Parlamento ratifica ilegalidad de bonos Pdvsa 2020 para evitar perder Citgo
Los diputados del PSUV no aprobaron el informe, pues alegan que la Asamblea Nacional se contradijo al haber cancelado los intereses del bono Pdvsa 2020 en mayo y ahora ratificar su ilegalidad
Citgo, uno de los principales activos de la República en el exterior, forma parte de los reclamos de la llamada bancada de la Patria (Partido Socialista Unido de Venezuela y aliados) desde que se reincorporó hace tres semanas al parlamento venezolano, y que desde la oposición se han comprometido en resguardar de los acreedores que reclaman el pago del bono Pdvsa 2020.
Durante la sesión ordinaria, los diputados opositores aprobaron un acuerdo para ratificar la ilegalidad de estos bonos debido a que se colocó como garantía a Citgo en un contrato de interés público, en violación a los artículos 150, 311 y 312 de la Constitución, en medio de los reclamos del PSUV que pedía apurarse “porque ya había llegado la marcha” de los indígenas en solidaridad con el pueblo de Ecuador.
Sigue la sesión y la bancada chavista se queja porque se tienen que ir a la marcha indígena (3:30 pm) pic.twitter.com/9t19y4cU9D
— Sarai Coscojuela (@SaraCosco) October 15, 2019
Los parlamentarios opositores alegaron que utilizar como garantía a Citgo es violatorio de la Constitución, pese a que Elías Matta (Un Nuevo Tiempo – Zulia) reconoció que es cierto que en cualquier otro contrato interés no es necesario el control parlamentario, siempre y cuando la empresa muestre sus balances, tal como lo señaló Julio Chávez (PSUV – Lara).
Matta, el último orador de la sesión, dejó en claro que en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se condujo al peor endeudamiento de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la principal empresa productiva del país, especialmente a partir de 2006.
*Lea también: Entérate de lo que ocurre este #15Oct en la Asamblea Nacional
El diputado zuliano también aclaró que desde 2016 la Asamblea Nacional está advirtiendo sobre la ilegalidad de las deudas contraídas por el entonces gobierno de Maduro, y por ello en el parlamento se aprobaron tres acuerdos al respecto, mientras el gobernante insistió y contrajo esa nueva deuda, que puso en una situación delicada a Citgo.
Y es que el 51.1% de las acciones Citgo fue colocada como garantía del pago del bono Pdvsa 2020, algo que Matta calificó como “único en el mundo” y un “disparate”, al tiempo que justificó el pago de 71,6 millones de dólares correspondientes a esos títulos de deuda en mayo, y que autorizó la AN, como única forma de proteger la empresa en ese entonces debido a que no tenían la representación legal necesaria para asumir un reclamo de esta naturaleza ante tribunales estadounidenses.
“Ahora no vamos a pagar. Podemos demandar judicialmente esta garantía”, aseveró Matta.
Por su parte, Julio Chávez cuestionó que en la AN se hable de la ilegalidad de los bonos cuando se pagaron esos intereses en mayo. “¿A quiénes les pagaron? ¿Quiénes se reunieron con Francisco Rodríguez quien estaba gestionando por el pago de estos intereses?”.
El oficialista afirmó que esto se trata de una jugada de Juan Guaidó, reconocido como mandatario encargado desde el 23 de enero por más de 50 países, para “apropiarse de Citgo”.
“Después que lo pagaron (los bonos), ahora van a un tribunal para declarar la nulidad de esta operación y que se congele la cuenta (…) Bancada rastrojera, seguro hay comisiones muy jugosas”, dijo Chávez.
Por su parte Carlos Bastardo, a nombre de la fracción 16 de julio, pidió que se solicitará dentro del acuerdo un informe al procurador especial, José Ignacio Hernández, sobre el estatus de las deudas y las posibles soluciones a este problema. La petición no fue tomada en cuenta a la hora de la votación.
Aunque no estaba incluido dentro de ninguno de los debates del día, la Asamblea Nacional también aprobó en este punto el nombramiento de la junta administradora ad hoc de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de Pdvsa.
Este acuerdo también autorizó a Juan Guaidó para designar a los miembros de esa junta para que actúen en su nombre y en coordinación con el procurador especial.
La junta administradora quedó conformada por Miguel Antonio Soto Quintana, Javier Alejandro Rodríguez Rubio, Javier Ricardo Linares Peña, Guillermo Andrés Benzecry Izaguirre y Luis Eduardo Giusti Lugo.
Crisis universitaria
El Parlamento venezolano también aprobó un acuerdo sobre la defensa de la universidad venezolana. Se establece que desconoce la sentencia 0324 de agosto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerar que es contraria a los intereses de la República, violar la autonomía universitaria y usurpar funciones de la AN.
Además se crea una comisión de diputados y universitarios para canalizar ayuda material necesaria que los ayude en su labor. A esta comisión también se le ordenó revisar el marco jurídico para adecuarlo a las necesidades actuales.
En el debate, la presidenta de la Federación de Asociación Venezolana de Profesores Universitarios (Fapuv), Lourdes Ramírez, dijo que estamos en una «catástrofe nacional educativa» debido a la continua violación de la autonomía universitaria y las condiciones que enfrentan los gremios, estudiantes y profesores en general.
En 2018 se eliminaron las convenciones colectivas, dijo Ramírez, al tiempo que destacó que también ese año aumentó la represión hacia el sector universitario, persiguiendo estudiantes y la poca asignación de recursos con los cuales mantener la planta física.
También se refirió a la sentencia 0324 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en agosto de este año, y que a su juicio pretende imponer autoridades universitarias en 10 casas de estudios superiores.
“Para lograr la democratización deben ir a elecciones todas las universidades, pero con nuestros reglamentos”, afirmó la presidenta de Fapuv, al tiempo que instó a la Asamblea Nacional a legislar en base a una ley de presupuesto y financiamiento universitario.
Lourdes Ramirez, presidente de Fapuv: Desde 1999, después de darle rango constitucional a la autonomía universitaria, empezó un ataque desmedido a las universidades. pic.twitter.com/d5bXXElR2l
— Sarai Coscojuela (@SaraCosco) October 15, 2019
Por su parte, el consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jesús Mendoza, se refirió en su derecho de palabra al exministro de Educación Universitaria Hugbel Roa –sentado en la bancada del PSUV- y dijo que le quedó “grande” el cargo y quizás “el chanchullo le salió mal porque lo botaron rapidito”.
El representante de la UCV dijo que los estudiantes han tenido que migrar caminando, en referencia al debate anterior, o trabajar porque no tienen condiciones para mantenerse.
*Lea también: Asamblea Nacional aprueba dar estatus de refugiado a los migrantes venezolanos
Ratificó que en las universidades se realizarán elecciones pero bajo sus reglamentos, “no por una sentencia cocinada en un TSJ ilegítimo” y reiteró que seguirán manifestando por sus derechos. “Nuestras armas son nuestros pupitres, hojas, nuestras ideas, las ideas que ustedes (PSUV) no tienen”.
El diputado William Gil (PSUV – Lara) respondió a estos cuestionamientos y señaló que nunca habían visto a un representante estudiantil del país defender los intereses de los rectores de universidades.
Además acusó a la oposición de seguir un guion en todas las sesiones. “Nosotros pedimos que hablen claro al país y den verdaderos pasos. Firmen un acuerdo contra el bloqueo si realmente quieren ayudar a estos sectores”.
Regresando al tema, recordó que los rectores señalados en la sentencia del TSJ, entre ellos Cecilia García Arocha de quien dijo está vinculada a los casos de corrupción del Panamá Papers, tienen los periodos vencidos. “Aquí se busca renovar a las autoridades universitarias. Hablan de democracia pero no se someten a elecciones”.
