Persecución, torturas y violencia sexual: parte de los delitos señalados por Misión ONU
Los expertos de la Misión de Determinación afirmaron que el crimen de persecución y los delitos vinculados (detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura y violencia sexual) «se produjeron como parte del mismo ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en cumplimiento de una política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición»
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó este martes 17 su último informe sobre «una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente», como se refieren a la situación del país tras las acciones del gobierno de Nicolás Maduro para «aplastar» a la oposición, especialmente luego de las elecciones presidenciales.
El informe, que abarca casi un año de denuncias (septiembre de 2023 – agosto de 2024), destaca la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos como la intensificación de las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, además de irregularidades al debido proceso, respecto a las manifestaciones en rechazo a los resultados electorales del 28 de julio.
La Misión de Determinación, encabezada por Martha Valiñas y los expertos Patricia Tappatá y Francisco Cox, afirma que tiene «motivos razonables para creer que, durante el marco temporal de su mandato, se ha cometido el crimen de persecución» en Venezuela.
Los expertos afirmaron que este crimen de persecución y los delitos vinculados (detenciones arbitrarias, desapariciones, tortura y violencia sexual) «se produjeron como parte del mismo ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en cumplimiento de una política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición».
También se insistió en que todas estas violaciones y crímenes «fueron cometidos intencionalmente como parte de este ataque, y que los autores materiales e intelectuales tuvieron conocimiento del ataque y de que sus actos formaron parte de éste».
Además del crimen internacional de persecución, ¿qué otros delitos documentó la Misión?
- Detenciones arbitrarias:
Durante el período previo a las elecciones, se investigaron 42 casos de detenciones arbitrarias. «En el marco de la campaña electoral, las autoridades detuvieron y sancionaron a decenas de personas que participaron, prestaron apoyo logístico o publicitaron en las redes sociales los actos de la Mesa de la Unidad Democrática».
En la mayoría de los casos investigados, «las detenciones estuvieron acompañadas o seguidas de graves y sistemáticas violaciones del debido proceso».
Además, la Misión dijo que tiene motivos razonables para creer que de las 49 víctimas de detenciones arbitrarias investigadas, 13 fueron además víctimas de desapariciones forzadas de corta duración, 13 de tortura y ocho de violencia sexual y de género.
2. Tortura:
Entre los métodos de tortura documentados durante este período están los golpes con puños y planchas de madera o bates envueltos en espuma, descargas eléctricas, incluyendo en los genitales; asfixia con bolsas de plástico; inmersión en agua fría; privación de sueño con iluminación constante y música a alto volumen.
«Estos métodos coinciden con prácticas documentadas anteriormente y usadas por la Policía Nacional Bolivariana y los servicios de inteligencia de Venezuela», aseguró la Misión.
Se destacó el caso del estudiante John Álvarez, detenido el 30 de agosto de 2023 y torturado físicamente y sexualmente en una comisaría de Caracas. El joven recibió descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo, lo que dejó secuelas físicas. La tortura se aplicó para obligarlo a incriminar a diversos líderes sindicales, políticos y periodistas en supuestos planes conspirativos.
La Misión investigó otros siete casos y recibió «alegaciones adicionales que no pudieron investigarse en detalle por temor a represalias de las víctimas o sus familiares».
Los expertos recordaron que la tortura «tiene un impacto de largo alcance en las víctimas y sus allegados» y ninguna de las víctimas que han sido identificadas desde 2019 han recibido reparación alguna del Estado, a pesar de que continúan necesitando atención especial para superar las secuelas físicas y mentales.
3. Violencia sexual y de género:
La Misión de Determinación indicó que la violencia sexual y de género «tuvo un fuerte incremento» luego del 28 de julio. Estos actos se cometieron «durante las detenciones, en el marco de los interrogatorios y en lugares de detención».
Las principales víctimas fueron las personas detenidas y los familiares que las visitaron en los centros de detención, sobre todo mujeres y niñas.
Los expertos también recibieron «numerosas alegaciones de insultos sexistas durante las protestas y actos de desnudez forzada y requisas invasivas en varios centros de detención».
«Los actos de violencia incluyeron amenazas de violación o de otras formas violencia sexual y reproductiva (incluido un caso en el que se amenazó de producirle un aborto a una adolescente embarazada); manoseo de senos, glúteos y genitales; desnudez forzada delante de custodios y otros detenidos de sexo opuesto, en ocasiones con la obligación de realizar ejercicios físicos; requisas invasivas; innumerables insultos sexistas; y denegación de derechos sexuales y reproductivos de mujeres embarazadas o lactantes en reclusión».
La Misión investigó el caso de dos adolescentes, de 15 y 17 años, que fueron detenidas durante las protestas sin haber participado en ellas. Efectivos de la Guardia Nacional las «detuvieron, las golpearon, les tiraron del pelo, las tildaron de “perras guarimberas” y a una de ellas la tocaron entre las piernas por encima de su ropa. Posteriormente fueron trasladadas al comando de la Guardia Nacional Bolivariana, donde fueron golpeadas y humilladas. A una de ellas la obligaron a bajarse los pantalones y le tocaron los genitales».
En otro caso, una familiar de una persona detenida fue extorsionada por un funcionario «que le exigió favores sexuales a cambio de mejorar las condiciones de detención de su familiar».
Tras las elecciones, la Misión recibió múltiples denuncias de requisas invasivas y de desnudez forzada de mujeres y niñas detenidas. «Estas prácticas se identificaron especialmente en el Instituto Nacional de Orientación Femenina».
«Nunca me habían hecho eso. Fue horrible: nos revisaron a todas con el mismo guante, el mismo dedo. Me maltrataron ahí abajo y es antihigiénico, ¿y si se me pega alguna enfermedad?… No lo he contado a mi familia, porque me da pena».
— Kaoru Yonekura (@kaoru_yonekura) September 5, 2024
4. Desapariciones forzadas:
En la mayoría de los casos investigados por la Misión de Determinación, la información que obtuvieron los familiares sobre el paradero de personas detenidas fue extraoficial o por medio de conocidos.
Los recursos y denuncias ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo quedaron sin respuesta. «En al menos tres casos, los abogados intentaron presentar recursos de habeas corpus, que no fueron recibidos».
«En todos los casos de desaparición forzada investigados por la misión se identificaron violaciones graves y sistemáticas al debido proceso, tales como la ausencia de comunicación con familiares y abogados, la imposibilidad de designar abogados privados o la celebración de audiencias de presentación – e incluso de juicio – en horas de la noche, a veces en los mismos centros de detención».
Los expertos también señalaron que en cuatro casos, las personas desaparecidas no fueron presentadas ante un tribunal por períodos de 30 días o más.
Se destacó la situación del capitán Anyelo Heredia, a quien las autoridades vincularon con la operación «Brazalete Blanco». El fiscal Tarek William Saab informó el pasado 22 de enero que había sido detenido el 19 de ese mes. «Sin embargo, la misión tiene motivos razonables para creer que, en realidad, Heredia fue detenido un mes antes, el 16 de diciembre de 2023, y que permaneció detenido en un lugar clandestino hasta el 27 de enero de 2024, donde fue víctima de actos de tortura».
La Misión aseguró que «el alto número de desapariciones de corta duración registradas durante este período, así como las reportadas en informes anteriores por la misión, muestra que no se trata de hechos aislados ni respondieron a errores procedimentales puntuales».
