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Restricciones a la información pública en internet incrementaron 12% en el último año



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información pública funcionarios
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Luisa Quintero | septiembre 14, 2022

En una encuesta hecha por Espacio Público en abril de este año se identificaron 46 bloqueos desde las cuentas de funcionarios públicos. De los usuarios bloqueados, el 50% son hacia periodistas o reporteros. La ONG afirmó que frecuentemente se usa como excusa que la cuenta es personal para validar bloqueos masivos y arbitrarios, pese a que ya se ha establecido internacionalmente que este tipo de prácticas vulneran el derecho a la información de la sociedad. Uno de los que bloquea con mayor frecuencia en Twitter es Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente. Le siguen el diputado oficialista Diosdado Cabello, el gobernante Nicolás Maduro y el alcalde opositor de El Hatillo, Elías Sayegh


La ONG Espacio Público aseveró en un informe, publicado este miércoles 14 de septiembre, que las restricciones en el acceso a la información pública disponible en internet –especialmente la red social Twitter– incrementó un 12% entre 2020 y 2021, según el monitoreo y encuestas realizadas por la organización.

En el informe «Te ha bloqueado: sin acceso a información pública», la ONG señaló que las limitaciones en el acceso a información pública disponible en internet se han incrementado en los últimos cuatro años. Entre 2019 y 2020 se dio otro gran salto en los bloqueos que realizan funcionarios públicos, al registrarse un incremento de 10,9%.

Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la ONG, destacó que los estándares internacionales de libertad de expresión resaltan la necesidad de mantener la transparencia para entidades públicas o asuntos de interés público.

“El principio de neutralidad (internet) busca que podamos acceder distintos sitios sin ningún tipo de restricción y en igualdad de condiciones a todos los usuarios”, explicó.

*Lea también: Espacio Público registró 19 casos y 27 violaciones a la libertad de expresión en agosto

El informe también señaló que algunos funcionarios públicos en Venezuela recurren al boqueo desde sus cuentas en Twitter a periodistas, ciudadanos, comunicadores y organizaciones, “como parte de un patrón para silenciar críticas y reducir la transparencia, lo que en definitiva busca cerrar un mecanismo de debate, intercambio y participación, práctica que se aleja de principios auténticamente democráticos”.

En una encuesta hecha por Espacio Público en abril de este año se identificaron 46 bloqueos desde las cuentas de funcionarios públicos. De los usuarios bloqueados, el 50% son hacia periodistas o reporteros, mientras que un 49% de los afectados son defensores de derechos humanos.

Uno de los funcionarios venezolanos que bloquea con mayor frecuencia en Twitter es Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente. Le siguen el diputado oficialista Diosdado Cabello, el gobernante Nicolás Maduro y el alcalde opositor de El Hatillo, Elías Sayegh.

De acuerdo a la encuesta, Rodríguez reveló que los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Tarek William Saab – 27 bloqueos
Diosdado Cabello – 7 bloqueos
Nicolás Maduro – 5 bloqueos
Elías Sayegh- 3 bloqueos

— Espacio Público 🗣️ (@espaciopublico) September 14, 2022

Estos funcionarios combinan en sus publicaciones  contenidos personales e institucionales. Espacio Público afirmó que frecuentemente se usa como excusa que la cuenta es personal para validar bloqueos masivos y arbitrarios, pese a que ya se ha establecido internacionalmente que este tipo de prácticas vulneran el derecho a la información de la sociedad, pues el mismo funcionario decidió que ese canal sería utilizado para comunicar contenido de interés público.

Los mismos encuestados reconocieron que los motivos para ser bloqueados por un funcionario fueron: por opinar sobre temas de interés público, el desempeño de los funcionarios, la gestión pública o por compartir información de interés.

Para Rodríguez, actualmente existe una cultura en la opacidad informativa dentro de la gestión pública y que “tiene consecuencias tanto fuera de línea como en internet”. Por ello considera necerario establecer políticas que garanticen el acceso a la información, a través de cualquier vía, para que haya transparencia.

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