Presos poselectorales excarcelados a la expectativa: con restricción y derechos limitados
Las medidas de presentación para los detenidos y excarcelados tras las protestas del 28 de julio varían. Familiares se quejan del costo que representa movilizarse a Caracas, donde están concentrados todos los procesos penales en tribunales antiterrorismo. Activistas recuerdan que siguen sin poder acceder a un expediente o juramentar abogados de confianza
Con la excarcelación, los problemas para muchos de los detenidos tras la ola represiva luego del 28 de julio de 2024 no han cesado. Reincorporarse a trabajos, manejar complicaciones de salud derivados de pésimas condiciones de reclusión y tratos crueles, así como lidiar con los costos de los traslados a tribunales son parte de las condiciones que padecen los presos poselectorales y sus familias.
Durante las manifestaciones en rechazo a los resultados de las presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, donde se proclamó la reelección de Nicolás Maduro, los cuerpos de seguridad detuvieron a al menos 2.400 personas de forma arbitraria, entre ellos decenas de adolescentes y personas de la tercera edad.
Según el Ministerio Público, hasta el 3 de marzo se excarcelaron a 2.006 presos poselectorales con beneficios procesales. Entre ellos está José Gregorio Pérez, hermano de Diego Casanova, un activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, una organización que reúne a familiares de detenidos por razones políticas antes y después de 2024.
Casanova comenta que su hermano salió bajo régimen de presentación y debe acudir el día 20 de cada mes al Palacio de Justicia, en Caracas, para firmar un libro donde consta su asistencia. Durante el «ahorro energético» decretado por el Ejecutivo, no fue atendido y tuvo que acudir al día siguiente para cumplir el procedimiento.
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Su hermano, apresado bajo supuesta incitación al odio, terrorismo, resistencia a la autoridad y daño al patrimonio público, viaja desde Charallave (estado Miranda). Tiene facilidades en comparación a otros excarcelados, pues solo debe tomar el ferrocarril y autobuses para llegar al Palacio de Justicia.
«Todavía no ha podido recuperar su trabajo estable. Lo perdió durante el encarcelamiento aunque trataron de prorrogarle durante unos meses esperando a que saliera; sin embargo pasó casi ocho meses detenido. Eso le cambió bastante la vida y está tratando de recuperarse», comenta.
Casanova también recuerda que hay detenidos de Nueva Esparta, Guárico, Lara, Bolívar y otros estados que deben acudir a Caracas para dejar por sentado que siguen en el país y no evaden el proceso judicial.
Y es que todos los procesos de los presos poselectorales se concentraron en cuatro tribunales con competencia en terrorismo ubicados en Caracas, además de los juzgados especiales para adolescentes sobre ese delito, también en la capital del país. Durante su encarcelamiento, tanto las audiencias de presentación como la preliminar y algunas de juicio fueron hechas de forma telemática.
«Las personas que son de Margarita para poder salir de la isla deben agarrar avión o un ferry hasta Puerto La Cruz, y después otros autobuses hasta llegar. Son 200 o 300 dólares cada mes para venir a una presentación, estampar una firma en un libro por un proceso que es arbitrario, injusto e ilegal», puntualiza el vocero del Comité.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha tenido conocimiento que los procesos judiciales se mantienen, hasta el momento, estancados en tribunales. Un abogado consultado por TalCual afirma que los defensores públicos son conscientes de la situación y solo dicen a los excarcelados que deben «esperar».
«Esos juicios no tienen ningún sustento legal y es probable que no avancen, de no ser por una orden política», insiste.
Excarcelados a espera de tribunales
El coordinador de exigibilidad jurídica de Provea, Marino Alvarado, señala que algunas personas excarceladas están sometidas a regímenes de presentación muy duros, pues deben presentarse de forma semanal o quincenal.
«Hay otros que tienen un régimen de presentación más flexible. No hubo un criterio de parte de los funcionarios para establecer por qué uno se presentan cada mes o por qué otros se presentan semanalmente. Esto quedó muy al criterio de cada juez que tomó la decisión», destaca Alvarado.
Diego Casanova comenta que incluso hay personas que quedaron a la orden de tribunales, es decir, deben acudir al momento en que el juez o jueza requiera de su presencia. Este es el caso de María*, una joven que pidió reservar su identidad y perdió su empleo producto del encarcelamiento.
Comenta que aún tiene secuelas de salud, como problemas gástricos, debido a la mala alimentación en prisión, además de ansiedad y estrés que en ocasiones no la dejan dormir.
«Es difícil porque esto no se ha terminado. Siempre tengo que estar disponible por si me llaman de tribunales, dejar lo que estoy haciendo y presentarme. Vives en incertidumbre porque no sabes si te van a dejar presa de nuevo, pero tampoco me voy a ir porque yo no hice nada malo, ni siquiera estaba protestando», afirma María.
Marino Alvarado también destaca que las personas excarceladas siguen teniendo dificultad para acceder a los expedientes de sus causas. «El hecho de que estén en la calle no le garantiza la posibilidad de acceder a sus expedientes, porque dependen de unos abogados públicos que no tienen mayor voluntad de trabajar la defensa de la gente».
«Ese es un proceso que sigue abierto aunque no tienen evidencia de todo lo que están imputando», dice por su parte Casanova.
Otra cuestión que también limitan a algunos excarcelados, como María, son las salidas debido a su incierto estatus legal. Al igual que a la joven, a un trabajador detenido en Guarenas le dijeron que no salga con su boleta de excarcelación, pues los casos poselectorales no aparecen reflejados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) y podrían acarrear problemas.
«A mí el abogado me dijo que no saliera con ese papel, porque me iban a empezar a preguntar por qué tengo una boleta pero no aparezco en sistema, me podían pedir plata bajo cuerda para dejarme ir, entonces imagina la situación», reclama.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
