Siderúrgica se niega a reincorporar a más de 30 trabajadores con orden de reenganche
Los trabajadores afectados fueron despedidos entre el 2019 y 2021 sin recibir ningún tipo de liquidación, lo que ha causado crisis económica a ellos y su grupo familiar, además de la zozobra por el desempleo
Texto y foto: Francesca Díaz | Correo del Caroní
35 trajadores del Complejo Siderúrgico Nacional Planta Casima denunciaron que la estatal se niega a reincorporarlos a sus puestos laborales luego de despedirlos injustificadamente, pese a que cuentan con órdenes de reenganche emitidas por la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sidernat), Alejandro Álvarez, explicó que todos los afectados tienen, al menos, 10 años de trayectoria en la empresa. En vista de esto acudieron a la inspectoría donde demostraron que el proceso fue irregular y se les asignaron órdenes de reenganche, las cuales no han sido acatadas por la estatal.
Con miras de encontrar resolución al caso, el pasado 19 de octubre los afectados consignaron una denuncia en el Ministerio Público dirigida al fiscal superior, con el objetivo de que se logre «la restitución inmediata de los derechos y beneficios de los trabajadores».
En esta denuncia, los obreros solicitan asignar el caso a la Fiscalía 63 o 78 con competencia en materia laboral para esclarecer la causa de los despidos, restituir al personal despedido a sus labores y que se establezcan responsabilidades por detrimento a los perjudicados. Sin embargo, un mes después de entregada la documentación, siguen sin recibir respuestas.
«Solicitamos respuesta. Hay trabajadores despedidos y dirigentes sindicales fuera de la empresa. Entregamos anexos sustentando la denuncia, ya ha pasado un mes y no tenemos respuesta. Es una violación al trabajo y a la libertad sindical. Estos despidos fueron injustificados, se viola el derecho al trabajo, al salario y a la libertad sindical. Hay que destacar que no solo la empresa viola el debido proceso, sino también la Inspectoría del Trabajo, la Defensoría del Pueblo y las autoridades de la CVG (Corporación Venezolana de Guayana)», manifestó Álvarez.
2019: año de despidos en CVG
Al igual que en otras empresas adscritas a la Corporación Venezolana de Guayana, los trabajadores de Planta Casima aseveran que en 2019 inició una ola de despidos injustificados, lo que violenta la inamovilidad vigente en el país. Asimismo, denuncian que el secretario general de Sidernat, Alejandro Álvarez, y el secretario de trabajo y reclamo del mismo organismo, Arjonio Farrera, tienen prohibido el ingreso a la compañía.
En este sentido, según el artículo 418 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, esto violenta el fuero sindical de los obreros y es una práctica que socava las libertades del sindicato.
«Los trabajadores y las trabajadoras que gocen de fuero sindical o inamovilidad laboral, de acuerdo con lo establecido en este capítulo, no podrán ser despedidos, despedidas, trasladados, trasladadas, desmejorados ni desmejoradas en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo», dictamina el artículo.
Trabajadores de Ferrominera Orinoco, la Siderúrgica del Orinoco, Aluminios del Caroní y Maderas del Orinoco coinciden en que el 2019 fue un año de múltiples injusticias laborales, entre ellas los despidos injustificados y la pulverización del movimiento sindical.
Según el secretario general de Sidernat, la problemática se originó cuando en 2018 el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo publica el memorándum 2792, ya que todos los sindicatos que se opusieron al mismo —por considerarlo una política que cercenaba los derechos de los trabajadores— fueron perseguidos y amedrentados por el Estado venezolano.
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Liquidaciones inexistentes
En el irregular proceso de despidos, la empresa tampoco ha gestionado el pago de la liquidación, lo que deja a los afectados en situación de vulnerabilidad luego de haber dedicado hasta 40 años de su vida al servicio de la compañía.
Adolfo Núñez, trabajador con una trayectoria de 27 años en Planta Casima, fue despedido en el año 2019 y, desde entonces, ha venido denunciando que fue expulsado sin ningún tipo de fundamento.
Según Alejandro Álvarez, la problemática se originó cuando en 2018 el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo publica el memorándum 2792, ya que todos los sindicatos que se opusieron al mismo —por considerarlo una política que cercenaba los derechos de los trabajadores— fueron perseguidos y amedrentados por el Estado
«Me dijeron que estaba fuera y me prohibieron entrar a planta. Violan la Ley de Trabajo: nos quitan el sueldo y todos los beneficios. Sin liquidación y sin nada. Somos 35 afectados luchando y colocando la denuncia en todas las instituciones sin recibir respuesta. Denunciamos al coordinador de operaciones y gerente de Planta Casima, Juan Díaz, que es uno de los promotores de no aceptar la orden de reenganche. Todos tenemos orden de reenganche, vamos a la compañía y no lo aceptan. La última vez nos dijeron que no somos aptos para trabajar allí, según el abogado Luis Rosas», vociferó Núñez a las afueras del Ministerio Público.
Más de un año esperando el reenganche
Por su parte, César Rosales, quien laboraba como operador de montacargas en Planta Casima, denunció que fue despedido por solicitar una dotación de botas de seguridad a la estatal, lo cual es uno de los beneficios que tienen los obreros según su contratación colectiva, pero que las industrias han dejado de entregar según declaraciones del director regional del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, Daniel Alviarez.
«Me despidieron por retirar una dotación de botas, ya que yo había retirado unas por deterioro. Luego vino una nueva dotación y cuando la retiré optaron por despedirme alegando que había pedido muchas botas. Hay que señalar que nos debían cuatro años de dotación cuando llegaron. Esa es la razón que me dieron. Me llamaron una tarde y hablé con la representante de Recursos Humanos, me trataron como si me había robado las botas cuando no, eso es legal. Eso llegó y yo lo retiré por almacén, fue el procedimiento normal», adujo Rosales, quien cuenta con orden de reenganche emitida en junio de 2021.
Maricruz Martínez, la afectada más joven del grupo, laboraba en Planta Casima como analista de riesgo. Fue despedida durante su jornada laboral en el año 2021. Martínez también tiene una orden de reenganche y, además, asevera que la empresa entregó pruebas falsas durante el litigio.
«Me dijeron que tenía culminación de contrato cuando yo ya estaba fija en la empresa. Ya yo había salido de vacaciones y todo lo demás. Me otorgaron una orden de reenganche donde hicimos un cara a cara. En la conversación el abogado de la empresa presentó un contrato alterado, alegando que mi contrato venció el día que fui despedida, lo cual no es cierto. Ya yo tenía un contrato fijo en la empresa. Me alteraron el contrato y estoy esperando que el inspector tome cartas en el asunto», lamentó.
Inspector del trabajo desconocido
La Inspectoría del Trabajo Alfredo Mainero como institución gubernamental tiene la obligación de dirimir problemáticas laborales, inspeccionar irregularidades en las compañías y velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
No obstante, quienes han asistido en los últimos meses aseveran que la situación en el organismo es confusa, ya que, pese a que la institución está a cargo de la abogada Kenny Bello, inspectora del trabajo, existe la figura del inspector ad hoc de las empresas básicas, cuyo nombre es Douglas Quintero, según la resolución ministerial N° 205 de fecha 23 de junio de 2022.
Según los obreros, Quintero no ha hecho acto de presencia en el ente ni se han podido comunicarse con él.
