Sanciones contraindicadas, por Mercedes Malavé González
Twitter: @mercedesmalave
Inicio estas líneas con una información que puede ilustrar la reflexión sobre las sanciones económicas como medidas inútiles y contraindicadas para superar crisis políticas.
Una de las patologías asociadas al estrés físico y emocional es la rectificación cervical, que consiste en una pérdida de la curvatura fisiológica de las vértebras del cuello, lo que produce intensos dolores de cabeza, adormecimiento y hormigueo en los brazos, mareos, vértigo, alteraciones de sueño, alteraciones oculares y sensación de zumbido en los oídos. Un auténtico infierno. Sometidas a semejante flagelo, las personas suelen recurrir a un placebo contraindicado: el uso del collarín para aliviar el dolor que, al mismo tiempo, va debilitando los músculos del cuello en lugar de ejercitarlos, fortalecerlos, corregir posturas y reeducarlos para que protejan y mantengan la curvatura normal de la cervical.
Debilitando los músculos no se endereza nada, mucho menos se protegen las vértebras.
Esta patología permite ilustrar realidades más complejas, más difíciles de evidenciar y, sobre todo, cargadas de un lenguaje subjetivo, relativista y caprichoso que impide distinguir entre lo conveniente y lo inconveniente, lo sano y lo contraproducente.
Tengo la impresión de que el régimen de sanciones se está convirtiendo en ese collarín debilitador de nuestra musculatura política y social, que genera un placebo, suerte de relajamiento peligroso que acaba por dejarnos más indefensos y desprotegidos frente a los problemas que padecemos y debemos corregir orgánicamente; pues es nuestro cuerpo social el que tiene que curarse y no otro.
Llamemos «músculos» a dos fuerzas que debemos rehabilitar en Venezuela: la justicia y la economía.
Las sanciones debilitan tanto el sistema de justicia como el sistema económico; no constituyen actos de justicia porque no forman parte de ningún órgano judicial ni están sometidas a las exigencias del debido proceso, mucho menos a una sentencia firme.
En Latinoamérica, la lista de sancionados de la Unión Europea es tan tremendamente desproporcionada y arbitraria, tan politizada en los términos más mediocres de la expresión, que no toleraría ni siquiera una revisión periodística.
De las más de 127.000 personas sancionadas solo 70 son latinoamericanos. Se trata de 64 venezolanos y seis nicaragüenses. No figuran narcotraficantes, ni esbirros del régimen cubano, ni personas involucradas en escandalosos casos de corrupción como los que figuran en los Panamá Papers, ni responsables de la estafa de Odebrecht o funcionarios corruptos de Petrobras.
De esos 70 sancionados latinoamericanos no sabemos ni cuánta fortuna tienen, ni dónde la tienen, ni cómo la invierten ni qué impuesto pagan. Precisamente, porque están en esa lista, cualquier organismo transnacional que pudiera exigir cuenta respecto a esos bienes queda eximido de ello.
Ningún venezolano debería estar satisfecho con actos que no son de justicia sino ficción o propaganda de justicia.
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Las sanciones tampoco fortalecen la economía porque, precisamente, al estar sancionados los principales funcionarios de un régimen, todas las finanzas públicas —manejadas por ellos a su antojo— no tienen ningún tipo de rastreo, evidencia, criterio de transparencia ni de información pública segura.
El régimen de sanciones económicas va configurando una especie de para-Estado financiero que empuja a los inversionistas a transitar por terrenos que, no solo son riesgosos sino muy probablemente mafiosos, y es lógico que esa condición disminuya la demanda de inversiones serias en el país, producto de un sistema financiero arbitrario, plagado de secretismo, de movimientos oscuros ajenos a toda legislación.
La Ley Antibloqueo es un ejemplo nítido de nuestra enclenque musculatura económica y jurídica.
Se asemeja, prácticamente, a un real decreto con el que un jerarca busca “auxilio de algún señor poderoso por vía de encomendación”, bajo una supuesta “estructura organizativa de protección”, “optimización de la gestión empresarial” o un supuesto “régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y divulgación limitada de información”. Medidas todas tan alejadas de cualquier legislación integral, equilibrada, moderna y transparente, que no ofrecen garantías de nada, ni al inversionista ni al trabajador: a lo sumo prometen la creación de sistemas compensatorios del salario (¿?) y una supuesta financiación del sistema de protección social vaya usted a saber de dónde.
Por todo esto, las sanciones deben ser condenadas por todos los venezolanos. Para ello debemos informar sobre su verdadera naturaleza de manipulación política que solo sirve para distraer a algunos y hacer sufrir a otros.
Los más afectados de esas ficciones o placebos contraindicados son los ciudadanos que reciben el trato de sancionados en cualquier país del mundo, cuando van a abrir una cuenta bancaria o cuando quieren realizar alguna operación comercial. Y. sobre todo, afectan porque son la excusa perfecta del régimen para seguir despilfarrando, postergando y jugando con las reformas económicas como un niño que juega con la comida para no comérsela.
Mercedes Malavé es Político. Doctora en Comunicación Institucional (UCAB/PUSC) y profesora en la UMA.
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