Peligro: Alcabala Policial, por Teodoro Petkoff
Desde hace varios años viene siendo denunciada, con datos muy precisos, la actuación de los llamados “grupos de exterminio”, incrustados en un buen número de cuerpos policiales regionales. El primer caso notorio fue el de Portuguesa, pero después el país fue recibiendo informaciones sobre situaciones similares en Aragua, Falcón, Anzoátegui, Guárico, Lara, Carabobo y algunos otros estados. Pues bien, el único juicio abierto contra presuntos “exterminadores” fue en Portuguesa. Ya los acusados están libres. La investigación parlamentaria sobre la actuación criminal de la policía de Guárico está a punto de quedar enterrada. En ninguna otra parte se han adelantado investigaciones a fondo, ni han sido intervenidos, por estas razones, los cuerpos policiales, ni hay nadie condenado por crímenes cometidos. Más aún, sólo ahora, seis años después, es que el Estado venezolano viene a admitir su responsabilidad en las “desapariciones” habidas en Vargas para la época del gran deslave. Fue este el primer caso de actuaciones policiales delictivas en el gobierno de Hugo Chávez. Visto lo que ha ocurrido en distintos estados y la magnitud y extensión de las prácticas criminales, a las palabras de ayer del Presidente sobre la masacre de Kennedy no hay por qué negarles la sinceridad pero también es imposible no apuntar que sonaban huecas, como el ruido de un barril vacío. Después de casi siete años en el gobierno el país esperaría hechos y no palabrerío. Porque condenar y dolerse de la muerte de inocentes estudiantes es fácil. Lo difícil es liquidar definitivamente la filosofía policial que lleva a tales monstruosidades. Una filosofía que da carta blanca a los asesinatos policiales y garantiza la impunidad de los autores, que sólo cuando se les va la mano, como en Kennedy, corren el riesgo de un juicio.
Castigar ocasionalmente —y tan sólo ocasionalmente— los llamados “excesos”, únicamente cuando caen inocentes y es imposible no actuar, es una manera de reforzar la impunidad. Los matones, en la práctica, cuentan con la protección del gobierno. Pero no sólo del gobierno. Las políticas de “plomo al hampa” se sustentan sobre la muy equivocada conciencia social de que la eliminación física de hampones es parte de la “solución”. La aprobación general —rota sólo cuando tienen lugar “excesos” — alimenta la convicción oficial de que la muerte de presuntos o reales delincuentes es apreciada por la población y, a la postre, “da votos”. Peor aún, quienes abogan por una conducta policial que no sea ella misma parte del problema delictivo son tachados de “defensores de delincuentes”. Es el drama que conocen las ONG de Derechos Humanos. Es curioso cómo la gente no percibe que a pesar de la matanza sistemática de hampones, reales o supuestos, la delincuencia es cada día peor. Ya esto sería suficiente para pensar que ese no es el camino y que lo que el país necesita son cuerpos policiales educados y entrenados tanto en lo específico de su función como en el respeto a los derechos humanos, para que la prevención y represión del delito adquieran la eficiencia y la eficacia que hoy no tienen. La matanza de Kennedy no puede quedar en palabras de condolencia y condena ni en la mera sanción penal a los autores directos del crimen. Debería ser el punto de partida para instaurar toda una nueva filosofía policial en el país.
