Purga llega a trabajadores de Sunacrip: despedidos «sin saber de la trama de corrupción»
Trabajadores de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) denunciaron a TalCual que pese a que la junta de reestructuración prometió que «no botarían a nadie», prácticamente los obligaron a que firmaran una carta para poner sus cargos a la orden. Les dijeron «no vuelvan después de Semana Santa, cualquier cosa los llamamos». Reclaman al Gobierno el hecho de tener que pagar los platos rotos por una trama de corrupción de la que no tenían idea y que fue liderada por funcionarios del propio Estado
El autodenominado «gobierno obrero» de Nicolás Maduro dejó en el limbo a decenas de trabajadores de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), a los que le dijeron «no vuelvan después de Semana Santa, cualquier cosa los llamamos». La purga anticorrupción que ejecuta el Estado «se llevó por los cachos» la estabilidad laboral de los empleados, aun cuando -afirmaron- la mayoría desconocía sobre la corruptela de los funcionarios que dirigían el organismo.
Un extrabajador de la Sunacrip, que fue creada el 9 de abril de 2018 y que se encargaba de dar soporte al desarrollo del petro como moneda digital, detalló a TalCual que el lunes 3 de abril en horas de la tarde, desde el departamento de Gestión Humana ordenaron a los coordinadores y asistentes del ente a poner sus cargos a disposición. Ese mismo día, en la noche, la misma instrucción fue dada al resto del personal quienes también tuvieron que entregar una carta el 4 de abril para poner sus cargos a la orden.
«Decían que no era una renuncia, sino solo la entrega del cargo. Sin embargo, el 4 de abril, después de entregar la carta, Recursos Humanos pasó por las oficinas a decirle al personal que se fuera y que no volviera después de Semana Santa, que cualquier cosa los llamaban», relató la fuente, que prefiere resguardar su identidad por temor a represalias del Gobierno.
El 17 de marzo, la Policía Nacional Anticorrupción solicitó al Ministerio Público (MP) procesar judicialmente a un grupo de ciudadanos que ejercían funciones en el poder público y que podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos. Un día antes, el jueves 16, los trabajadores de Sunacrip fueron desalojados del edificio por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sin saber las razones.
La Policía Anticorrupción explicó en un comunicado que inició ante la Fiscalía una solicitud de encausamiento judicial de una serie de individuos que «violando el sagrado juramento de honestidad, moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos».
Borrando hasta el nombre de Sunacrip
Los trabajadores ven la medida como un despido indirecto, no creen que cobrarán su salarios en la venidera quincena. Tampoco les han dado detalles sobre los bonos en petro que recibían por medio de la PetroApp y, muchos menos, si en algún momento les pagarán alguna liquidación.
Reclaman al Gobierno el hecho de haberlos dejado en un limbo laboral, aun cuando -dijeron- no tenían idea de los actos de corrupción que cometían los altos funcionarios; entre los que destacan el ahora exsuperintendente Joselit Ramírez, quien resultó aprendido por actos ilícitos.
La fuente recordó que el 20 de marzo, tres días después de las primeras aprehensiones, se instaló una junta de reestructuración en Sunacrip, integrada por la ahora superintendente encargada Anabel Pereira Fernández y tres directores principales: Héctor Andrés Obregón Pérez, Luis Alberto Pérez González y Julio César Mora Sánchez.
Desde ese momento quedaron en el limbo. No daban información a los trabajadores sobre su estatus laboral en la institución. «Una de las autoridades (no se precisa el nombre) llegó a la oficina y solo se presentó. El jueves 30 de marzo hubo una reunión en la que estuvieron presentes todos los directores en la que se ordenó transmitir a todo el personal que mantuvieran la calma porque no iban a botar a nadie», dijo una de las fuentes consultadas.
«Nicolas Maduro presidente qué culpa tienen los empleados de la Sunacrip por favor meta sus manos le están solicitando el cargo a todos», escribió Yasmin Cadiz (@yasmincadiz) a través de su cuenta en la red social Twitter. No recibió ninguna respuesta.
Otro usuario de la misma red escribió el 4 de abril: «Por cierto, al edificio donde funcionaba la Sunacrip, le quitaron hasta el nombre y cuentan que pidieron la renuncia hasta al personal obrero».
Los reportes de ambos usuarios coinciden con la versión que dio la fuente de la Sunacrip a TalCual. Detalló que el mismo viernes 17 de marzo, luego de una reunión, comenzaron a quitar todos los logos referentes al petro y a la propia institución.
Dinero congelado
La administración de Nicolás Maduro tampoco ofrece información a los usuarios que, a través de la plataforma del ente, hacían cambios de sus criptomonedas, entre ellos trabajadores que recibían bonificaciones por este canal.
En Twitter también hay denuncias similares. «Amigo César hablé de la mega estafa que nos hicieron con la Aplicación Petro App, donde ingenuamente enviamos nuestro dinero y desde el robo en la Sunacrip tenemos nuestro dinero preso, sin poder siquiera recargar saldo», escribió la usuaria Yorbelis VM.
Por su parte, Alexander Farfán tildó como una falta que Sunacrip no haya habilitado los retiros y depósitos. «Entonces el que creyó en el petro para resguardar su dinero, ahora porque su misma gente es corrupta, uno debe pagar los platos rotos».
Luego de que se diera la reestructuración de esta Superintendencia, varias casas de cambio de criptomonedas (exchanges) y mineros digitales recibieron la instrucción de detener sus actividades temporalmente. El primer exchange en comunicar sobre su cese de operaciones fue Cryptobuyer, una empresa panameña con presencia en Venezuela registrada formalmente ante la Sunacrip para operar con criptoactivos.
La abogada especialista en criptoactivos, Ana Ojeda, explicó en su cuenta de Twitter que la Sunacrip ordenó, tanto a casas de cambio como a mineros registrados ante el organismo, la suspensión temporal de todos sus servicios.
«Exchanges venezolanos cierran operaciones por órdenes de la Sunacrip. De igual forma, mineros digitales de todo el país registrados ante el organismo también han sido apagados. Medidas supuestamente temporales, mientras se reestructura la institución», detalló.
De acuerdo con la página web de la Sunacrip, los otros exchanges con permiso para operar legalmente en el país —además de Cryptobuyer y CoincoinX— son CryptoEx, AFX, Amberes Coin y Crixto. Además, cuentan con el permiso pero no se encuentran operativos otros siete: Veinte, Cryptia, Bancar, Criptolago, Criptoven Trade, Valeven y Crypto Exchange.
«Es una incertidumbre porque esa gente (el Gobierno) prácticamente está eliminando la institución y no da respuesta sobre el dinero», comentó la fuente. Al mismo tiempo, que confirmó que parte del pago de sus bonificaciones se quedaron congeladas en la Petroapp.
Las irregularidades en los cambios de criptomonedas no son nada nuevo. De acuerdo con el informante, comenzaron en diciembre, justo después de que la Superintendencia de Bancos (Sudeban) y la Sunacrip comenzarán a supervisar «en tiempo real» las operaciones bancarias que estén relacionadas con bitcoin (BTC) y las criptomonedas.
A través de un comunicado, el ente explicó que coordinaría con Sunacrip y con la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) los «mecanismos de supervisión» de las transacciones que involucren criptoactivos. Alegaron que la medida regulatoria se derivó de supuestas «prácticas irregulares» en la economía del país, que «atentan» contra el bolívar venezolano y la «estabilidad» del mercado cambiario. En ese momento no identificaron cuáles eran esas prácticas.
