Sindicalistas exigen recuperación del salario y proponen Ley de Emergencia Laboral
Ni la Asamblea Nacional ni el Poder Ejecutivo se han preocupado por atender las denuncias de los sindicalistas y las necesidades de los trabajadores del país, pese al discurso laboral del «presidente obrero»
La Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente (ASI) denunció que el Gobierno abandonó al sector laboral venezolano al propiciar la destrucción del salario y la capacidad adquisitiva del venezolano.
Pese al crecimiento económico del que habla Nicolás Maduro y el fin de la hiperinflación sin bases teóricas que lo sustenten, el chavismo no ha aplicado ninguna medida que mejore las condiciones de los trabajadores venezolanos.
Concretamente la Asamblea Nacional (AN) electa en el 2019, administrada por el chavismo, no ha trabajado en ninguna ley en materia laboral a pesar de que Maduro presume constantemente del «regreso» del trabajo parlamentario después de cinco supuestos años de ausencia de la administración opositora, a pesar de que tanto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como posteriormente la ilegítima constituyente asumieron las funciones del Poder Legislativo.
Así lo denuncia la presidenta de la Central ASI, Leida Marcela León, al subrayar que pese a la crisis, el Parlamento no ha trabajado en defensa de los trabajadores, mientras que el Poder Ejecutivo ha fallado en crear políticas públicas de empleo ante la pandemia y la crisis.
«La Asamblea Nacional no no ha actuado en defensa de los trabajadores, ni generado una Ley de Emergencia salarial, que permita la indexación y recuperación progresiva de derechos y libertades laborales y sindicales, aunque la Central ASI presentó dicha propuesta», destacó.
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Al respecto, León exigió que la propuesta sobre esta ley especial sea aprobada este año, un instrumento transitorio en el que se establezca un ingreso vital de emergencia y un sistema de gobernanza laboral y sindical que defienda el trabajo decente, así como el crecimiento y desarrollo sostenible.
León también recordó que el salario mínimo se mantiene en Bs 7 con Bs 3 adicionales de cesta ticket, que equivalen a $1,52 y $0,65; respectivamente. Esta cantidad supone un monto «indignante e inaceptable».
En este sentido, la sindicalista afirma que se perdió el valor del trabajo y por lo tanto el elemento fundamental de la relación laboral, el salario. «No puede haber silencio de los actores del proceso social del trabajo. Es urgente construir juntos políticas de recuperación y complementación del salario para dejar de resistir y vivir prácticamente sin derechos», exalta una nota de prensa de la organización sindical.
Argumentó que el Ejecutivo pudo haber creado empleos durante la crisis propiciada por la pandemia, especialmente en sectores como la construcción, energías renovables, recuperación de servicios públicos, nuevas tecnologías, economía verde y otras actividades que permitirían a Venezuela progresar.
Con este contexto, León espera que 2022 sea un año de mejoras, en el que se haga énfasis en el diálogo, la negociación, los consensos y los acuerdos que ayuden a garantizar derechos para la población venezolana y el brazo laboral del país.
El discurso de Maduro
La narrativa del chavismo se enfoca en la atención a los trabajadores y a los sectores más necesitados de la población. De hecho, Maduro dedicó diversos discursos sobre economía a la materia salarial, con promesas sobre la recuperación del salario que no fueron cumplidas en 2021.
En febrero de 2021, Maduro resaltaba la necesidad de recuperar el salario y se comprometía con dicho objetivo como «instrumento fundamental para combatir la guerra económica».
No obstante, como destacó León, ni el Ejecutivo ni el Legislativo tomaron medidas para cumplir con este objetivo. Más bien es la empresa privada la que se ha visto en la obligación de ajustar sus salarios de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y en función de sus capacidades de pago, determinando un nuevo salario mínimo para el sector privado que ignora por completo los Bs 10 que establece el Estado.
En octubre, Maduro nuevamente insistió en esta necesidad y garantizó que, siendo 2021 un año de supuesta recuperación económica, serviría como base para recuperar salarios gradualmente.
La realidad, sin embargo, es que en 2021 no existió crecimiento real de la economía sino una tímida recuperación de la contracción brutal que sufrió en 2020 debido a la pandemia y las medidas de confinamiento decretadas por el propio oficialismo.
«Con el primer año de recuperación económica vamos a recuperar el salario real de los trabajadores, los derechos de salud pública, de vivienda», declaraba.
Entretanto, el mandatario ignoraba las propuestas de las organizaciones de trabajadores e incluso perseguía a los principales sindicalistas del país, con lo que las expectativas para el sector en 2022 no son las más optimistas.
La ley de emergencia de los sindicalistas
Los movimientos sindicales del país como la Central de Trabajadores ASI insisten en la necesidad de aprobar una ley de emergencia transitoria.
El instrumento, que tendría que someterse al análisis de los parlamentarios y discusiones sobre su implementación, puntualiza sobre algunas de las principales necesidades de los trabajadores en este contexto de crisis económica.
Entre estas necesidades, los sindicalistas destacan que la legislación debe impulsar que se deje de bonificar el salario, pues con la justificación de la entrega de bonos que no tienen incidencia para las prestaciones ni otros beneficios de los trabajadores, se han detenido los incrementos salariales.
A través de esta propuesta también se plantea establecer un salario de emergencia para sobrevivir a la crisis que atraviesa el país, que podría ubicarse entre los 50 y 100 euros. Los fondos para asumir este gasto podrían extraerse de los activos de Venezuela congelados en el extranjero, como las cuentas que controlaba el chavismo o el oro retenido en el Banco de Inglaterra.
La articulación entre los polos opuestos de la política venezolana es necesaria para ejecutar un plan de estas características, por lo que la central de trabajadores ASI pretendía que estas propuestas fueran elevadas a la mesa de diálogo en México. Sin embargo, tras su suspensión, los sindicalistas fueron ignorados una vez más.
