Respuestas de los Estados a los migrantes venezolanos durante la covid-19 son casi nulas
Cabe destacar el desempeño de Costa Rica y Colombia como países donde parece haber un mayor impulso a políticas de protección promovidas desde el Estado en medio de la pandemia
La situación de los migrantes venezolanos empeoró con la aparición de la covid-19, incrementado sus necesidades y los llamados de auxilio a centros especializados como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB). En este contexto surgió la inquietud por conocer el alcance de respuesta de los Estados frente al coronavirus.
De acuerdo con las últimas cifras emitidas por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), cerca de 4,8 millones de venezolano abandonaron el país en busca de un mejor futuro para ellos y sus familiares.
Sin embargo, muchos perdieron su empleo y viviendas durante la cuarentena por el coronavirus, viéndose obligados a regresar a Venezuela.
«La valoración sobre la información que poseen las personas migrantes y refugiados sobre las opciones de respuesta a su situación en el marco de la emergencia, en materia de vivienda, es la más negativa de todas las áreas exploradas», revela el informe del CDH UCAB, realizado durante la primera semana de mayo en 16 países (Colombia, Ecuador, Brasil, México, Trinidad y Tobago, Perú, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Aruba, Bolivia, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, España y Panamá).
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De los países evaluados, los que carecen de políticas para hacer frente a las necesidades de alojamiento de los migrantes y refugiados son: Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Trinidad y Tobago. En Argentina existe un decreto presidencial que prohíbe el desalojo por falta de pago; sin embargo, la medida es solo para alquileres con contratos y hoteles con factura de compra, y la mayoría de los migrantes venezolanos están alquilados en alojamientos informales que no están contemplados en el decreto. Aruba, Colombia, Panamá y Uruguay también cuentan con disposiciones que prohíben el desalojo de las viviendas en medio de la crisis.
En Perú y Ecuador no existen medidas que prohíban el desalojo en medio de la cuarentena por el coronavirus, por lo que sigue habiendo casos de migrantes han perdido el lugar donde vivían. EEUU y Uruguay otorgan subsidios.
Por su parte, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, costa Rica, Ecuador y Uruguay disponen de albergues temporales, pero algunos son iniciativas privadas en las que los Estados no tienen participación; en muchos casos, estos lugares son compartidos con nacionales en situación de calle.
La escasa respuesta en materia de vivienda se ha cubierto con fondos internacionales o mixtos, habiendo un considerable desconocimiento de la procedencia de estos fondos.
La ausencia de políticas en materia de vivienda para los migrantes dejó como consecuencia una cantidad importante de venezolanos desalojados, familias enteras en situación de calle, considerando el retorno a Venezuela como única opción.
Salud en negativo
La valoración de los migrantes voy refugiados sobre las distintas opciones de respuesta por parte de los Estados durante el coronavirus en materia de salud es negativa ante la ausencia de planes en esta área.
«En Chile, Bolivia, Ecuador, EEUU y Trinidad y Tobago no han emitido disposiciones especiales para la atención de la salud de migrantes y refugiados en el marco de la pandemia», explica el informe de la UCAB. En Chile y Ecuador se reporta la existencia de discriminación y estigmatización hacia los migrantes en la salud; asimismo, se indica que en Chile no han flexibilizado políticas para que está población pueda hacerse chequeos.
Entre los países que establecieron disposiciones especiales para atender a cualquier persona de manera gratuita, si presentan síntomas de la covid-19 destacan Aruba, Colombia, República Dominicana y Perú. Adicionalmente, el Ministerio de Salud de Colombia, país con la mayor cantidad de migrantes venezolanos, emitió el 28 de marzo los «Lineamientos para la prevención, detección y manejo de los casos de covid-19 para la población migrante en Colombia»; lo que lo convierte en el primer país en contar con un protocolo específico para esta población.
Argentina, Brasil, Costa Rica y Uruguay tienen acceso universal a la salud con independencia del estatus migratorio y eso cubre la contingencia por la pandemia.
Alimentación limitada
Los países donde no hay ningún programa para hacer frente a las necesidades de alimentación de los migrantes y refugiados son: Chile, EEUU, México, República Dominicana y Trinidad y Tobago. En Colombia, Argentina y Aruba, los programas de alimentación están supeditados a la condición migratoria, lo que restringe el acceso a estos; sin embargo, en Colombia hay varias modalidades de apoyo alimentario, pero con distribución limitada, detalla el informe.
El problema de las limitaciones también se evidencia en Brasil, donde los auxilios alimenticios se concentran en zonas urbanas, mientras que los migrantes y refugiados viven en las áreas periféricas.
Argentina y Uruguay dan respuesta a la alimentación de los migrantes a través de comedores comunitarios, dónde también acude la población local; en estos casos, debido a la cuarentena, los programas de alimentación están asociados a alojamientos para migrantes y refugiados y, a veces, personas en situación de calle, cómo ocurre en Bolivia.
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En algunos países también se encontró que la mayor carga de estos programas son responsabilidad de organizaciones de la sociedad civil, con aportes internacionales, como ocurre en Colombia y Perú.
Por otra parte, en Estados Unidos no hay participación del Estado, pero se ha dado respuesta por donaciones particulares.
En cuanto a la alimentación, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB encontró que Costa Rica es, quizás, el país con una respuesta más estructurada; este adoptó medidas preexistentes a la atención de personas vulnerables frente al coronavirus, incluyendo a los migrantes y refugiados. No obstante, esta nación no tiene programas exclusivos del Estado a esta población.
República Dominicana y Trinidad y Tobago manifestaron ausencia total de respuesta a migrantes y refugiados por la pandemia.
Los fondos para estos programas base dividen entre nacional, internacional y mixta, sin presencia de fondos locales (estados, departamentos, provincias o municipios).
Desconocimiento de ayudas monetarias
53% de los migrantes consultados desconocen si en el país donde residen existen programas de transferencias monetarias. En Bolivia, Chile, Costa Rica, Perú y Trinidad y Tobago no existe ningún programa de este tipo, mientras que en España y México hay confusión sobre esta modalidad de respuesta a las necesidades de los migrantes y refugiados. En Argentina esta opción ha tenido un alcance limitado.
Por su parte, Aruba brinda este apoyo, pero solo a las personas en condición regular, mientras que Brasil y Panamá ofrecen ayuda monetaria, pero insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Nuevamente, Colombia ofrece nuevas modalidades de transferencia monetaria, aunque no todas llegan a los sectores más vulnerables, que son quienes están en condición irregular; esto a pesar de que de que sí existen algunos programas de ayuda administrados por organismos internacionales, sin pasar por las autoridades colombianas.
La cooperación internacional es la principal fuente de asistencia ben este campo en República Dominicana, mientras que en Perú se anunció un programa con cooperación internacional que no se ha implementado.
La procedencia de los fondos para estos programas está dividida entre lo nacional, internacional y mixta; solo una organización de Colombia reportó la existencia de fondos locales (estados, departamento, provincias o municipios).
Protección al estatus migratorio
Aruba, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Trinidad y Tobago no tienen medidas para proteger el estatus migratorio o regularizar la situación del migrante o refugiado. Algunos países que han mantenido procedimientos y trámites vía online son: Argentina y Brasil. Igualmente, en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú se ha extendido automáticamente la vigencia de visas vencidas y Uruguay estableció la residencia de facto, con lo que ha disminuido la persecución y detención de migrantes cuando se dirigen a sus labores.
Costa Rica no ha definido nuevas políticas para regularizar a las personas; por el contrario, una de las disposiciones establece que los residentes que salieran del país, perderían su calidad migratoria.
Este informe del Centro de Derechos Humanos de la UCAB pudo determinar que uno de cada cuatro migrantes considera que no está recibiendo información suficiente, uno de cada tres considera que la información es incomprensible, 61% de los migrantes internacionales declara no sentirse preparado para enfrentar la pandemia por la covid-19, uno de cada tres declara no saber a dónde ir en caso de requerir asistencia médica, uno de cada cuatro ha recibido información de mala calidad sobre el coronavirus, nueve de cada diez están preocupados o angustiados y siete se cada diez declaran estar tristes o reprimidos a causa de la pandemia.
Este estudio demuestra una falta casi absoluta de iniciativas impulsadas desde el Estado, de tal manera que el mayor peso de la respuesta lo llevan las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, con apoyo internacional.
Cabe destacar el desempeño de Costa Rica y Colombia como países donde parece haber un mayor impulso a políticas de protección promovidas desde el Estado en medio de la pandemia, destinadas a los migrantes y refugiados.
