Relator de la ONU alerta que en Venezuela «aún hay hambre y desnutrición»
El relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, afirmó que las bolsas CLAP «eran vistas con buenas intenciones humanitarias al inicio, pero se ha convertido en un sistema de clientelismo porque no cumple las formas del derecho a la alimentación»
El relator independiente de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, alertó este miércoles 14 que «aún hay hambre y desnutrición» en Venezuela, debido a problemas de distribución de los alimentos, merma del poder adquisitivo de la población, así como el impacto de las medidas coercitivas impuestas por otros países.
El relator de la ONU, que presentó sus observaciones finales tras una visita de dos semanas al país, puso de manifiesto la situación de niños, mujeres, adultos mayores, población indígena y Lgbti, quienes se enfrentan a dificultades en el acceso a alimentos, no tienen los recursos para comprarlos o mantener una dieta adecuada e incluso recurren al sexo trasaccional para poder garantizar un plato de comida en su mesa.
«El hambre es insidiosa y no pertenece a este o aquel partido político, no pertenece a este o aquel ministerio», destacó Fakhri, quien además dijo que «el futuro de Venezuela está en riesgo» debido a los problemas de alimentación que enfrentan los niños, niñas y adolescentes.
«Los niños acuden a las escuelas solo cuando se les garantiza comida», dijo el relator de la ONU, que se reunió con sectores sociales, oenegés, campesinos, pescadores y representantes de la administración de Nicolás Maduro. Espera entregar su informe el año próximo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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Dijo que la población tiene problemas para acceder principalemente a proteínas, frutas y vegetales, aunque esas dificultades para obtener alimentos dependen también de la región. Puso como ejemplo las regiones costeras, donde se cambia el pescado por más vegetales y frutas.
Fakhri señaló que hay organizaciones no gubernamentales –relacionadas a la ayuda humanitaria– o populares que distribuyen alimentos en sectores populares o zonas rurales, una medida paliativa que no resuelve las dificultades de las familias. Indicó que en muchas comunidades le comentaron que reducen porciones, dejar de comer ciertos alimentos o se saltan comidas.
Mencionó además que, debido a la migración, la carga de la alimentación de los niños y niñas recae en familiares, especialmente en sus abuelos y abuelas que quedan a su cuidado. «He oído decir que las personas mayores son abandonadas y no tienen recursos para garantizar su alimentación».
En el caso de las mujeres, dijo el relator de la ONU, soportan en forma diferenciada la crisis porque no sólo cumplen el rol de cuidadoras, sino que deben buscar dinero para su subsistencia. Recibió informes en todos los estados que visitó sobre la situación de mujeres que recurrieron a sexo transaccional por comida.
«No lo pude ver, pero me lo comentaron en las comunidades que visité y me pareció pertinente mencionarlo aquí (…) El sexo transaccional por comida es un caso que no solo hacen por escogencia, es un síntoma de un problema más agudo», afirmó.
Otra cuestión que destacó el profesor universitario es el impacto del cambio climático en los modos de subsistencia de algunas comunidades. Puso como ejemplo la situación del pueblo Añú ubicado en la laguna de Sinamaica, estado Zulia. Este cuerpo lacustre se ha ido secando, aunado a los problemas para obtener combustible, lo que dificulta la pesca.
CLAP: «sistema de clientelismo»
Otra de las cuestiones abordadas por el relator Michael Fakhri fue el acceso a las bolsas que distribuye el gobierno nacional a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Dijo que muchas familias lo ven como un «salvavidas», pero el programa CLAP «suscita cada vez más críticas» por la escasa entrega, especialmente en zonas remotas, y su falta de valor nutricional.
Afirmó que las bolsas CLAP «tenía buenas intenciones como ayuda humanitaria temporal del gobierno. Sin embargo, se ha vuelto susceptible a clientelismo político y no aborda las causas profundas del hambre y la desnutrición en Venezuela ni cumple las normas sobre el derecho a la alimentación».
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Michael Fakhri insistió en que el problema venezolano pasa por la distribución de alimentos, como sucede en otras partes del mundo. «Hay retos, quieren aumentar la producción local. ¿Pero producción de grandes negocios de nuevo? Eso puede ocurrir, el gobierno está teniendo conversaciones con el sector privado (…) Sospecho que de tres a cinco años los venezolanos mirarán hacia atrás y verán cambios en sus sistemas de alimentación».
También señaló que las medidas coercitivas unilaterales «han aumentado el costo de la ayuda humanitaria (…) El daño lo sufren las personas en extrema pobreza o vulnerabilidad». Pidió a los Estados que revisen o levanten sus sanciones sobre Venezuela, pero advirtió que el hambre y problemas alimentarios de la población no solo se ven afectadas por ello.
Relator de la ONU con acceso controlado
Ante los cuestionamientos sobre supuestos desplantes a movimientos sociales hechos por periodistas de medios estatales, como Venezolana de Televisión (VTV) y Radio Miraflores, el relator de la ONU recordó que no es actor político «y no tengo nada en juego aquí en Venezuela». Reiteró que solo se limita a describir la situación que ha observado en sus visitas.
Desmintió el haber cancelado reuniones con movimientos sociales específicos por problemas políticos, y refirió que las actividades canceladas se debieron problemas de logística. «Incluso tuve que suspender una reunión de alto nivel porque me enfermé (…) Nosotros pudimos hablar con todos los actores, esa era mi prioridad».
Comentó también que las autoridades cambiaron su agenda de forma constante, e incluso cancelaron algunas de las visitas pautadas, como sucedió con un centro de detención preventiva en el estado Anzoátegui. «Me preocupa la alimentación de los presos y detenidos en Venezuela. Los centros de detención no cumplen con los requisitos (…) Son inhumanos, degradantes y pueden constituir tortura».
Insistió en que Venezuela tiene «muy buenas leyes» respecto al derecho a la alimentación. Exhortó al gobierno venezolano a que elabore un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación en base a las leyes existentes, y mantenga y amplíe su apoyo a comedores universitarios, hospitales, centros de detención preventiva y cárceles; así como a los campesinos, agricultores urbanos y suburbanos, y pueblos indígenas.
