Procesos de digitalización en el gobierno no deben alarmar, sino la tendencia autoritaria
Peajes inteligentes, digitalización del Cicpc, trámites judiciales por plataformas digitales y VenAPP constituyen la punta de lanza de un esfuerzo por parte de Poder Ejecutivo para incorporar las nuevas tecnologías a los procesos burocráticos, pero la exigencia de cesión de datos personales por parte de los usuarios, y el registro de actividades en tiempo real genera suspicacia por la posibilidad de incrementar el control social
Una serie de iniciativas de actualización tecnológica y digitalización de procesos y trámites ha puesto en marcha el gobierno de Nicolás Maduro en diferentes áreas que, aunque en principio pudiera tomarse como un esfuerzo para agilizar trámites, puede generar suspicacias por la cantidad de información que los ciudadanos estarían poniendo en las manos del Ejecutivo, algo que podría facilitar tareas de control social.
Peajes inteligentes que cuentan con sensores para el pago automático de la tasa de paso por autopistas, como el Cobretag, implementado en el peaje de Tazón, en Caracas; digitalización del Cicp; y hasta un autoempadronamiento para el censo de la población de 2020, son parte de ese esfuerzo por incorporar las nuevas tecnologías a los trámites estatales.
A la informatización de la estructura gubernamental se une la creación e impulso, por parte del Ejecutivo, del uso de la aplicación VenApp, con la que la administración de Nicolás Maduro promete respuesta inmediata a los ciudadanos que hagan denuncias de fallas en los servicios públicos o informen sobre abusos o deficiencias en las gestiones de los funcionarios. A cambio, los usuarios dan al gobierno acceso al geolocalizador del teléfono, a la cámara y hasta a enviar correos electrónicos sin que el dueño de la cuenta lo sepa.
En el caso del Cobretag, implementado en Venezuela por la empresa Cobremex, es un sistema de pago que consiste en un dispositivo que viene incluido en una pegatina que se adhiere al parabrisas del vehículo y cuya señal es captada en el peaje, que accede a una billetera virtual del dueño del vehículo y descuenta el pago correspondiente a la utilización de la autopista.
La calcomanía puede ser adquirida en Caracas y los estados Falcón, Lara, Monagas, Anzoátegui, Sucre y Trujillo. Para adquirirla, el ciudadano debe presentar su cédula de identidad, carnet de circulación, tener el vehículo y contar con saldo en su cuenta.
En cuanto a la modernización del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Ichaso, anunció en marzo de este 2022 la creación del Sistema de Investigación Antiextorsión y Secuestro (Siaes) para investigar este tipo de delitos.
Contará con una plataforma para el registro, búsqueda y verificación de datos vinculados a la investigación de los delitos de extorsión y secuestro y que, a la vez, posee interface con lo sistemas del Saime, Intt, y Siipol, lo cual permitirá generar una base consolidada, así como estadísticas, para el seguimiento, control y toma de decisiones para el combate de las bandas criminales.
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Ese mismo mes se conoció que, con la asesoría de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz prepara un formato para la recepción y el procesamiento de las denuncias, con el manejo de las informaciones aportadas por las víctimas.
Cédula inteligente y digitalización de trámites judiciales
También en marzo del presente año, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció la próxima implementación de una cédula electrónica en Venezuela.
Aunque la promesa de un nuevo documento de identidad con tecnología digital es una promesa de larga data, el director general del Saime, Gustavo Vizcaíno, explicó que el documento estará configurado con un chip electrónico para almacenar datos importantes como la información de la licencia de conducir, antecedentes de salud, tipo de sangre, datos personales y dirección de emergencia, entre otros.
En cuanto al sistema de Justicia, la resolución n° 03-2020 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), establece directrices para el trámite de nuevos procedimientos judiciales a través de un sistema digital.
En el instrumento, publicado en medio de la epidemia por la covid-19, se indica que la plataforma digital estará compuesta por una página web y un correo electrónico para cada circunscripción judicial y que las demandas y/o solicitudes deberán enviarse en formato PDF a la dirección de correo electrónico de la circunscripción judicial correspondiente que las distribuirá mediante un proceso aleatorio.
Sistema de justicia digitalizado
El abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Procesal Constitucional y magíster en Derecho Económico Europeo Roberto Hung Cavalieri, en su artículo publicado el 25 de abril de 2021 El proceso judicial venezolano y la negación de la transformación digital del proceso judicial. Otro caso de error inexcusable o más bien ignorancia inexcusable, ahora en digital, dio cuenta de una propuesta hecha por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, sobre la digitalización de los procedimientos judiciales.
Señala Hung Cavalieri, en la propuesta de Gutiérrez de reformar diversos textos normativos, entre ellos el Código de Procedimiento Civil, con un Código Orgánico de Procedimiento Civil, la máxima autoridad del sistema judicial hace hincapié sobre la oralidad y digitalización del proceso, pero que en la propuesta se desconocen los más esenciales principios de la transformación digital.
Detalla que, además de propender a la automatización y simplificación de los procesos, tales principios deben tener como prioridad, además de la administración de justicia, la atención de los ciudadanos que concurren a ella y que pueda contarse con un sistema judicial de calidad, abierto, eficaz, eficiente e interoperable.
Asegura Hung Cavalieri que, si bien la propuesta refiere que para el «logro de una administración de justicia eficiente y eficaz, los actos procesales deberán realizarse bajo medios telemáticos, informáticos y de comunicación», que más adelante dice que los actos que no se realicen en audiencia, se harán en forma «escrita digital» y que luego serán «consignados en escrito físico una vez lo acuerde el tribunal de la causa», y también, que «las actuaciones del tribunal y de las partes en audiencia se realizarán en forma oral digital, salvo que la ley o el tribunal por razones justificadas dispongan otra cosa».
«De la inteligencia de la propia redacción se extrae que en modo alguno se tiene como propuesta la implementación de un expediente digital que contando con las características que en la actualidad ofrecen las plataformas digitales de gestión documental, ofrecen mayores garantías de transparencia y seguridad en su inmutabilidad y manejo, todo lo cual incidiría en una verdadera eficacia y efectividad del proceso», señala Hung Cavalieri.
Uniendo todos estos cabos, encontramos que el Estado venezolano dispondrá de forma expedita de cuantiosa información sobre los ciudadanos, desde las ciudades que visite en su vehículo a los sitios que frecuente dentro de la ciudad, a existentes o eventuales expedientes digitales y, gracias a la VenApp, sus contactos telefónicos, todos los datos personales, la cámara de su teléfono, y su ubicación en tiempo real. Posiblemente se llegue a un registro único con toda esta información recabada a través de procesos de digitalización.
En países como China, donde rige un sistema de gobierno autoritario, la tecnología mantiene vigilado a los ciudadanos con miles de cámaras y dispositivos en calles y avenidas de las ciudades que, gracias a los algoritmos de reconocimiento facial en cuestión de segundos identifica a la persona y determina si está cometiendo una infracción. o incurre en una actitud riesgosa.
El debate sobre la adopción de estos avances en Venezuela, como generalmente ocurre con los adelantos tecnológicos surgidos en Occidente, ha girado sobre la tecnología, pero expertos consultados por TalCual coinciden en señalar que el problema no es la tecnología en sí, sino el uso que el gobierno haga de toda esta data a su disposición. Especialmente preocupa que el principal proveedor de tecnología del gobierno venezolano es China.
Confianza en el manejo por parte del gobierno
El sociólogo y periodista tecnológico Juan Carlos Araujo asegura que, por un lado, efectivamente existe un riesgo y una desconfianza sobre el uso de la tecnología y los procesos de digitalización por parte del Estado y, en este sentido, destaca que todo se remite a un tema de confianza.
«En otros países la transformación digital no fue asumida como un lujo o innovación sino como una necesidad. En Estonia, por ejemplo, cuando se independizó de la Unión Soviética en 1991, se dieron cuenta de que no tenían ni presupuesto ni infraestructura para tener un Estado tradicional, por lo que decidieron adoptar las nuevas tecnologías para sus trámites, al punto que al día de hoy, el único trámite que se hace de manera presencial es el del matrimonio porque pagar impuestos y hasta votar se hace de manera digital», refiere Araujo.
Detalla que Estonia fue uno de los primeros países en adoptar la tecnología de la cadena de bloques y cuenta con un registro unificado de cada ciudadano en el que se encuentra desde la cédula de identidad hasta el historial médico.
Sin embargo, resalta que el ciudadano es el dueño del registro y determina a quién le da acceso a determinada parte de su data.
«¿Quién será el dueño de la data en Venezuela?, ¿el Estado? El Estado siempre ha tenido información sobre uno, pero la ha tenido de manera desordenada. No es este el primer esfuerzo por parte del gobierno de Nicolás Maduro de unificar la base de datos. El sistema Patria fue el primero, pero entró la parte política, recabando información sobre si firmaste para la legalización de algún partido político o en cuál partido participas», recuerda Araujo.
Agrega que el tema de la digitalización de los registros criminales tampoco es nuevo porque ya se intentó con el llamado plan Bratton, impulsado por el entonces alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña en 2000.
Recuerda que el plan incluía el registro de huellas digitales de todo aquel que tuviera antecedentes criminales y que el plan fue engavetado una vez que Peña dejó de ser el alcalde metropolitano.
«El gobierno tiene un registro terrible en cuanto a la continuidad de sus políticas. En 2007, Hugo Chávez ordenó la utilización del software libre en todas las dependencias del Estado y eso no se cumplió ni el primer año; luego sacaron el sistema Canaima OS, una versión de Linux, pero el plan de las canaimitas murió también», precisa.
Por ello considera que la gran pregunta es si se unificarán todos los registros, si todo será absorbido por el sistema Patria, por ejemplo.
Acota que es deseable la unificación de los registros porque la redundancia genera confusión y porque una digitalización bien realizada reduce costos y haría que la estructura del Estado dependiera de menos personas, pero que la desconfianza se hace presente debido a que pareciera que el Estado tiene vigilado al ciudadano, por lo que insiste en que es el ciudadano el que debe ser el dueño de la data y no el Estado.
Es el uso, no la tecnología en sí
El profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y doctor en Ciencias Sociales Miguel Albujas dijo a su vez que preocupa muchísimo la utilización de las tecnologías y procesos de digitalización por parte de regímenes con vocación totalitaria, como es el caso venezolano.
«Un Estado tiende a recurrir al desarrollo tecnológico para, en teoría, facilitar registros y trámites en general, pero estamos hablando en términos ideales, de usarlos de una manera racional fundamentado en los valores de la democracia y sus teorías para un desarrollo del ciudadano en razón de las potencialidades que permite el Estado», explica el investigador y magister scientarum en Filosofía.
Resalta que, en el caso de los cuerpos policiales, como por ejemplo el Cicpc, ha funcionado de manera efectiva, como en la Unidad Antisecuestro, por lo que, si la información que se va a recabar se va a utilizar para enfrentar el delito, pues debe ser bienvenida.
🇻🇪 #19May Gracias a labores de inteligencia del CICPC durante 4 meses y 20 días, en impecable operación, hemos RESCATADO a la Ciudadana barinense, Frányely Guerrero, quién se encuentra segura junto a sus familiares. Al momento tenemos 4 detenidos, seguimos investigando. pic.twitter.com/81p8QkksLZ
— @FuerzaDinamica Remigio Ceballos Ichaso (@CeballosIchaso1) May 19, 2022
Hace énfasis al indicar que es el uso de la tecnología y no esta, como tal, es la que se debe condenar si está mal empleada.
«Siempre preocupa que los gobiernos con tendencia o vocación totalitaria puedan utilizar esa información para ejercer represión, castigar más al ciudadano, restringirle las libertades, por ello hay que estar atentos», señala Albujas.
Sostiene que algunos Estados o gobiernos que se presumen democráticos también pueden hacer un mal uso de la tecnología porque la tentación para ejercer el poder de forma omnímoda, absolutamente sin control, es una tendencia casi universal.
«En EEUU ocurre que pasas un peaje y no pagas y te toman una foto al carro y a la placa y después van hasta tu casa y te ponen una multa, pero allí ha habido una violación por parte del conductor. Eso estaría dentro de los límites legales, pero en China, lo vimos con el tema de la covid-19, empezaron a restringir libertades esenciales, como la de circulación, utilizando la violencia física. Entonces, si parte de la tecnología va a ser utilizada para someter al individuo y coartar las libertades, por supuesto eso debe ser rechazado».
«Hay que recordar el principio socrático según el cual a medida que empiezas a violar la ley el Estado se convierte en caótico y pierde su esencia. Si la tecnología te ayuda a preservar la condición de legalidad, una conducta racional del ciudadano, debe ser bienvenida; el problema es cuando se empiezan a transgredir los derechos básicos, fundamentales de los seres humanos, que están garantizados en las constituciones de los países de Occidente», apunta.
Precisa que lo deseable es que exista el desarrollo tecnológico y que, al mismo tiempo, las partes legal y jurídica priven sobre la vocación autoritaria, para que el mismo sea utilizado para un mejor funcionamiento de la sociedad.
Hipervigilancia en China
El sistema de vigilancia masivo e interconectado evaluará la adherencia de los ciudadanos a las normas sociales. El sistema es un engranaje más de la maquinaria de #vigilancia china y será implementado en todo el país dentro de un año. 🇨🇳 (poc) pic.twitter.com/THbAulXG2R
— DW Español (@dw_espanol) August 30, 2019
El ciudadano debe decidir sobre la información
Juan Carlos Araujo comenta que no hay que irse hasta China para ver casos como el de mostrar en pantallas gigantes en las ciudades a personas que han cometido infracciones viales.
«Las fotomultas se implementaron con mucho éxito en Ecuador, en ciudades como Quito y Guayaquil. Tienes cámaras en los semáforos y si te comes la luz te toman fotos y te llega el ticket por teléfono con la multa, así que cuando funciona, funciona muy bien, la gente tiende a no comerse la luz, aunque no haya policías a la vista”, detalló.
Destaca que, no obstante, el sistema fue implementado por una empresa privada venezolana, por lo que la municipalidad no realiza gasto alguno y tiene un ingreso adicional por las multas, de cuyos montos la empresa se queda con un porcentaje.
Coincide en que mecanismos de la democracia, como un Parlamento en el que estuvieran representadas todos los sectores del país incidirían en un uso racional de la tecnología y los procesos de digitalización y que si esta sirve para facilitar la vida del ciudadano debe ser bienvenida.
«Para mí, lo más importante es que el ciudadano sea dueño de la data, que decida esto va, esto no va. Ahí tienes el debate sobre Facebook en EEUU, sobre el acceso a los datos del usuario, pero en ese país se tarda solo dos semanas en registrar una empresa, se llena una planilla por internet y no hay que contratar a un abogado para que haga el documento», señala.
No constreñir las libertades
Miguel Albujas asegura que, pensando en términos ideales, no está mal que un Estado racional posea datos o proceda a la digitalización de trámites porque los van a ser utilizados para la preservación de la vida, del derecho y el aspecto moral; pero en regímenes con vocación totalitaria, como los casos de China, Nicaragua, Cuba y Venezuela, el manejo extremo de la tecnología va a ser utilizado contra el ciudadano para constreñir las libertades de los individuos.
«El problema no es la tecnología o la ciencia, sino cómo estos cambios permiten que gente que no tiene principios y valores humanos puedan utilizarla para someter más al individuo», precisa.
«Las tecnologías, según dice Manuel Castell en La Galaxia Internet, llevan el aroma espiritual, que es una expresión de Karl Marx, de la época contemporánea, y ese fue el argumento que utilizaron las universidades frente al Departamento de Defensa de EEUU en la discusión sobre si internet debía ser público», asevera Albujas.
«Así como hay Estados que han utilizado mecanismos de control a través de la tecnología y los procesos de digitalización, también la sociedad civil ha logrado grandes rebeliones, como en la Primavera Árabe, cuando las redes jugaron un papel fundamental», añade.
Por ello, recurrió finalmente a una idea expresada por Karl Marx, en cuanto a que el desarrollo de la tecnología permitiría a los hombres dedicarse a pensar y hacer la mejor filosofía posible.
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