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Participación ciudadana en estructuras comunales apenas alcanza 18%, señala informe



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consejos comunales comunidades
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Luisa Quintero | octubre 31, 2023

Las fallas del Estado en cuanto a servicios públicos y otras áreas como salud y educación son solventadas dentro de las propias comunidades por sus integrantes que, además, se alejan de estructuras gubernamentales impuestas bajo el barniz comunal (consejos comunales, CLAP, UBCH, RASS). El Centro de Investigaciones Populares señala que esta ocupación de la administración Maduro solo ha traído rechazo en la sociedad


El Estado busca imponer estructuras comunales a su antojo, mientras la sociedad venezolana se apalanca en buscar soluciones dentro de sus propios espacios comunitarios a los problemas generados por la emergencia humanitaria compleja. Así se desprende del informe semestral (marzo-agosto 2023) sobre dinámicas comunitarias elaborado por el Observatorio Convivium, que forma parte del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno.

El informe, elaborado a partir de 380 entrevistas y que analizó las dinámicas comunitarias en zonas populares en 15 estados del país, destaca que apenas 18% de las comunidades participa de estructuras comunales que forman parte del partido oficialista (Partido Socialista Unido de Venezuela). A pesar de ello, los espacios comunitarios están penetrados por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), consejos comunales, Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) o las Redes de Articulación y Acción Socio Política (RAAS).

«Ese es un dato que nos habla del estado de ánimo de la gente, de cómo viven el proceso comunal», señaló Mirla Pérez, socióloga y directora del Centro de Investigaciones Populares.

83% de los entrevistados ubica un consejo comunal y 82% reporta una estructura de CLAP en su zona. En cambio, las comunidades se integran y participan mayormente (32%) en organizaciones ajenas al oficialismo. De ellas, 38% dijo participar en organizaciones que gestiona de la Iglesia católica, 35,7% de la iglesia evangélica, 9% de partidos políticos y 10,7% de las oenegés.

*Lea también: Uppaz son una política de «terrorismo de Estado» para callar descontento en comunidades

La directora del Centro de Investigaciones Populares también detalló que 44% soluciona sus problemas a través de reuniones comunitarias, 11% a través de protestas, 24% a través de participación personal en lo comunitario y 21% a través de los CLAP o consejos comunales.

54% de las comunidades se organizan para resolver el problema de salud de alguna persona, ya sea por rifas, recolección pro fondos, bazares. Otro 57,1% dijo que prefiere resolver pero está obligado a recibir la caja CLAP por su situación económica. Solo 2,5% expresaron que prefiere recibir este subsidio de alimentación y 40,4% aseguró que prefiere resolver por su cuenta.

«No tenemos en Venezuela una comunidad muerta, es una comunidad viva que actúa en conjunto para resolver sus problemas particulares (…) en particular, rechazan este mecanismo (CLAP), la comunidad no se resigna a que le resuelvan el tema de alimentación», aseveró la socióloga.

Pérez afirmó además que desde hace unos años no se está frente a un país polarizado políticamente, sino que se está ante una gran mayoría de la sociedad venezolana que rechaza un sistema que se impone a la fuerza y se mantiene por una serie de dinámicas, como la migración, y otros sistemas de coacción (Cupaz, colectivos).

«Esta es una sociedad civil que mueve, avanza y se desarrolla y un Estado que lucha por imponerse pero encuentra límites en la propia comunidad», reiteró la directora del Centro.

También destacó que el país, «independientemente de que se logre una reconstrucción y vuelta a la democracia, no va a ser el mismo. Tenemos heridas muy profundas y cambios familiares, sociales y culturales que hoy no vemos los efectos pero se expresarán a futuro».

Infancia en riesgo

La situación de la infancia y adolescencia venezolana también fue revisada en el informe semestral del Centro de Investigaciones Populares, que alertó sobre la situación de indefensión en la que han quedado niños, niñas y adolescentes con la migración de sus padres o madres, aunado a los problemas del sistema educativo público.

La socióloga Mirla Pérez destacó el daño del horario mosaico, aplicado por maestros debido a las protestas por salarios y la situación estructural de algunos colegios públicos. 51% dijo que ve a niños y niñas a diario yendo a clases, mientras que 37% aseguró que esto es ocasional.

  • 42% dice que la asistencia es de dos días a la semana,
  • 8% va día de por medio,
  • 33% solo dice que asiste al colegio de lunes a viernes,
  • 17% asiste un día a la semana.

En la investigación del Centro también se reportó 3,3% de analfabetismo. «Cada vez aparece más alto y a medida que va haciendo crisis el sistema de educación, irá aumentando. Ese es un dato que hay que atender», señaló Pérez.

*Lea también: Con menos días de clases y reclamos salariales: así comienza el nuevo año escolar

También recordó que un niño o niña puede egresar del sistema de educación formal pero puede ser analfabeta, debido a la situación del sistema educativo.

¿Qué hacen los niños en la calle? 35% se dedica a jugar, 27% se dedica a la mendicidad, 10,8% trabaja en la calle, 9% se dedica a delinquir y 4,3% es captado por bandas delictivas. El Centro destacó que la edad mínima de captación en bandas era 10 años, pero en algunas comunidades esa brecha se redujo a los 8 años.

Sobre el tema migratorio y como afecta a las infancias, 53% dijo tener conocimiento de niños o niñas separados de sus padres debido a la migración. Cada entrevistado dijo conocer al menos cinco niños que fueron separados de sus padres.

De esos niños, niñas o adolescentes, 64,54% es dejado con sus abuelos, 22,4% con tíos y 13,2% con primos.

Delincuencia acecha las comunidades

Sobre dinámicas delincuenciales que se observan en las comunidades, el sociólogo Alexander Campos señaló que 70% expresa una situación de inseguridad, es decir, que son inseguras o que hay inseguridad alrededor de ellas.

70% de los encuestados coincidió en que el robo como el delito más frecuente dentro de sus comunidades, seguido del consumo y tráfico de drogas (42%), hurto (37%), robo en transporte público (24%), extorsión/soborno o matraqueo (15%), trata de personas (14%) y homicidios (10%).

31% además expresó haber sido víctima de delitos por parte de cuerpos de seguridad y otro 37% dijo tener conocimiento de delitos cometidos por efectivos policiales.

El principal delito cometido por los cuerpos de seguridad dentro de las comunidades es la extorsión (43,2%), seguido del abuso de autoridad (30,8%), robos (15,6%) y asesinato (3,2%).

Cuerpos policiales

Foto: Twitter Remigio Ceballos Ichaso

El también director del Centro de Estudios Populares llamó la atención sobre las edades estimadas de los delincuentes en las comunidades. 4,8% dijo tener reporte de niños o niñas de 8 años que empiezan a delinquir, lo que se asocia al dato de la infancia en las calles y captados por bandas. Un cuarto de la población empieza su «carrera delictiva entre 12 y 15 años.

Además, 20% reportó la existencia de bandas criminales en sus comunidades lo que, explicó Campos, se debe a una «alta tendencia a la organización delincuencial. Esto no existía hace 20 años».

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