A la educación universitaria el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) dedica cuatro artículos. El 31, de definiciones generales sobre el subsistema de educación superior, omite cualquier señalamiento, entre los «principios rectores fundamentales» de los estudios universitarios, sobre la progresividad que debería atribuirse al principio de autonomía, en el sentido de su progresiva extensión a todas las instituciones universitarias.
La lógica de un gobierno que se dice «socialista» debería conducir a desarrollar y fortalecer los mecanismos de autogobierno social, y en ese sentido, ¿qué comunidades más aptas para el autogobierno que las de educación superior? Pero esa no es la lógica de esta faramalla llamada «socialismo del siglo XXI».
Su lógica no es democrática, sino autocrática y ultracentralizadora, y apunta al control de todas las instituciones, y de la vida social en general, por el puño del Estado, que aquí se confunde con el Gobierno y también con el Partido, el PSUV. De allí que la autonomía se reconoce, por ahora, a las universidades que ya son autónomas, pero no se abre, en la letra de la ley y mucho menos en su espíritu, ninguna perspectiva de que esta condición se vaya a extender a aquellas que no lo son.
En el artículo 32, referido al «Principio de Autonomía», se percibe ese criterio restrictivo de ella que empapa a la LOE. Se habla de «aquellas instituciones de educación universitaria que les sea aplicable (sic) el principio de autonomía». O sea, la autonomía se reconoce para aquellas universidades que ya la tienen. Este principio de autonomía no es aplicable a las demás y por ninguna parte se establece que pudiera y debiera ser extendido a estas.
El proyecto de Ley prevé, pues, mantener sin autonomía, y por tanto sin libertad de cátedra y enteramente dependientes del Ministerio de Educación Superior, como si fueran escuelas primarias o liceos, a universidades como la Bolivariana, la Unefa, la Simón Rodríguez, etc. Estas continuarán siendo tratadas como establecimientos minusválidos, a cuyas respectivas comunidades no se las considera capaces de regirse a sí mismas y a cuyos profesores no se les reconoce «libertad intelectual».
La clave para avanzar hacia la creciente restricción de la autonomía, en las que hoy la poseen, creen haberla encontrado los proyectistas en el numeral 3 del mismo artículo, que consagra la elección de las autoridades universitarias por un cuerpo electoral integrado por «profesores, estudiantes, empleados, obreros y egresados». El ministro Navarro explicaba que cada estudiante debe ser un voto y no, como hoy, que a cada voto profesoral corresponde una determinada proporción de estudiantes. Más allá de que si se aprobara esta norma absurda, la paliza que llevaría el oficialismo en las universidades autónomas sería infinitamente mayor que las que ya ha recibido, ella no es democratizadora sino demagógica.
De hecho, mataría no sólo a la autonomía sino a la universidad como tal. Es como si el Director de la Academia Militar fuera elegido por profesores, cadetes, empleados, obreros y los oficiales egresados de ella. Puro populismo balurdo.
