Sin mejores condiciones, expertos prevén fracaso de la Ley de Zonas Económicas Especiales
La historia de las 14 Zonas Económicas Especiales creadas en Venezuela desde 1973 no revela resultados demasiado positivos, aunque en gran parte se debe a la ausencia de datos y seguimiento a estos mecanismos, que suelen quedar en el olvido con el paso de los años
El giro económico que ha impulsado el chavismo desde 2019 va de la mano con la máxima que han reiterado en la última década: desarrollar un nuevo modelo productivo separado del rentismo petrolero.
Pese a que el discurso se mantiene desde el gobierno de Hugo Chávez, la administración chavista acumula años de intentos fallidos o directamente ausentes para concretar estos cambios.
La población ha escuchado sobre los «15 motores productivos» desde 2011 y lejos de arrancar, con el paso del tiempo parecieran haberse convertido más bien en motores fundidos.
Venezuela redujo su potencial industrial año tras año en esta última década. La capacidad operativa de las industrias para 2013 era de un 57% en promedio. Ya el sector estaba golpeado, pero mantenía una tasa de operatividad sustentable. Para inicios de 2019, este porcentaje había caído a un 18%, con las empresas manteniéndose operativas a dudas penas para lograr sobrevivir.
*Lea también: La Venezuela que «no se arregló»: El colapso de la industria nacional
Tras el fracaso del modelo económico basado en un altísimo intervencionismo estatal y debido a la ausencia de capital que produjeron la debacle de la industria petrolera y las sanciones de Estados Unidos, el chavismo decidió abrirle las puertas al capital privado. La empresa dejó de ser la enemiga capitalista para convertirse en una posible herramienta de financiamiento para el Estado.
Es así como desde 2019 se han desaplicado medidas que ahorcaban a la empresa nacional y por lo tanto seguían hundiendo la economía. Procedieron a eliminar el control cambiario, restarle atención a la regulación de precios y abandonaron la persecución del empresariado.
Aunque las condiciones están lejos de ser las óptimas para invertir y producir, el cambio en la dinámica económica ha sido notorio a pesar de que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) se mantuvo hasta 2021, cuando el país finalmente experimentó un leve rebote después de ocho años de contracción continua.
*Lea también: Venezuela recuperaría el PIB de 2013 para el año 2054 si mantiene su crecimiento actual
En este contexto, el Gobierno empezó a mostrar gran interés por la captación de inversiones extranjeras. Dio un primer paso cuando la ilegal Asamblea Nacional Constituyente administrada por el chavismo aprobó la Ley Antibloqueo, que legalizaba inversiones sin contraloría social alguna y bajo total anonimato, bajo la justificación de que así protegerían a los inversores frente a las sanciones internacionales.
Ahora se intenta dar otro golpe sobre la mesa con un marco jurídico que, al menos el Gobierno, cree óptimo para generar condiciones que atraigan a la inversión extranjera e impulsen la nacional con la Ley de Zonas Económicas Especiales.
Sin embargo, el historial de este tipo de iniciativas y las condiciones generales de la economía venezolana no pronostican los mejores resultados.
14 Zonas Económicas Especiales en el olvido
La instalación de zonas geográficas delimitadas con regímenes legales especiales en Venezuela data de 1973, cuando bajo el gobierno de Rafael Caldera se creó la Zona Franca Industrial de Paraguaná.
Para 1991, durante la segunda gestión de Carlos Andrés Pérez, se promulgó la Ley de Zonas Francas de Venezuela y en las décadas siguientes se siguieron agregando y modificando zonas similares en distintas regiones productivas.
La economista Litsay Guerrero, autora de una investigación sobre las Zonas Económicas Especiales publicada en Cedice Libertad, explicó a TalCual que la viabilidad de la ley planteada por la AN electa en 2020 se puede esbozar estudiando este historial de proyectos fallidos, pues hay zonas vigentes que operan sin pena ni gloria.
«No es la primera vez que en Venezuela hablamos de Zonas Económicas Especiales. Son 14 que se han instalado en 13 entidades del país. Si vas a las zonas creadas en 2018 en Lara o Miranda, te aseguro que te preguntarías ¿Dónde está la Zona Económica Especial?», afirmó.
Y es que la gestión de Maduro ya conoce la experiencia. Durante sus nueve años de gestión se han creado siete zonas especiales bajo distintas denominaciones:
- Zona Económica Especial de Paraguaná (2014).
- Zona Económica Especial de Ureña-San Antonio (2014).
- Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez (2016).
- Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (2016).
- Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Faja Pesquera y Acuícola de Venezuela (2016).
- Zona Económica Especial Guarenas-Guatire (2018).
- Zona Económica Especial Palavecino y Municipio Iribarren del estado Lara (2018).
Siete de las 14 zonas especiales creadas se instalaron durante la gestión de Nicolás Maduro y pocas han producido resultados palpables | Fuente: Cedice Libertad
Estos ocho años de zonas especiales han acompañado la caída de la producción nacional y de la economía del país. La única de la que se tiene algún conocimiento sobre proyectos con capital extranjero es la instalada en la Faja Petrolífera del Orinoco, con la presencia de empresas mixtas con participación conjunta entre Venezuela y otros países.
«De lo que más o menos podríamos tener un número es de todo lo que se desarrolla en la Zona Petrolífera del Orinoco porque hay algunos mandatos que tienen que cumplir las empresas petroleras, pero de resto no tenemos una evaluación», recalcó Guerrero.
La publicación de Cedice Libertad destaca que la ausencia de datos oficiales acerca de los beneficios de estas zonas, el número de empresas establecidas, de empleos creados o el balance general de resultados impide determinar si este mecanismo ha tenido algún impacto positivo en la economía.
*Lea también: Ley de Zonas Económicas facultaría a Maduro para crear espacios de inversión productiva
La existencia de estas áreas especiales siempre trae consigo un balance de pros y contras que debe evaluar el Estado antes de aprobarlas. Generalmente, su atractivo se basa en incentivos fiscales, con exoneraciones tributarias que disminuyen los ingresos fiscales del país, pero se compensa con todo el encadenamiento productivo que debería generar la actividad económica dentro de estos espacios.
El costo no es únicamente la disminución de los ingresos fiscales, sino que el Gobierno suele tener que hacer una inversión considerable para constituir una Zona Económica Especial, en aras de establecer la infraestructura adecuada, servicios públicos funcionales y en general bondades para que las empresas vean el atractivo de operar allí.
De hecho, varios de los artículos de la ley aprobada asoman las posibles inversiones requeridas. El artículo 32 habla de la instalación de un sistema de corredores de infraestructura de distintos tipos de transporte para asegurar la correcta movilización de bienes o mercancías, el 33 del desarrollo de un programa de formación e investigación para desarrollar talento humano, y el 35 de la coordinación con la banca para desarrollar un sistema financiero adecuado en estas regiones.
«Desde la perspectiva del Estado, ¿qué significa delimitar esto? No es solamente plasmarlo en una ley y decidir que existan las zonas. Tienes que hacer una inversión y un balance entre el sacrificio fiscal que harás para generar los incentivos que ofrecerás, todo en función de lo que esperas que eso produzca», insistió Guerrero.
Expectativas empresariales
A pesar de que el historial de las Zonas Económicas Especiales instaladas en Venezuela no ofrece demasiados elementos como para esperar un cambio revolucionario en el modelo productivo, empresarios nacionales ven la propuesta con buenos ojos.
Desde la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), las expectativas están puestas en que esta ley ayude a fomentar la producción en regiones específicas del país.
El presidente del gremio industrial, Luigi Pisella, recordó que este modelo tuvo éxito en otros países, como China, donde fue pieza central de su política para reconstruir su modelo económico y convertirse en una de las potencias más importantes del mundo.
Además, razonó que aquellas zonas que ya existen tendrán continuidad, pero tendrán que adaptarse a la nueva normativa, con la que debería mejorar su operatividad.
«Las Zonas Económicas Especiales incentivan la creación e inversión de nuevas empresas, tanto nacionales como internacionales. Las que están, van a seguir, solo que tienen que hacer su adecuación», declaró el representante gremial en Unión Radio.
Desde 2018 opera la Zona Económica Especial Guarenas-Guatire, sin saber a ciencia cierta qué beneficios tienen los industriales al operar en esta zona
La administración chavista tiene la costumbre de tomar decisiones económicas distanciada de los principales actores que se verían afectados por esas medidas, pero en esta ocasión existió un acercamiento.
Así lo deja ver el presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Russián, quien aseguró haber mantenido comunicación con el Gobierno para hacer propuestas en esta materia.
Desde Cavecol ven con ojos muy positivos la implementación de un plan de desarrollo industrial con un mecanismo de Zonas Económicas Especiales, ya que desde Colombia se relata una experiencia muy positiva.
«Hemos emitido opiniones sobre esa figura, porque en Colombia se tiene una muy buena experiencia, vasta y prolongada con respecto al uso de las Zonas Francas», precisó a TalCual.
El empresario explicó que en Colombia las zonas francas son muy versátiles y que existen mecanismos de todo tipo para mejorar las condiciones de las empresas, modelos que intentarían replicarse en Venezuela. Incluso propuso la creación de una en los estados fronterizos.
«Estamos tratando de implementar las Zonas Económicas Especiales, que se parece en algunas cosas a las Zonas Francas de Colombia. Hemos emitido opinión y se ha planteado instalar una en Táchira», agregó.
Como analista del proyecto de ley, Guerrero recomienda conocer la ley y hacer seguimiento una vez que se implementen los primeros proyectos en el país antes de extraer conclusiones apresuradas.
«La mejor recomendación en estos momentos, tanto para los sectores productivos como para los accionistas, es esperar a lo que finalmente se publique en Gaceta. Todo lo que podamos decir sin ese sustento, lamentablemente son especulaciones», sostuvo.
Para evaluar el desempeño de este programa, se necesitará tiempo de desarrollo y de organización, ya que las empresas no invierten su dinero y se instalan de la noche a la mañana.
Acotó además que Venezuela, tradicionalmente, no ha sido un gran captador de inversión extranjera directa, al tener que competir con otros actores de mucho peso en la región como Brasil.
«Tenemos un entorno complejo para hacer negocios, una ley de inversiones que no contiene todos los elementos para concluir si es una herramienta que facilita las inversiones, y las empresas necesitan seguridad jurídica, estabilidad y un entorno de negocios favorables», subrayó como posibles dificultades para atraer a inversionistas desde el exterior.
Alerta laboral
Al hablar de este tipo de proyectos, la discusión suele centrarse en la actividad empresarial y en los grandes capitales, mientras que se deja de lado a la fuerza laboral que impulsará y mantendrá la industria.
La aplicación de un régimen normativo especial que beneficie a las empresas podría atentar contra el ya mermado derecho laboral venezolano, aunque los parlamentarios detrás del proyecto insisten en que más bien beneficiará a los trabajadores.
De acuerdo con el presidente de la Subcomisión de Economía Productiva de la AN administrada por el chavismo, José Gregorio Vielma Mora, la nueva ley no regula en ningún aspecto el régimen laboral venezolano, por lo que no se deteriorarían las condiciones de los trabajadores.
Por el contrario, asegura que promueve mejores condiciones para la clase trabajadora y supuestamente defenderá las remuneraciones «dignas» y un incremento de los beneficios, como estipula el artículo 6, que hace referencia a los propósitos del instrumento legal.
Aunque organizaciones que se encargan a la investigación sindical, como el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) o el Centro de Formación e Investigación Laboral (CEFI), no han dado seguimiento al asunto, no descartan que se puedan cometer violaciones al derecho laboral en estos espacios.
La presidenta del CEFI, Jacqueline Richter, resaltó a TalCual que por lo general, medidas como las Zonas Económicas Especiales suelen ser sinónimo de arbitrariedades.
«No hemos hecho seguimiento, pero sabemos lo que significan las Zonas Económicas Especiales: cero derechos laborales. Aunque en Venezuela no es necesario una zona especial para eso. Todo el país es una Zona Económica Especial», manifestó.
