Diputado del PSUV admite que no se prorrogó decreto sobre desalojos, pero hay protección vía TSJ
En Venezuela hay una imposibilidad práctica de desalojo a los inquilinos debido a la existencia de la setencia de la Sala Constitucional 1.171, del 17 de agosto de 2015, que prohibió la desocupación, a menos que: se le permitiera al arrendatario comprar vivienda o ser relocalizado
Rigel Sergent, diputado a la Asamblea Nacional chavista y vocero del Movimiento de Inquilinas e Inquilinos», dijo en Twitter que la nota publicada en TalCual sobre la no renovación del decreto presidencial 4.577 —donde se estableció una protección especial para los inquilinos con la prohibición de desocupación habitacional por incumplimiento de pago, ordenada desde el inicio de la pandemia— era falsa y «tendenciosa», por afirmar que el «Gobierno quita protección a los inquilinos al no renovar decreto contra desalojos».
#28Ene || Como Diputado de la @Asamblea_Ven y defensor del derecho a la vivienda garantizado en nuestra legislación nacional, quiero desmentir esta noticia tendenciosa de medios de la derecha que busca crear zozobra a la población inquilinaria de más de 600.000 familias. pic.twitter.com/PzmYcv7HKr
— Rigel Sergent (@RigelSergent) January 28, 2022
Basó su argumento en el siguiente enunciado «la no renovación del decreto (…) no deroga la protección que el gobierno bolivariano ha tenido en materia de vivienda a miles de familias que viven alquiladas». ¿De qué «protección» revolucionaria está hablando? En febrero de 2021, 11 familias de Miranda denunciaron que la gobernación de ese estado —a cargo del líder oficialista Héctor Rodríguez— les había dado la orden de desalojo de sus viviendas, que ya habían pagado en 2015. Ocho meses más tarde, en diciembre del año pasado, en Lara, sacaron de su hogar a una familia que vivía en una residencia construida por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Una medida que, según fuentes del mismo proyecto oficialista, fue presuntamente emitida por el mismo ministro de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villaroel, y el alcalde de Iribarren, Luis Jonás Reyes.
La mencionada legislación establece que para solicitar desocupación de viviendas alquiladas deben cumplir con el procedimiento administrativo a través de la @sunavicentral desde donde se ha logrado resolver cientos de casos, de no haber un acuerdo se estable la vía judicial.
— Rigel Sergent (@RigelSergent) January 28, 2022
Lo informado por TalCual no entra en contradicción con las afirmaciones del diputado Sergent. La publicación señala claramente que tras la pérdida de vigencia de la norma en octubre de 2021, quedó sin efecto la suspensión de aplicación causal del del artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control dede Arrandamientos de Vivienda. ¿Eso qué significa? Que los inquilinos perdieron la protección adicional que el gobierno de Maduro concedió. Sin embargo, ello no implica la derogación de leyes venezolanas que rigen esa materia ni las protecciones subsiguientes —como la Ley Contra la Desocupación Arbitraria de Viviendas—, algo que además nunca se mencionó en el texto.
De hecho, eso fue justamente lo que Sergent resaltó en un derecho a réplica que se le ofreció desde nuestro medio, no solicitado por él.
«Hemos recibido bastante llamadas de personas que viven en situación de arrendamiento por este titular, que da a entender que los inquilinos no tienen protección y se pueden ejecutar medida de desalojo. Queremos desmentir que la situación no es así. (…) Este decreto se fue renovando cada seis meses y la ultima renovación fue a principios del año pasado. Si no se renovaba en la fecha de octubre de 2021 entonces quedaba sin efecto. Efectivamente, en octubre no se renovó esta situación y la legislación jurídica que existe se mantiene con respecto este tema», dijo a TalCual.
Mensaje recibido por el diputado Serget en donde hacen alusión al desalojo de vivienda.
Como se había explicado anteriormente, todo indica que con la no renovación simplemente se restituye la «normalidad» judicial que existía previo a la emisión de esa jurisprudencia, una normalidad en la que, según explicó el abogado Alí Daniels, hay una imposibilidad práctica de desalojo a las personas, debido a la existencia de la setencia de la Sala Constitucional 1.171, del 17 de agosto de 2015, que prohibió la desocupación, a menos que: se le permitiera al inquilino comprar la vivienda o ser relocalizado.
En ese sentido, Daniels, quien forma parte de la ONG Acceso a la Justicia, comentó también que en todos los decretos en los que se establecieron condiciones especiales para arrendatarios y arrendadores en el marco del Estado de alarma por el coronavirus, —con especial énfasis en el caso de arriendos de inmuebles usados como viviendas princiapales— se dijo que el poder Ejecutivo tomaría medidas para ayudar a los propietarios tras la suspensión de pago de cánones. «Nunca pasó», señaló.
«La normativa se venció. Ahora ya se puede alegar el impago de alquiler para procesar demandas de desalojo. Pero en la normalidad, en ambos supuestos, el desprotegido siempre es el mismo: el propietario (…) Hay que aclarar que existe un mito que vende el populismo chavista en el sentido de que los propietarios son todos millonarios y que por eso no importa que se les enajene o desvirtue la propiedad, cuando es mentira. La enorme mayoría de las personas que alquilan piezas en su casa, que alquilan un apartamento que comparon, son personas de clase media o de clase baja», comentó Daniels.
Y esa situación no es de extrañar. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2021 (IRPI por sus siglas en inglés) reveló que Venezuela es el segundo país del mundo con menos garantías a la propiedad privada, solo superado por Haití.
«En el caso particular al derecho a la propiedad, hay una negación absoluta del mismo, que está en el útimo lugar de los derechos humanos para el Estado, y se hace a costa de la clase humilde del país, (…) aunque es una obligación del Estado dar vivienda».
