Regla de dos, por Teodoro Petkoff
La recolección de firmas, en particular “el reafirmazo”, debe ser entendida como parte de un proceso. Un proceso regido por la normativa constitucional sobre la materia, la cual tiene que ser escrupulosamente respetada. La recolección de firmas, cualquiera sea la magnitud de su resultado, NO ES el referéndum ni debería ser presentada como tal. Es apenas un momento en el camino hacia aquél y el país tiene que tener la seguridad de que el proceso culmina con la realización de los actos referendarios en los cuales la gente vota y que ese proceso no será abortado mediante proclamaciones extemporáneas, provengan de quien provengan. Ningún sector debe sustituir al CNE, porque la recolección de firmas no es un acto de votación (cuyo resultado se conoce la misma noche), sino un episodio cuyo resultado está sujeto a una verificación que puede durar hasta un mes. Después de recogidas las firmas hay que pasar por su verificación y hasta que ésta sea realizada no se puede saber exactamente cuántas firmas válidas existen. El respeto riguroso a la normativa constitucional en cuanto a las etapas del proceso es la garantía de que éste concluya pacífica y democráticamente.
Por otra parte, el referendo revocatorio está concebido no sólo como un recurso constitucional para dar al pueblo el derecho a destituir un mandatario o representante que no cumpla con sus deberes y pierda la confianza de sus electores, sino también como un instrumento para propiciar soluciones democráticas a una crisis política grave, como es el caso actual, mediante la decisión del gran elector por excelencia, que no es otro que el pueblo mismo. Pero una solución tiene en principio dos opciones. Una, que el mandatario sea revocado; otra, que no lo sea.
En cualquiera de los dos casos, los contendores deben comprometerse a respetar los resultados, cualesquiera éstos sean. Si en nuestro caso, Chávez resultara revocado, el país debe tener la certidumbre de que acatará el veredicto popular y que será cumplido el siguiente paso, que no es otro que la convocatoria de elecciones presidenciales en el término de un mes. Pero si Chávez no es revocado, el país debe tener también la certidumbre de que sus adversarios acatarán el resultado y que no hay ni habrá otro plan B que el de prepararse para las elecciones presidenciales del 2006, pasando por las regionales y locales del 2004 y las parlamentarias del 2005.
Sobre todas estas cosas, que parecen obvias, pero que en la práctica no lo son porque son frecuentes las posturas relancinas ante ellas, deberían pronunciarse tanto el gobierno como la oposición a fin de serenar los ánimos y transmitir confianza en el ejercicio de los derechos electorales previstos en la Constitución, así como para garantizar a la ciudadanía que las reglas del juego democrático serán estrictamente respetadas. Este proceso referendario debe sentar las bases para la reconciliación entre los venezolanos.
Esa perspectiva pasa por el acuerdo, preferiblemente explícito, de ceñirse a la normativa común, que no es otra que la constitucional.
