Robo y asesinato en un petrolero por parte de militares demuestra la decadencia en la FAN
Reuters realizó una investigación de la decadencia dentro de las agencias marítimas y de defensa de Venezuela, luego que la tripulación de un petrolero que tuvo problemas con el motor en aguas territoriales fue detenida y su capitán asesinado por miembros de la FAN
El crimen organizado y los delitos comunes han sido una de las consecuencias que se han derivado del gobierno de Nicolás Maduro. Tanto así que pandillas y grupos paramilitares se encuentran en el país intentando hacerse de la economía del llamado «mercado negro».
El brazo de los activos delictivos no solo se extiende por tierra, sino que llega a las aguas nacionales. Un trabajo levanto por la agencia Reuters, revela que un asesinato en el mar implica a las fuerzas armadas de una Venezuela sin ley.
El texto es el resultado de una investigación de la decadencia dentro de las agencias marítimas y de defensa de Venezuela, luego la tripulación de un petrolero que tuvo problemas con el motor en aguas venezolanas fue detenida, tras pedir ayuda y su capitán fue asesinado, supuestamente por miembros de las fuerzas armadas.
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La investigación
Cerca de la medianoche del 23 de febrero, Eulalio Bravo, un electricista marino, dormitaba en su camarote a bordo del San Ramón, un petrolero anclado frente a las costas de Venezuela. De repente, escuchó pasos acercándose por el pasillo exterior. Su capitán, Jaime Herrera, pidió ayuda a gritos.
“¡Quédate quieto!” ordenó una voz desconocida.
Un arma fue disparada.
Cuando Bravo y otros ocho compañeros de barco salieron para ver lo que había sucedido, el capitán yacía muerto, con un disparo en la nuca. El camarote de Herrera había sido saqueado, los cajones abiertos de par en par y su litera volcada. Los asesinos se habían ido, al igual que los miles de dólares que el capitán mantenía bajo llave, de acuerdo con miembros de la tripulación entrevistados por Reuters.
El asesinato, uno de un creciente número de violentos incidentes que han sacudido las aguas venezolanas en los últimos años, es parte de una ola de sangrientos crímenes que ha asediado al país desde que su economía colapsó en la última década. Pero también sería parte de una preocupante tendencia en la que agentes estatales, desde militares hasta policías y altos funcionarios del gobierno, son cómplices de los mismos delitos que se supone deben prevenir.
Después de una investigación por parte de la policía forense en el cercano puerto de Puerto La Cruz, un tribunal estatal ordenó en marzo la detención de tres marineros de la Armada de Venezuela y cuatro soldados de la Guardia Nacional. Algunos de los arrestados habían pasado tiempo a bordo del petrolero en las semanas previas al crimen, según seis miembros de la tripulación que detallaron el episodio a Reuters.
Los acusados, anunció el tribunal, enfrentan cargos que incluyen asesinato, robo con agravantes y posesión ilegal de armas de fuego por su presunto papel en la muerte del capitán, un colombiano de 59 años.
El crimen, tanto organizado como de delitos menores, ha sido una de las consecuencias más nefastas del colapso social durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Las pandillas y los grupos paramilitares dirigen gran parte de la economía del mercado negro de Venezuela. Ahora, miembros del sector público están involucrados en actividades que van desde el tráfico de drogas hasta los sobornos y las comisiones ilegales que engrasan las ruedas de la crucial industria petrolera de Venezuela.
El propio Maduro ha sido acusado en Estados Unidos por cargos que incluyen narcoterrorismo. Su esposa, como informó Reuters en mayo, es investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su presunto papel en el tráfico de drogas, una acusación que el gobierno califica de “calumnia”.
Más abajo en la nómina del gobierno, policías y militares se han vuelto famosos por robo y violencia.
La semana pasada, un informe de las Naciones Unidas dijo que las fuerzas de seguridad del país han cometido de forma sistemática ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros abusos contra los derechos humanos, probablemente bajo órdenes de altos funcionarios del gobierno.
“El Estado es cómplice en todo”, dijo Omar González, un legislador opositor de Anzoátegui, el estado oriental donde se ubica Puerto La Cruz.
El Ministerio de Información de Venezuela, responsable de las comunicaciones de la presidencia y otras oficinas gubernamentales, no respondió a las solicitudes de comentarios para este reportaje. Los ministerios de Petróleo, Transporte y Defensa no respondieron preguntas sobre el San Ramón, el asesinato de Herrera o la ola criminal que afecta a los puertos y al comercio marítimo. La policía y la oficina del fiscal general, responsable del caso contra los acusados, no devolvieron las llamadas telefónicas de Reuters para discutir el tema.
La tripulación del San Ramón, que provenía principalmente de Colombia, dijo a Reuters que sabía que su viaje, una odisea de nueve meses que comenzó en Guyana en julio de 2019, podría ser problemático. La creciente inseguridad en Venezuela ya había llevado a algunos compañeros marineros a evitar navegar en esa zona. Y las sanciones de Estados Unidos, diseñadas para bloquear el comercio con el gobierno de Maduro, significaban que su empleador, la empresa guyanesa propietaria del barco, podría ser castigada por la misma transacción por la que zarparon: llevar un cargamento de diésel venezolano.
Sin embargo, la terrible experiencia superó sus peores expectativas.
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