Posible revisión de sanciones desgastadas marca el nuevo panorama económico de Venezuela
Una economía más libre surgió poco después de que se aplicaran unas sanciones que claramente guardan relación con la brutal contracción de la economía venezolana en los últimos años. Economistas debaten sobre los posibles efectos de una flexibilización, en un contexto de conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela que contemplan el alivio de las medidas restrictivas contra la industria petrolera a cambio de condiciones electorales para 2014. Todo está listo para firmar un memorando de entendimiento este martes 17 de octubre
Cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Orden Ejecutiva 13.808, el 24 de agosto de 2017, no solo impregnó su tinta en el documento emitido por el Departamento del Tesoro sino también en las páginas de la historia contemporánea de Venezuela.
Aunque no se notaría de inmediato, ese día marcó un antes y un después para la economía venezolana. Especialmente, dio origen a una ola de sanciones, ya no solo contra personalidades de la cúpula gubernamental del chavismo sino dirigidas a la economía del país.
La intención del gobierno estadounidense era clara. Buscaban despojar a Nicolás Maduro y sus aliados de cualquier ápice de gobernabilidad, presionarlos y crear una situación insostenible que los forzara a abandonar el poder o permitir un mecanismo que condujera a un cambio de gobierno.
La frase «todas las opciones están sobre la mesa» se convirtió en una suerte de eslogan en el Despacho Oval. Trump la mencionaba cada vez que hacía referencia a Venezuela. Aunque la interpretación más obvia era dejar latente la posibilidad de una intervención militar armada contra Venezuela, en la práctica se tradujo en un paquete de variadas sanciones que afectaron tanto a funcionarios del oficialismo como a toda la economía venezolana y, por consiguiente, a su población.
Las sanciones alcanzaron un nuevo estadio el 28 de enero de 2019 mediante la emisión de la Orden Ejecutiva 13.850, que restringía las operaciones de Estados Unidos y sus aliados con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y toda la industria petrolera venezolana.
A estas medidas se sumó la posterior Orden Ejecutiva 13.884, que además amenazaba con sanciones a toda aquella persona natural o jurídica que tuviera relación con el Gobierno de Nicolás Maduro o sus colaboradores, lo que alejó a centenares de empresas de las operaciones en suelo venezolano.
Pese a que la vocería desde Washington siempre insistió en que las sanciones no afectaban a la población sino a la casta política que ocupa el poder, es imposible discutir con los datos.
El impacto de las sanciones
Para el economista Luis Oliveros, quien estudió el impacto de las sanciones en un informe publicado para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), estas medidas no esconden sus intenciones de afectar a la economía del país en las que se aplican.
«Las sanciones están confeccionadas para generar daños en la economía. No lo digo yo, lo dice el Gobierno de EE. UU. y todos los políticos que auparon las sanciones», afirmó.
En efecto, incluso el exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, advertía sobre el efecto de las sanciones de 2019 contra la industria petrolera, ya que habló de la proyección de una pérdida de 11.000 millones de dólares anuales como consecuencia de la reducción de las exportaciones de Pdvsa debido a las sanciones.
Estados Unidos era un cliente fundamental para Pdvsa y, con la práctica desaparición de las exportaciones petroleras, Venezuela perdió un enorme porcentaje de sus ingresos.
Este fue un duro golpe para una economía rentista que toda su historia ha dependido de la importación. De acuerdo con un informe publicado en 2019 por Torino Economics, el 79% de los índices de crecimiento económico desde 1997 han tenido relación con las importaciones.
Con la caída de la producción y exportación petrolera, el Estado perdió su principal mecanismo de captación de divisas. Al perder dinero para financiar importaciones, el impacto lo recibió directamente el crecimiento económico.
*Lea también: Importación de nafta a Venezuela, un «gesto» de EEUU para promover diálogo: expertos
El informe de WOLA calcula que, hasta octubre de 2020, se habrían dejado de recibir unos 30.949 millones de dólares por conceptos petroleros debido a las sanciones, si se toman en cuenta los niveles de producción previos a las medidas y el 1% de contracción productiva mensual que presentaba la estatal antes de ser sancionada.
«Teniendo en cuenta estas cifras, creemos pertinente recordar lo expresado por John Bolton sobre que Venezuela perdería anualmente unos 11.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras gracias a las sanciones. Sin duda, ese monto tiene sentido si lo comparamos con este escenario», destacó Oliveros.
En términos de Producto Interno Bruto (PIB), se evidenció una contracción del 35% en 2019, primer año de las sanciones contra Pdvsa, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante 2020, en plena crisis económica mundial por la pandemia de covid-19, se produjo otra caída del 30%.
Venezuela acumuló ocho años continuos de contracción entre 2013 y 2021, con una reducción del PIB de 80% en este período. Las caídas anuales más gruesas se produjeron después de las primeras sanciones de Estados Unidos, hasta que en 2022 se revirtió la tendencia con un tímido rebote de la economía.
Ante estas cifras es imposible negar que, aunque es cierto que las sanciones no impiden directamente la importación de alimentos y medicinas al país —como asegura el gobierno de Nicolás Maduro—, sí se traducen en menos dinero para comprar esos bienes.
Así lo argumenta el economista especialista en la industria petrolera, Francisco Monaldi, al afirmar que la contracción de la producción de Pdvsa sí tuvo un impacto significativo en la economía venezolana, pese a que es difícil determinar qué porción de esta caída corresponde a las sanciones.
«La caída de la producción de petróleo sin duda ha tenido un impacto muy significativo en la contracción de la economía nacional ¿Qué proporción de esa caída en las exportaciones petroleras con impacto al PIB tiene que ver con las sanciones? Es difícil de establecer con claridad, pero no hay duda que las sanciones desde el 2019 han tenido un impacto importante», sostuvo.
Todos estos factores han ocasionado que la crisis económica se acentúe y repercuta en la emergencia humanitaria compleja que viven los venezolanos.
Una etapa de revisión
Con la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca en 2021, la conversación sobre las sanciones se reactivó. Los análisis de internacionalistas, politólogos y economistas apuntaban a un cambio de postura por parte de Washington, debido a la visión de que Trump tenía una política mucho más férrea ante el gobierno de Maduro, mientras que Joe Biden podría ser más flexible.
Con esta idea en mente, voceros del chavismo dejaron en claro su atención de retomar el contacto con el gobierno estadounidense y negociar un posible cese de las sanciones. El presidente de la Asamblea Nacional (AN) administrada por el chavismo, Jorge Rodríguez, reveló el oficialismo tenía la intención de reestablecer una relación comercial con Estados Unidos.
«Queremos lo que históricamente Venezuela y Estados Unidos siempre han hecho: buenos negocios. El mundo entero está esperando que el nuevo presidente asuma la presidencia en Estados Unidos. Esperamos que ese evento incluya el abandono de aquello que ha hecho tanto daño al pueblo venezolano y ha sido completamente improductivo», expresó en una entrevista para Associated Press a inicios de 2021.
*Lea también: Vicepresidente de USCC plantea revisión de esquema de sanciones hacia Venezuela
Sin embargo, no pasó demasiado tiempo antes de que la administración de Biden reconociera su apoyo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela —hasta 2023, cuando se disolvió el interinato— y expresara su rechazo hacia el régimen de Maduro. Sobra detallar que, en efecto, las sanciones contra la economía venezolana no se retiraron, o al menos no frontalmente.
A pesar de que la administración de Biden marcó distancia con el chavismo públicamente, por debajo de la mesa se gestionaba una relajación progresiva de las medidas que restringían a la industria petrolera. Apenas un mes después de que Biden asumiera la presidencia, la OFAC emitió la licencia 30A que exime de las sanciones a algunas transacciones necesarias para la operatividad de puertos y aeropuertos en Venezuela, incluyendo una autorización especial para el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) a retomar su operatividad.
En junio se ese año se produjo la primera excepción en materia petrolera, cuando la OFAC autorizó envíos de gas licuado de petróleo —conocido como propano—, a Venezuela. En aquel entonces, mantuvo el impedimento de que Pdvsa llegase a acuerdos para intercambiar el gas licuado por petróleo, en su lugar, impuso como condición pagos en divisas.
Esta licencia sería la primera de diversas órdenes emitidas desde la OFAC para permitir gradualmente un mayor margen de acción en la industria petrolera venezolana, especialmente para las empresas trasnacionales y, muy enfáticamente, dirigidas a la petrolera estadounidense Chevron, que mantenía presencia en Venezuela, pero no podía operar debido a las medidas de Washington.
Esta política se hizo más evidente en noviembre de 2022, cuando la OFAC emitió la Licencia General N° 41, la cual permitía a Chevron retomar sus operaciones en los proyectos de empresas mixtas que mantenía en Venezuela, y además importar ese petróleo a Estados Unidos, aunque prohibía pagar regalías o impuestos a Pdvsa como parte de este proceso.
A pesar de que, en teoría, la reactivación de Chevron no se traduciría en un incremento de ingresos para el Estado, sí terminó teniendo repercusión en la economía venezolana. La petrolera estadounidense se convirtió en uno de los más importantes oferentes de divisas en el mercado cambiario nacional, contribuyendo con la política de contención del tipo de cambio implementada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Al igual que Chevron, la española Repsol y la italiana Eni ampliaron su accionar en Venezuela gracias a la licencia de la OFAC que les permite exportaciones a Europa siempre y cuando no generen dividendos para la estatal. En mayo de 2023, Pdvsa firmó un acuerdo con ambas empresas para exportar gas natural licuado (GNL), para lo cual se reanudaría el proyecto Cardón IV.
Aprovechando una política más flexible por parte de Estados Unidos, el gobierno de Trinidad y Tobago también solicitó un permiso para iniciar actividades en el campo gasífero venezolano de Dragón, que se encuentra en la frontera marítima con la isla caribeña. Tras meses de insistencia, la OFAC otorgó esta concesión y el ministro de Energía trinitense, Stuart Young, viajó a Venezuela para sellar un trato de explotación gasífera con Pdvsa.
Con unas medidas mucho menos restrictivas en la práctica —pese a que muchas licencias no permiten beneficios directos a Pdvsa y al Estado—, se retoman las negociaciones para aliviar definitivamente las sanciones petroleras hacia Venezuela. En agosto empezó una ronda de conversaciones entre delegaciones representativas de Biden y Maduro, que tenían el objetivo de retomar la mesa de negociación entre chavismo y oposición, esta vez procurando obtener resultados concretos.
Tras seis semanas de conversaciones, la oposición se integró y todo está listo para firmar un memorando de entendimiento este martes 17 de octubre. Reportes iniciales de medios -que han consultado a personas cercanas a los actores involucrados- afirman que Estados Unidos estaría dispuesto a aliviar las sanciones de la industria petrolera a cambio de condiciones electorales suficientes para celebrar unas elecciones presidenciales justas de cara a 2024, además de la liberación de presos políticos.
Esta declaración de intenciones da pie a un panorama interesante para una economía venezolana libre de sanciones, pero ¿realmente tendría un impacto positivo el retiro de estas medidas?
Con o sin sanciones, recuperación cuesta arriba
Hasta el razonamiento lógico más simple indicaría que, si las sanciones ocasionaron tantos problemas para la economía venezolana, el fin de estas medidas conduciría a un proceso de recuperación.
Sin embargo, también parece haber una relación directa entre las sanciones y el cambio de políticas del gobierno chavista que dio paso a una mayor libertad económica, a través del fin del control cambiario y el cese de una guerra sin cuartel del Ejecutivo contra la empresa privada.
Una flexibilización de los controles que el oficialismo aplicaba al sector productivo y comercial privado parecen haber cambiado la realidad de la economía nacional. El desabastecimiento se solucionó, la hiperinflación desaceleró su ritmo y Venezuela podría acabar el año con un registro de crecimiento de su economía por primera vez en casi ocho años.
Predecir el comportamiento del oficialismo es un reto que ni siquiera los mejores analistas políticos pueden superar, por lo que no se puede descartar que su accionar ante el posible retiro de las sanciones podría consistir en retomar sus políticas de control, lo que a juicio de Francisco Monaldi repercutiría de forma negativa en el avance que ha tenido la actividad económica del país.
«Varios economistas argumentan que la liberalización de la economía que se ha efectuado ha sido porque esas sanciones redujeron la caída de ingresos. Construir un escenario alternativo implica tomar en cuenta que, quizás, seguirían todos esos controles y eso tendría un impacto negativo en la economía», advirtió.
*Lea también: Sundde insiste con las regulaciones al lanzar app para monitorear precios
Por su parte, Luis Oliveros desestima que esta recuperación de la economía experimentada en los últimos dos años sea tal y atribuye esta sensación a una «economía de burbujas» en la que prela el comercio, pero no el crecimiento real. En este sentido, considera que el retiro de las sanciones es fundamental para el devenir económico de Venezuela.
«Si no se retiran las sanciones, Venezuela no va a mejorar desde el punto de vista económico. Lo que podemos es seguir teniendo esta economía de burbujas, donde un sector comercial crece un poco y algunos restaurantes mejoran sus facturas; una economía de muchas desigualdades y gran pobreza», subrayó.
Luis Oliveros desestima una recuperación sostenible de la economía venezolana sin el levantamiento de las sanciones
Problemas como la escasez de combustible, la precaria producción nacional que se rinde ante un aumento de las importaciones y donde la hiperinflación se mantiene como una realidad que afectará a todos los venezolanos que ganen en bolívares, no se solucionarían a pesar de que las «burbujas» se mantengan.
«La capacidad de crecimiento va a ser poca y no será sostenible. Será bastante volátil», advirtió Oliveros.
Francisco Monaldi coincide en que una verdadera recuperación económica necesitará inversión, lo que implica irremediablemente inversión extranjera, un elemento con el que sería sumamente difícil contar si Venezuela sigue sometida a sanciones.
Desde el chavismo se intentó impulsar la Ley Antibloqueo como un mecanismo para la captación de capitales, pero como instrumento jurídico carece de confianza y legitimidad para tener una aplicación extensa. Además, después de promocionarse con fuerza en 2021, dejó de ser siquiera mencionado por el chavismo en los años siguientes. La información al respecto es considerada un secreto de Estado, puesto que la opacidad es la principal característica de esta ley.
*Lea también: Ley Antibloqueo abrió rendija a Pdvsa para recibir criptomonedas en ventas de crudo
En su lugar, una solución podría ser una reforma de la Ley de Hidrocarburos, que genere condiciones más atractivas para los inversores, aunque sería difícil de aplicarse una estrategia de estas características sin un levantamiento de las sanciones.
«Incluso si se cambiara la ley con la Asamblea Nacional actual, dados sus temas de legitimidad, sería cuesta arriba aplicarla sin que haya un cambio que lleve a la flexibilización significativa de las sanciones», destacó Monaldi.
Francisco Monaldi recalca que se necesita una descomunal inversión para recuperar el potencial de la industria petrolera
Se calcula que se necesitaría de una inversión de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares para intentar recuperar la industria petrolera nacional, además de tiempo para aplicar los correctivos necesarios. Atraer ese tipo de inversión es prácticamente imposible con sanciones.
«Con sanciones es muy difícil atraer inversión extranjera. Habría mucho miedo. Vendrían cosas muy puntuales, que no generarían el impacto económico que podrían generar las inversiones en sectores importantes como el petrolero. Pensar que Venezuela puede desenvolverse y generar crecimiento económico con sanciones, que puede mejorar de manera importante para todos, experimentar un crecimiento inclusivo, es imposible», insistió Luis Oliveros.
Así navega el barco de la producción petrolera nacional, desprendiéndose del rasgo estatista que siempre defendió y entregándose a los capitales extranjeros, pero sin un rumbo definido y a la merced de unas sanciones que podrían retirarse en el mediano plazo.
Hasta entonces, la incertidumbre se mantendrá en torno al accionar del gobierno de Maduro y especialmente a los acuerdos que logren cerrarse en la mesa de negociación de México en materia de economía y sanciones.
