¿Quién graba al Presidente?, por Teodoro Petkoff
Eliecer Otaiza, jefe de la Disip, declara que existe una Disip paralela, refiriéndose al escabroso tema de las grabaciones telefónicas. Dávila, ministro del Interior, lo desmiente y dice que es falso, que no existe tal “Disip paralela” “Don” Luis Miquilena, quien llegó al Ministerio del Interior anunciando, demagógicamente, que iba a destruir en acto público los aparatos de interceptación telefónica (cosa que, por supuesto, no hizo) ahora, cuál Colón, nos dice que “todos estamos pinchados”. O sea, todos los que tienen poder para poner coto al asunto lo que hacen es diagnosticar el mal, hablan como si no estuvieran en el Gobierno sino en la oposición y no nos anuncian ninguna medida específica para poner fin a este delito público y privado.
Sin embargo, el tema está sobre el tapete y tal vez sea una buena coyuntura para una suerte de ofensiva contra los delincuentes del pinchazo. Es bueno que se sepa que del desde el 16 de diciembre de 1991 entró en vigencia la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones cuyo objeto es “proteger la privacidad, confidencialidad, inviolabilidad y secreto de las comunicaciones que se produzcan entre dos o más personas” (Artículo 1) Sin embargo quien hizo ley, hizo la trampa, así, de la Ley se eliminó la disposición que prohibía “la importación, fabricación, comercio, porte, detentación, suministro u ocultamiento de los equipos, aparatos e instrumentos” para grabar teléfonos. De manera que cualquiera puede importarlos libremente, sin ningún control. Sépase que en Estados Unidos, desde 1994, es considerado delito federal el fabricar, importar o exportar los equipos para intervenir comunicaciones. Pero lo más grave es que entre nosotros no ha existido nunca verdadero interés por parte del Estado en impedir ese delito.
Los cuerpos de seguridad del Estado cuentan con sofisticados aparatos de intercepción telefónica, sin que ningún organismo de control supervise o vigile esa acción. En otros países, estas actividades se encuentran cuidadosamente vigiladas y supervisadas por organismos análogos a nuestra Fiscalía de la República (esa misma que hoy se confiesa impotente para impedir que la que la graben) y éstos tienen facultades legales para reglamentar, regular, perseguir y sancionar la violación de la ley en esta materia. Urge, reformar la Ley del 91 para adaptarla a los requerimientos del presente. Un país donde está el Presidente le quita la pila al celular, para que supuestamente no lo graben, vive la paranoia de los totalitarismos. Mala cosa ésta.
