¡Qué bajo han caído!, por Teodoro Petkoff
La salvaje agresión contra los periodistas de la Cadena Capriles ha destapado en viejos militantes de la izquierda borbónica una reacción inesperada. ¿Que hubieran condenado esa barbaridad habría sido pedirles demasiado, hasta allá no llegan; más comprensible, pero igualmente injustificable, habría sido que permanecieran callados, pero oírlos y verlos justificando la cayapa era lo último que habría podido esperarse de alguna gente que hasta se jugó la vida en nombre de valores y principios para nada ajenos al rechazo a abusos, atropellos y crímenes del poder.
La primera declaración sorprendente partió de la propia Fiscal, Luisa Ortega Díaz. La doctora formaba parte del grupo de abogados del estado Aragua que dedicaba sus saberes a la defensa de trabajadores atropellados por patronos o gobiernos, muy cercana ella al MAS de entonces, que llegó a ser la fuerza política dominante en aquel estado gracias a la lucha, entre muchos, de gente como Luisa Ortega.
Dijo la Fiscal que los periodistas agredidos no estaban en ese momento actuando como tales y que por lo tanto deberían renunciar a su condición de fablistanes. Debe entenderse de esto que periodistas que ejerzan sus derechos ciudadanos, como por ejemplo, el de estar en desacuerdo con una ley pero lo hacen fuera del ámbito de los medios donde trabajan, estarían perdiendo el derecho al trabajo. Este fue el artículo que le faltó a Luisa Ortega en su proyecto de Ley contra Delitos Mediáticos.
Hubiera podido rezar más o menos así: «Los trabajadores de medios de comunicación tienen prohibido expresar sus opiniones fuera de los medios.
Este delito será penado con prisión de seis meses a dos años». Podría haber pensado también en una disposición transitoria: «Todo ciudadano identificado con la revolución, o grupo de ellos, tienen derecho a golpear, incluso en cayapa, a periodistas sorprendidos en acciones no propiamente mediáticas, pero igualmente delictivas, como las de manifestar u opinar en ambientes distintos a los de los medios».
Alí Rodríguez es otro que nos ha dejado estupefactos con su interpretación de los hechos. Claramente acusó a los agredidos de haber provocado deliberadamente el ataque del cual fueron víctimas.
La intención provocadora estaba clara, según la teoría de Alí, porque, los periodistas «llevaban cámaras», obviamente ¿para qué otra cosa sino para filmar la golpiza que estaban provocando con su insólita acción de repartir unos volantes contra la LOE, nada menos que en sagrado «territorio de la revolución»? Lo que le faltó a Alí fue terminar su declaración con un «Bien hecho; para que aprendan».
Por supuesto, que hubiera fotógrafos en el grupo de periodistas de la «Cadena Capriles» es la prueba del delito. ¿Cuándo se ha visto fotógrafos en un acto de periodistas? Eso es un escándalo. Estaban allí, sin duda, no para dar testimonio grafico del acto del cual formaban parte sino preparados para fotografiar el momento en que surtiera efecto la provocación y salieran los angelitos serenados de Ávila TV a repartir palos y cachiporrazos. Y hay gente que todavía cree que Alí es una persona seria.
Pero quien más se la comió fue el secretario general del PCV: «Quien sea vocero de la contrarrevolución en circunstancias como esta debe saber que, a veces, las fuerzas de la revolución pueden tener respuestas como esta». El cerebro se le inflamó, después de este flato «ideológico».
