Reparos: decidir con realismo, por Teodoro Petkoff
Por supuesto que emitir un juicio definitivo sobre el reglamento para reparos dictado por el CNE no es posible hoy. Sin embargo, después de un largo mes de conversaciones entre el CNE y la representación de la CD, se ha presentado una normativa que, a primera vista, obliga a una consideración que descarte todo juicio prefabricado.
En principio, y salvo que existan aspectos técnicos no percibidos cabalmente en este primer examen y de algunos trucos todavía posibles con la distribución de los firmantes, el reglamento no parece haber cerrado las puertas para los reparos.
La CD está ante una decisión que debe sopesar cuidadosamente. Porque a la opción que hoy parece abrirse no hay alternativa. La idea de que es posible una solución judicial no resiste el más mínimo análisis. La sentencia de la Sala Electoral, jurídicamente inobjetable, además de legítima y legal, en la práctica, sin embargo, resulta anulada por la de la Sala Constitucional, cuya ilegitimidad no significa que no sea legal, creándose así un conflicto de competencia que debería ser zanjado en la Sala Plena del TSJ.
Ahora bien, el realismo más elemental pone en evidencia que la posibilidad de que esto ocurra, en cualquiera de los dos sentidos (a favor o en contra de la oposición o del gobierno), es ninguna, dado que el quórum para la instalación y toma de decisiones por la Sala Plena es de 16 de sus integrantes. Basta, pues, con que cinco de estos no se incorporen a la reunión, para que quede bloqueada la toma de decisiones. Y esos cinco existen en los dos sectores en que se divide el TSJ.
La CD actuó correctamente al sentarse a discutir con el CNE las características del proceso de reparos. Quienes objetan esto pierden de vista que en el CNE hubo también una disposición a negociar porque la decisión de negar a rajatabla el RR, “por inexistencia del número de firmas suficientes”, no le era posible en el cuadro político actual. En esas conversaciones, casi todas las observaciones de la CD fueron recogidas en el reglamento y salvo que un examen en profundidad revele “vicios ocultos” en éste, tal aspecto debe ser convenientemente valorado a la hora de decidir sobre la materia. Desde luego, todavía quedan cabos por atar, como el número de mesas por centro o la previsión para que firmantes de un sitio no sean ubicados en otro distinto y lejano.
Habiendo validado 1.910.965 firmas y enviado a reparos 1.192.914 de ellas, es inimaginable que no existan en este último número las 525.118 personas que ratifiquen su firma para completar las 2.436.083 necesarias para convocar el RR. A pesar de los despidos de empleados públicos que firmaron y las presiones sobre todos aquellos que tramitan asuntos con el Estado para que retiren sus firmas, a pesar de las amenazas de violencia y de las diversas emboscadas que todavía habrá que sortear, a pesar de los que “retiren” sus firmas, es bien seguro que en ese millón y pico de “reparantes” sobran los dispuestos a enfrentar todos los obstáculos para hacer valer su determinación democrática de que sea convocado el RR.
