Proyecto de canchas de pádel desató guerra entre vecinos de La Alameda y una constructora
La construcción de un club deportivo privado con canchas de pádel ha desatado una confrontación entre vecinos de La Alameda, en Baruta, con los promotores del proyecto, que arguyen tener derecho a desarrollar una parcela de propiedad privada para ese uso. En la disputa ya están involucrados la Alcaldía de Baruta y el Ministerio de Ecosocialismo
Nadie tiene claro por qué un estudio de impacto ambiental fechado en octubre de 2022 tardó nueve meses en ser mostrado abiertamente ante vecinos de La Alameda, la urbanización en el municipio Baruta de Caracas donde las intenciones de instalar unas canchas de pádel han desatado una airada respuesta de la comunidad ante lo que considera un peligro para una parcela que califican como «bosque urbano».
El proyecto busca desarrollar una extensa área verde en la zona, que cuenta con una sola entrada por la calle B de la urbanización y cuya vía interna conduce a un tanque de agua de Hidrocapital. Se trata de una parcela que la Alcaldía de Baruta identifica como de propiedad privada con zonificación para desarrollo deportivo, como también afirman, en conversación con TalCual, Rodrigo Henríquez y Carlos Arcay, promotores del proyecto y representantes de la Urbanizadora Colinas de Valle Arriba C.A. que impulsa la construcción.
La primera vez que el documento pudo ser visto por la mayoría de los vecinos fue el sábado 22 de julio de 2023, cuando el alcalde Darwin González lo incluyó en una gruesa carpeta de papeles, el expediente «de acceso público» del caso.
«El estudio se hizo el año pasado e involucró a inspectores del Ministerio de Ecosocialismo, entre agosto y septiembre de 2022», apunta Arcay diciendo que apenas terminado lo entregaron al despacho municipal el cual, cree, «no está en obligación de entregarlo a los vecinos porque esto es propiedad privada».
Aun así, Fabiana Garantón, abogada y quien ha asumido liderazgo en las acciones vecinales, sostiene que el gobierno local nunca se los mostró en todo ese tiempo. El Concejo Municipal, dijo el edil Federico Estaba a este medio el día de aquella asamblea, tampoco pudo verlo.
El estudio tiene 64 páginas y está elaborado por la empresa Aguas Subterráneas Consulting C.A., que en su cuenta de Instagram se muestra dedicada a hacer pozos profundos en Caracas, y está titulado Estudio de impacto ambiental y sociocultural para el proyecto Centro Deportivo de Pádel La Alameda, aunque lo sociocultural se reduce a un par de párrafos.
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- El documento fue entregado por el alcalde
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- Vecinos hicieron una asamblea el 22 de octubre
En el documento, cuyo índice no refleja la ubicación correcta de sus contenidos, se concluye que «la ejecución del Proyecto no generará impactos ambientales severos sobre el medio ambiente», y que con medidas preventivas y de mitigación «se gestionarán todos aquellos aspectos que inciden negativamente sobre el entorno».
¿Qué se quiere construir?
El estudio de impacto ambiental refleja que el proyecto propone el desarrollo de «5.000 metros cuadrados para un centro deportivo de pádel con 44 puestos de estacionamiento», en el 24% de la parcela de 21.000 metros cuadrados totales -los representantes de la empresa hablan de 51 puestos y seis canchas.
Para ilustrarlo, Rodrigo Henríquez marca sobre la fotografía de toda el área cuál sería la extensión de la intervención:
Rodrigo Henríquez precisa el área a intervenir sobre la fotografía tomada para este reportaje del terreno verde que vecinos denuncian está en peligro
«El terreno cumple con todas las características para desarrollar un proyecto deportivo que incluye además otros servicios porque es un club deportivo. Lo principal va a ser el pádel, pero puede tener servicio de fisioterapia, clases de yoga, un cafetín», agrega Rodrigo Henríquez. «La idea es desarrollarlo para tener un negocio allí y brindar servicios», apunta Arcay.
Fabiana Garantón sostiene que la zonificación del lugar es residencial, y que no hay líneas claras en torno a un eventual desarrollo comercial. «El proyecto está planteado en una calle que es ciega y es muy estrecha, donde incluso cuesta que pasen dos carros, y ya hay un pádel cerca en una vía principal».
Se refiere a Capital Sport Pádel, con cinco canchas en Santa Fe inauguradas hace menos de dos años; y el Valle Arriba Athletic Club. «Además la legislación no establece los límites entre lo que es deportivo y lo que es comercial. Si te estoy alquilando la cancha hay un lucro y eso es una actividad comercial en una zona residencial que se supone está prohibida».
Plano del proyecto del Club Deportivo de pádel en La Alameda
Arcay responde afirmando que «desde el origen del urbanismo a finales de los años 70 se dejó esa parcela como deportiva. La zonificación está en el Manual de Zonificación del Municipio Baruta y El Hatillo donde se establece que esos terrenos pueden ser utilizados para clubes deportivos, sociales y parques privados. Allí existe una parcela privada con zonificación de uso deportivo y queremos establecernos visto el gran auge del deporte del pádel».
Sobre la calle, dice que la vía tiene el ancho reglamentario, pero «el problema es que los vecinos se estacionan en la curva a pesar del rallado amarillo, complicando el paso. Ya hablamos con la Dirección de Tránsito y Vialidad (de Baruta) para solicitar apoyo y poner orden ahí con eso».
En cualquier caso, los vecinos temen que instalar canchas de pádel someta a los residentes a ruidos molestos, exceso de tráfico y perturbación de los ritmos locales, amén de los efectos que tendría en la flora y fauna. En el lugar suelen avistarse guacamayas, perezas y otras especies animales, y en el municipio está vigente una Ordenanza de Contaminación por Ruidos.
«Queremos hacer la menor intervención posible, buscamos una integración con la vegetación actual. Nosotros vamos a cumplir con todas las normativas. Estableceremos un código de conducta. No habrá música excepto en eventos puntuales. Vamos a actuar como cualquier otro club en zonas residenciales como el Caracas Sport Club, el Raquet Club, el Theater Club, el Altamira Tennis Club», promete Hernández. Arcay agrega que en agosto pasado «modificamos el proyecto para mover las canchas y el cafetín lo más alejados de los edificios».
El cortocircuito vecinal
Residentes de La Alameda afirman que un estudio de impacto ambiental y sociocultural debe incorporar, al menos, entrevistas con la comunidad. Reclaman que tal cosa no ocurrió. El documento asegura, en su página cuatro, que el proyecto «cuenta con el beneplácito de la asociación de vecinos de la calle B del sector La Alameda».
«Los vecinos no han sido consultados sobre si quieren pádel, cualquier proyecto tiene que ser planificado con los vecinos», reclamó Keyla Ramírez en la asamblea ciudadana realizada el sábado 22 de julio, con presencia del alcalde Darwin González.
Desde la empresa refutan la versión. «Hubo varias reuniones con la asociación de vecinos (Asonueve) desde agosto de 2022. Allí había opiniones divididas porque algunos decían que no debía hacerse nada, pero predominó la opinión de que si estaban todos los permisos había que buscar era el beneficio mutuo», dice Arcay a TalCual. Pero una minuta de un encuentro entre las partes fechada el 10 de enero de 2023, aportada a este medio por su socio, deja constancia de que esa fue apenas «la segunda reunión».
«(En agosto) quedaron en volverse a reunir, pero no lo hicieron. Cuando vinieron fue para meter camiones en diciembre», acusa el presidente de la junta de condominio de las residencias La Alameda, Claudio Alberto Albarracín, parte de Asonueve.
Durante esa reunión del 10 de enero de 2023 «se conversó de muchas cosas y respondimos preguntas», dicen Arcay y Henríquez a TalCual aportando las dos minutas de aquel encuentro -una hecha por la empresa y otra por Asonueve-, sin rúbricas porque «a los pocos días hubo una suerte de golpe de Estado en la asociación y no se pudo firmar. Ahí comenzaron las denuncias en redes sociales».
Desde entonces no hay sino animosidad y desencuentros. De hecho, el lunes 31 de julio de 2023 Asonueve escogió nueva directiva con mayoría de vecinos opuestos a las canchas de pádel. Y aunque aún deben fijar una postura oficial, anuncian que cumplirán con hacer una consulta exhaustiva en cada apartamento «a fin de conocer si están de acuerdo en iniciar acciones legales que eventualmente impidan el desarrollo del club deportivo», como se había decidido en una asamblea anterior, el 25 de julio, según minuta a la que tuvo acceso TalCual.
Desde la empresa les dicen que «nosotros seguimos favoreciendo la armonía y estamos dispuestos a reunirnos, pero si ellos no se quieren sumar ya es una decisión de ellos».
Por otra parte, el estudio de impacto ambiental y sociocultural vuelve a mencionar a los habitantes cuando hace una recomendación, en la página 58:
«Fomentar un programa de comunicación social del Proyecto. Se debe de informar (sic) a la población hasta un buen nivel de detalle del Proyecto, dentro del margen del entendimiento que posee la población involucrada. No hay que obviar la poca instrucción que la caracteriza y el grado de aislamiento de las localidades por las cuales pasa el tendido, lo que determina en gran medida el grado de desconocimiento observado y al mismo tiempo la desconfianza y expectativas que un proyecto de esta naturaleza crea».
¿Cuál tendido? Nadie lo tiene claro. Ni siquiera los representantes de la empresa: «No entiendo nada de lo que eso dice. Habrá que buscar un intérprete», admite Carlos Arcay.
El ingeniero Juan Andrés Arévalo, vecino de La Alameda, expuso argumentos técnicos ante el alcalde
Lo que sí saben residentes de La Alameda es que se sintieron insultados por ser descritos como de poca instrucción: en esa calle viven profesores universitarios, abogados de distintas ramas y un montón de ingenieros, incluyendo al hidrometeorologista y académico de la UCV Juan Andrés Arévalo. El también habitante de la calle B afirma que el lugar es una cuenca geográfica con riesgo de deslizamientos mayores con riesgo para residencias colindantes del Ramal 2 de Colinas de Bello Monte.
«En los años 80 se hizo un estudio de riesgo geológico para Bello Monte que involucró esta área. Aquí hay unos taludes de relleno que se hicieron hace más de 40 años y no se han tocado. Hay evidencias que muestran que ha habido asentamientos tan grandes como de cinco metros. La presunción de que ahí van a meter maquinaria para aplanar aproximadamente 4.000 metros cuadrados habla de una potencial inestabilización del terreno bajo un contexto de riesgo hidrometeorológico«.
Una ecuación peligrosa, a juicio del experto, a la que habría que sumar la impermeabilización del terreno inevitable al desarrollar construcciones allí, dejando menos espacio para que el agua sea absorbida por espacios verdes cuando llueve, y escurra inundando las vías principales o incluso ocasionando deslaves.
Pero Arcay, ingeniero civil, se defiende: «El proyecto en ningún momento va a intervenir ningún talud. Usaremos un área plana de la parcela, que es producto de un relleno ejecutado cuando se hizo el urbanismo y donde la vegetación nació después de que la parela se conformó. Además, esa es una parcela que ya tiene obras de captación de lluvia. Nosotros les vamos a hacer mantenimiento a todo eso porque no queremos que se inunden nuestras canchas».
¿Cuándo comenzó este rollo?
«El año pasado, viendo la tendencia de crecimiento del pádel, identificamos una oportunidad y vimos que el terreno cumple con todas las características», cuenta Rodrigo Henríquez a TalCual. Según afirma, tomaron y modificaron un antiguo proyecto de hacer allí unas canchas de fútbol sala «cuando estaba de moda» que se abandonó «porque era económicamente inviable».
«Lo primero fue ir al Ministerio de Ecosocialismo (Minec) para una certificación técnica. Nos la dieron poniendo como medida compensatoria el sembrado de 200 árboles porque se va a deforestar un área. Luego fuimos a Hidrocapital y a Corpoelec a solicitar la factibilidad de servicios, y después sacamos la solvencia de otros servicios públicos, que en este caso es Fospuca donde ya nos inscribimos. Todos esos requisitos los llevamos a la alcaldía para que se revisara el catastro y se diera una ratificación de variables urbanas. Tenemos todos los papeles«, dice. Su socio deja colar: «Aquí nada ha salido por ninguna ruta exprés».
Según una cronología que la empresa ha divulgado a algunos vecinos, todos esos procesos ocurrieron entre febrero y septiembre de 2022, con el estudio de impacto ambiental añadiéndose el mes siguiente con su respectiva acreditación técnica por parte del Minec.
El 20 de diciembre trabajadores llegaron a La Alameda con camiones y maquinaria. Vecinos liderados por la abogada Fabiana Garantón reclamaron para evitar que los trabajos avanzaran: «cualquier tipo de obra así estaba suspendida porque era temporada de vacaciones, y existe una prohibición de construcciones en temporadas vacacionales o feriados en el municipio».
Una de las minutas del 10 de enero dice que la protesta de vecinos ante la llegada de camiones en aquel mes de diciembre ocurrió «por desconocimiento de la comunidad». En la otra, quedó registrado que «los propietarios se disculpan por haber realizado en diciembre la limpieza parcial con maquinaria sin antes haber sostenido la reunión con la comunidad».
La abogada Fabiana Garantón ha asumido el liderazgo vecinal contra la instalación de unas canchas de pádel
Garantón recuerda que el 30 de enero volvieron los obreros con una autorización de inicio de obras firmada el 13 de diciembre anterior por Harold Sosa, entonces director de ingeniería Municipal de Baruta y luego detenido el 12 de abril de 2023 acusado de corrupción por el Ministerio Público.
«El 30 de enero nos dijeron que sí tenían los permisos. En la alcaldía, Harold Sosa nos dijo que tenían las manos atadas porque él no otorgaba permisos sino inicio de obras a quienes cumplan los requisitos; que teníamos que ir al Ministerio de Ecosocialismo. Fuimos y en el Minec nos dijeron que iban a estudiar el caso», dice Garantón.
En paralelo, el abogado Juan Garantón, también residente de La Alameda, introdujo una denuncia ante el Ministerio Público, y su hija Fabiana afirma que en días posteriores desde el despacho de Ecosocialismo se confirmó que el terreno es un bosque urbano y se paralizaron los trabajos.
«Nosotros nunca tuvimos paralización de obra», responde Arcay. «Sin embargo, tanto los abogados como la consultora jurídica del Minec nos dijo que buscáramos resolver esto esto de la mejor manera y pidió actos de buena fe. A nosotros nos pidió no avanzar con la obra hasta que estuviera resuelto el tema, y a ellos (los vecinos) les pidió quitar la pancarta que está en la entrada de la calle, cosa que no hicieron».
El también ingeniero civil arguye además que el terreno no es un bosque urbano sino una parcela creada cuando se urbanizó la zona, «son otras características».
Según la empresa, esta pancarta debía ser quitada como muestra de buena fe atenfiendo solicitud del Minec
Sin calidad de vida en Baruta. @darwingonzalezp @alcaldiabaruta pic.twitter.com/f5D17Aoema
— Fabiana C. Garantón (@FGaranton) July 18, 2023
El 18 de julio un vehículo jumbo entró a la urbanización. Los Garantón, padre e hija, denunciaron que la llegada de tal maquinaria violó la norma pues requería, por sus dimensiones y el tipo de ruedas (de oruga), un permiso especial para operar allí. «De hecho, se rompió la calle», apunta Fabiana a TalCual.
La máquina no pudo avanzar mucho. Vecinos atravesaron vehículos para impedir la maniobra. Los encargados de la obra argumentaron un sobreseimiento de la causa.
Garantón destaca que los sucesos ocurrieron el 18 de julio, y el sobreseimiento judicial está firmado el 21 de julio por la jueza Isabel Feraldine Molina, del Tribunal 14° de primera instancia itinerante de sobreseimiento en funciones de control, en cuya sentencia admite la solicitud hecha por la Fiscalía 87° Nacional de Defensa Ambiental y Fauna Doméstica. Al día siguiente Darwin González lo entregó a la comunidad.
Ese 21 de julio, la constructora instaló en una verja a la entrada del terreno pretendido para el pádel un aviso declarando el lugar como propiedad privada con zonificación de club deportivo, que «posee toda la permisología exigida por los organismos competentes, Minec, servicios públicos y Alcaldía de Baruta», y que promete una integración con el medio ambiente.
«Todavía nadie había visto el estudio de impacto ambiental, ni el sobreseimiento, ni había certeza de que cuánto del sitio es propieda privada visto que tiene un tanque de Hidrocapital ahí adentro», comenta Fabiana Garantón.
«Todo eso es falso», responde Rodrigo Henríquez desde la empresa. «Lo que salió el 21 de julio fue la sentencia judical pero la solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía ocurre en fecha anterior, varios días antes. Una cosa es la decisión de la Fiscalía y otra es la sentencia». Su socio Arcay apunta que «fue la misma urbanizadora la que construyó el tanque cuando se hizo el parcelamiento, y luego fue cedido a Hidrocapital como parte de un acuerdo de servicios».
La empresa instaló esta valla informativa sobre el proyecto en la entrada de la parcela
El sábado 22 de julio ocurrió la asamblea ciudadana en la que Darwin González habló frente a una multitud de vecinos. El alcalde entregó los papeles y acordó una reunión posterior.
El 25 de julio Juan Garantón apeló la sentencia de la juez Feraldine Molina, argumentando que no se hizo una investigación exhaustiva, ni se citaron testigos, ni se consultó a la comunidad afectada, ni se comprobó la existencia de los estudios necesarios ni la legitimidad de los permisos otorgados.
Pero Carlos Arcay responde afirmando que «allí intervinieron cuatro departamentos diferentes del Minec: el de Biodiversidad, la Consultoría jurídica, la Guardería ambiental y la Dirección de Ecosocialismo en una inspección conjunta».
Vecinos escalan sus reclamos
En la reunión ocurrida en la Alcaldía de Baruta el jueves 27 de julio fueron revisados los documentos asociados al proyecto y mapas del municipio, uno fechado en 1979 y otro de 2003. En el primero, la parcela es calificada como deportiva, sin especificación de si es pública o privada, según Garantón. En el otro es señalado como parque municipal, aunque en este caso se trata de un mapa que es solamente referencial y «no oficial».
Vista la confusión, en la reunión a la que no asistió el alcalde pero sí su director de Despacho, Claudio Ripa, se acordó crear una comisión conjunta con vecinos expertos en el tema, funcionarios de Ingeniería Municipal y representantes de la Comisión de control urbano, desechos sólidos y ambiente del Concejo Municipal para comparar todos los planos, revisar los oficios correspondientes y las ordenanzas para evaluar las diferentes aristas del asunto.
«Nosotros tenemos todos los planos originales», dice Rodrigo Henríquez, representante de la Urbanizadora Colinas de Valle Arriba C.A. «Eso está en el proyecto y lo hemos entregado a todas las instancias. El plano que ha salido en redes sociales dice claramente que es un plano referencial sin vinculación legal. No podemos usar cualquier dibujo para estas cosas».
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- Vecinos y funcionarios reunidos el 27 de julio
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- En el encuentro revisaron mapas de la zona
El lunes 31 de julio, Fabiana Garantón acudió al Ministerio de Ecosocialismo para entregarle a Marlyn Jiménez Reina, directora encargada de la Unidad Territorial de Ecosocialismo del Distrito Capital, un documento donde ejercen un recurso de oposición al estudio de impacto ambiental asociado al proyecto al cual la funcionaria le otorgó la acreditación técnica, argumentando que la zona puede ser considerada un bosque, que el documento de la empresa Aguas Subterráneas Consulting C.A. tiene errores y contradicciones, que tienen dudas sobre la propiedad del terreno y que existen opiniones acerca de posibles riesgos geológicos.
La abogada luego informó a sus vecinos sobre la falta de una respuesta concreta y el maltrato que percibió en el ministerio. Entonces se organizó para este miércoles 2 de agosto una protesta vecinal ante el despacho de Ecosocialismo, en la plaza Caracas del centro de la capital.
Por su parte, los promotores del proyecto, que alaban haber sido tratados con diligencia por funcionarios ministeriales, reclaman que los inversionistas, incluyéndolos, «hemos sido perjudicados porque somos un grupo que queremos hacer en esta propiedad el mejor club de Caracas, que las instalaciones sean impecables, con el mejor ambiente, que sea integrado, queremos trabajar, pero aquí se está llamando a irrespetar la propiedad privada».
Ahora, ¿por qué si tienen todos los permisos no han continuado los trabajos? «Porque queremos evitar el conflicto y que se arme otro show como el que se está armando. Hemos actuado de la mejor manera posible, cumpliendo todos los requisitos, pero esos señores llaman a la anarquía. Entonces nosotros vamos a consultar con abogados para hacer cumplir nuestros derechos y comenzar nuestra obra. Se nos agota la paciencia», desliza Carlos Arcay.
«Nosotros queremos llamar a la cordura. No podemos ir contra la propiedad privada ni a favor de la anarquía. Para eso existen normas y reglas. Si ellos nos impiden el paso nosotros le decimos a la autoridad que tenemos derecho a usar la propieda privada y que tenemos todos los permisos. Si hay algún vecino que viole la ley, eso es problema de él y la ley. Llegará la policía, y lo que pase después escapa de nuestras manos. Nos están difamando públicamente y nos están perjudicando económicamente. La ley tendrá que encargarse de eso», sostiene el también ingeniero.
El abogado Juan Garantón denunció el caso ante FIscalía y apeló el sobreseimiento de un tribunal
Una ramita de opacidad
El sábado 22 de julio, durante la asamblea de vecinos en la calle B de La Alameda, el alcalde Darwin González entregó por primera vez a la comunidad una carpeta con el tan reclamado estudio de impacto ambiental y sociocultural fechado nueve meses antes, y también el sobreseimiento judicial fechado el día anterior 21 de julio.
La carpeta aportada por el alcalde incluyó un papel de la Dirección de Consultoría Jurídica de la Alcaldía de Baruta donde avala que «no existe ninguna objeción técnica ni legal» que impida el desarrollo del proyecto, citando la decisión del Tribunal. De ese sobreseimiento primero se enteró la alcaldía que el abogado Juan Garantón, que no fue notificado del fallo a pesar de ser parte en la causa.
Por otra parte, los vecinos afirmaron que la empresa Hidrocapital ha sido consultada sobre los terrenos para saber por dónde pasan tuberías, visto el tanque que existe en esos predios, pero no han tenido respuesta.
El concejal Federico Estaba dijo a TalCual que a la Cámara Municipal no ha llegado ningun documento que muestre el proyecto que se pretende en la calle B de La Alameda. El edil considera que hay terrenos de propiedad privada que tienen mucho tiempo baldíos «y pareciera que hay interés de sus propietarios en ponerlos en movimiento. Por eso le hemos pedido a la alcaldía por lo menos en 50 exhortos que termine de legalizar si el terreno es propiedad privada, y si tiene uso residencial o uso deportivo, para ver cómo minimizar esos impactos».
¿Por qué el despacho ejecutivo no ha respondido tales solicitudes? «No sé», respondió el concejal aquel sábado. «Hemos tratado de unir esfuerzos para poder tener respuestas oportunas a los vecinos, pero pareciera que hay intención en que esto se desvanezca».
En la asamblea ciudadana del 22 de julio, Darwin González pidió a los vecinos manejar el asunto con discreción aunque puso a su equipo a disposición de la comunidad para atender la problemática, y han estado en comunicación con los vecinos que lideran las acciones. Ante la prensa los funcionarios municipales han optado por la cautela. Solicitudes de entrevistas hechas para este reportaje no fueron atendidas por el alcalde ni por la oficina de Ingeniría Municipal.
Consultados para este trabajo, los promotores del proyecto Henríquez y Arcay hablaron en nombre de la Urbanizadora Colinas de Valle Arriba C.A., pero prefirieron no mencionar a los propietarios de la misma. «Hay varias familias, los apellidos no son relevantes. Es una empresa con varios accionistas».
En un documento enviado por la urbanizadora a la Alcaldía de Baruta, Rodolfo Belloso Clemente se identifica como director gerente de la compañía, mientras que la acreditación técnica del estudio de impacto ambiental del Minec a favor de la empresa está dirigida a Armando José Belloso Clemente (Roberto Henríquez firmó la notificación). Los papeles son de acceso público, según dijo el alcalde Darwin González al incluirlos en la carpeta entregada a vecinos el 22 de julio y que puso ser detallada por TalCual.
*Esta entrada fue editada un día después de su publicación para agregar la precisión gráfica del área a intervenir.
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