El famoso chip para controlar el contrabando de gasolina en los estados fronterizos, para el caso, hasta ahora, Táchira y Zulia, hace recordar el manido cuento de la venta del sofá. Es una medida ridícula por lo ineficaz. El supersabio de Sabaneta, que de todo habla, ha dicho que «hay gente que echa hasta veinte veces gasolina en el día, para contrabandear». Es posible, pero esos son los buhoneros del contrabando.
El verdadero contrabando, el que sale en gandolas y en barcos, desde las propias estaciones de llenado, es el contrabando gordo, el que realmente nos desangra y enriquece a sus promotores. Una camioneta 4×4, que llene su tanque de 60 litros veinte veces al día, coge 1.200 litros en total. Multiplique usted por el mayor número que se le ocurra, de vehículos dedicados a ese negocio, y el resultado difícilmente igualaría los 50 o 60 mil litros que transporta, sin control alguno, una sola gandola-cisterna hacia el otro lado de la frontera.
De modo que culpabilizar a toda la población de un estado, colocándole un chip a sus vehículos es inútil para el propósito que supuestamente se persigue. Es la venta del sofá.
De allí que haya surgido la protesta de los miles de afectados, acompañada, cuándo no, de la respectiva acusación oficialista de que se trata de un intento de la oposición de desestabilizar el país con intenciones golpistas.
Antes había salido el inefable comandante Arias Cárdenas proponiendo la realización de un referendo sobre la materia, pero en cuanto se enteró de que el Líder Máximo está a favor del chip, Arias se desdijo de su posición inicial, según su costumbre de hablar pa’lante y pa’trás, y satanizó su propia proposición, igualito que cuando llamó «gallina» y «asesino» al jefe, para luego pedirle perdón de rodillas.
Pero ocurre que el gobernador del Zulia, Pablo Pérez, le tomó la palabra e hizo suya la proposición de convocar un referendo consultivo sobre el tema. El artículo 71 de la «Bicha», como solía llamar Chacumbele a la Constitución, establece las materias de interés que pueden ser sometidas a referendo consultivo, del cual existen cuatro modalidades: el nacional, el parroquial, el municipal y el estadal, así como quién puede convocar esa consulta.
De manera que en el caso del Zulia y de Táchira, un referendo estadal es perfectamente pertinente. Podría ser convocado por ambos gobernadores, respectivamente, amén de concejos municipales y parroquiales, consejos legislativos y alcaldes, quienes también están facultados para hacer tal convocatoria.
La materia es de obvio interés estadal y el referendo consultivo, componente de esta «democracia participativa y protagónica», no debería darle miedo a Chacumbele. Sin embargo, una vez más la Constitución le da su guamazo a nuestro hablachento Presidente.
Pero vamos a ser serios. El referendo ni siquiera sería necesario porque el Presidente sabe perfectamente bien quién controla el contrabando de verdad, el que saca millones de barriles de gasolina. El Presidente no ignora que la opinión pública en el país señala persistentemente a algunos oficiales de la Guardia Nacional y del Ejército como capitalistas del negoción.
Agarre ese toro por los cachos y abra investigación y juicio a quienes corresponda. No tenga miedo.
