando que los involucrados se habían enfrentado a las autoridades.
Junto a Pérez fueron ajusticiados, Daniel Soto (30 años), Abraham Noé Lugo Ramos (30 años), José Alejandro Díaz Pimentel (36 años), Jairo Simón Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini y Lisbeth Ramírez de (26 años)
La comunidad nacional e internacional manifestó su asombro por este hecho, que la Asamblea Nacional catalogó como una «masacre», perpetrada por el gobierno de Maduro, una ejecución a la que todos los ciudadanos tuvieron acceso por medio de las redes sociales.
El Parlamento inició inmediatamente las investigaciones y acompañó a los familiares para que los cuerpos de estas personas fuesen estregados. Sin embargo, el calvario apenas comenzaba, las trabas para identificar los cuerpos y el hermetismo del Gobierno se hizo presente por varios días.
El diputado por la Mesa de la Unidad Winston Flores, informó el jueves 18 enero que de manera extraoficial, se sabía que el Gobierno había ordenado la cremación de los cuerpos del exCicpc Óscar Pérez y José Alejandro Díaz Pimentel. Solo con presión nacional e internacional se evitó que esto se concretara.
Pero las trabas persistieron. El sábado 20 de enero, la diputada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Delsa Solórzano informó desde las afueras de la morgue de Bello Monte, que los familiares de los ejecutados en el operativo se encontraban en conversaciones con las autoridades para la entrega de los cuerpos
Ese mismo día las autoridades sacaron de la morgue los cuerpos de Abraham Agostini y José Díaz Pimentel, y los abrían trasladados hasta el Cementerio del Este, para llevar a cabo un entierro sin actos velatorios previos ni la presencia de sus familiares.
Por otra parte, el cuerpo de Daniel Soto fue trasladado hasta su natal Maracaibo, lo mismo se repitió con los hermanos Abraham y Jairo Lugo y Lisbeth Ramírez, todos entregados a sus familiares, algunos con el ataúd sellado y otros con la prohibición de velarlos. Los cuerpos debía ir directo a la fosa.
Un sinfín de detenciones
Desde la comisión instalada en la AN para investigar la denominada “Masacre de El Junquito”, donde resultaron asesinados Óscar Pérez y otras seis personas, se informó que hasta este 22 de enero de 2017 había 31 personas detenidas por este caso.
Entre los apresados se encuentran familiares y amigos cercanos de los fallecidos: Williams Alberto Aguado Sequera, Joaldy Javier Deyón González, Juan Carlos Urdaneta Marcano, Eva María Lugo, Laura Vanessa Ruíz Lugo y Antonio José Pérez Cisneros, son los nombres de algunos de los relacionados con Pérez que continúan detenidos.
Durante todo el 2018, la lista fue incrementando nombres entraron y salieron de ella, militares y civiles comenzaron a formar parte de la «operación Gedeón», como denominó el Gobierno al grupo insurgente
Tal es el caso del periodista Isnardo Bravo, a quien detuvieron por varias horas en la sede de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleita, y al salir le prohibieron cualquier pronunciamiento sobre el caso.
El 19 de diciembre de 2018 se dieron a conocer más liberaciones. Seis primeros tenientes, un teniente retirado, un taxista y un mecánico automotriz, identificados como Yoardy Deyon, Juan Carlos Urdaneta, Laura Ruiz, primer teniente Robert Escalona, primer teniente Johander Ceiba, primer teniente Anderson Pérez. Todos ellos se encontraban recluidos en el internado militar de Ramo Verde.
Por su parte Eva Lugo Quintero, el primer teniente Torres, primer teniente Alberto Maita y primer teniente J. Sandoval, pasaron junto a William Aguado y Antonio Pérez Cisneros a ser juzgado en prisión.
Un pérdida que no se logra superar
Luego del sufrimiento y los días de agonías, todo volvió a la “normalidad” para las familias de los ejecutados. El exilio fue la vía para muchos, para otros el duelo fue tal que las secuelas de aquella pérdida han marcado sus vidas.
Tal es el caso de Dana Viva, madre de los tres hijos de Óscar Pérez, quien luego de la decisión de su esposo de sublevarse en contra del Gobierno, fue sacada de su apartamento en Caracas y debió exiliarse junto a su pequeña familia para resguardar su vida.
Pocos días después del asesinato del exinspector del Cicpc, la mujer hizo pública una campaña para recolectar fondos destinados para ayudar con la manutención de los hijos del exfuncionario y a su familia
Dana Vivas expresó que hace la campaña de recolección de fondos solo por los familiares de Óscar Pérez porque no tiene la posibilidad de validar información de identidad de los allegados a las otras víctimas.
El Gobierno siempre hizo todo por dar con el exfuncionario y sus compañeros, y es por eso que desde septiembre de 2017 habían decidido arrestar en la sede del Sebin en el Helicoide, a Dayana Santana, esposa de José Díaz Pimentel.
Para el momento de la ejecución de su esposo la mujer estaba presa, sus hijos quedaron solos y sin padres que aliviaran aquella triste noticia
El 25 de septiembre de 2018 se difundió una campaña con el fin de recoger fondos para ayudar a Zeila de Agostini, de 61 años, madre de Abraham Agostini. Su salud decayó desde la muerte de su hijo, perdió la audición y ya casi no logra ver, las cataratas en su ojos obstaculizan su vista.
También debe hacerse cargo de las tres hijas del joven que quedaron huérfanas y viven en situación de pobreza extrema, por lo que se vieron obligadas a dejar la escuela.
Mucho les ruego unirse a esta campaña. Apoya a la familia Agostini. Se trata de la Sra Zeila Agostini, madre de uno de los héroes asesinados junto a Óscar Pérez https://t.co/gIaZAhgL5x
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) October 26, 2018
Mientras estas familias sufren la muerte trágica de sus seres queridos y viven el vacío que esto dejó, el Ejecutivo enterró el caso y asegura que las muertes fueron consecuencia del alzamiento en su contra, todo con la idea de ser «un plan desestabilizador», que buscaba poner fin a su mandato.
Sin embargo el mundo entero presenció aquellas muertes, producto de un alza en contra del Gobierno, la salida más simple para un caso de un vil asesinato que todos presenciaron a través de las redes.
*Lea también: Los datos que debes saber sobre el exinspector del Cicpc Óscar Pérez #Cronología
